Las cámaras de la propiedad piden en sus alegaciones al Gobierno que no las liquide

Las tres cámaras de la propiedad vascas han pedido en sus alegaciones al borrador de decreto de liquidación de las entidades, elaborado por los departamentos de Hacienda, (PNV), y de Vivienda, (EB), que no lo apruebe, para poder seguir desarrollando la "función social" de defensa y asesoramiento de los propietarios.

Los tres escritos de alegaciones mantienen básicamente la misma tesis aunque, a partir de ahí, cada una de las cámaras incide en aspectos concretos. Así mientras la Cámara de Álava presenta un escrito de alegaciones breve, de tres folios, en el que solicita la reconsideración del decreto y se centra en el mantenimiento de los servicios, la de Guipúzcoa ha presentado un documento de seis páginas que cuestiona jurídicamente el decreto.

La Cámara de Guipúzcoa sostiene en sus alegaciones que es imposible crear "ex novo" unas asociaciones que sucedan a las actuales cámaras de la propiedad, una vez liquidadas tras la aplicación del decreto. Pero es en el capítulo de personal donde más inciden las alegaciones de Guipúzcoa, y curiosamente le dedican más espacio que al objetivo de las alegaciones, es decir, la mejora del decreto para dar más calidad a los servicios.

Indemnizaciones jugosas

El redactor de las alegaciones de Guipúzcoa explica que puede haber personas que no estén psicológicamente preparadas para entrar en el sector público, y para esos casos plantea que puedan ser indemnizadas con 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 anualidades "o bien que a estas personas mayores de 50 años se les aplique una excedencia forzosa con sus actuales remuneraciones hasta los 60 años y a partir de ahí" que se les prejubile.

El borrador de decreto establece que las remuneraciones del personal que se incorpore estará sujeto al convenio colectivo público. Este convenio está muy por debajo de los salarios que se cobran en esa cámara.

Las alegaciones de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya son la más largas. Fueron acabadas de redactar el pasado día 20 de enero, tienen 30 páginas, y según fuentes del Gobierno, han sido elaboradas por un gabinete de abogados contratado por la Cámara. Paradójicamente, esta institución tutelada por el Gobierno vasco, utiliza unos fondos que están a punto de ser hechos públicos, para luchar contra quien le tutela. Y además las alegaciones son las más beligerantes contra el decreto hasta el punto de que amenazan al ejecutivo con exigirle "responsabilidades" si fuera auténtico el documento Cámaras de la Propiedad Urbana del País Vasco: Análisis Económico Financiero y de Actividad, en el que se cuestiona abiertamente la gestión de la Cámara de Vizcaya. Concretamente este informe dice que su estructura salarial, en relación con el ingreso, sería inviable en la empresa privada.