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EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Los sindicatos denunciarán a quienes despidan o no regularicen a sus empleados 'sin papeles'

CC OO y UGT advierten de que están recogiendo información sobre los defraudadores

Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) afirman que desde que el Gobierno abrió el proceso de "normalización" de tres meses para que los empresarios regularicen a los inmigrantes indocumentados que trabajan para ellos se están produciendo numerosos despidos de sin papeles. Ambos sindicatos advierten de que están acumulando información sobre estos casos y que, a partir del 7 de mayo próximo, fecha en que finalizará el proceso, denunciarán a los empresarios que hayan prescindido de sus trabajadores o se hayan negado a legalizar su situación.

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"Hasta ahora hemos hablado mucho de las mafias que trafican con inmigrantes. Cuando termine el proceso de regularización habrá llegado la hora de hablar de los empresarios mafiosos que explotan a los sin papeles", anuncia el secretario de Migraciones de CC OO, Julio Ruiz. Junto a los representantes de UGT, de la patronal CEOE y del Ministerio de Trabajo, Ruiz ha sido uno de los firmantes del acuerdo que alumbró el Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. En virtud de ese texto, el Gobierno abrió el pasado día 7 un período de tres meses para que los empresarios regularicen a los inmigrantes que trabajan para ellos de forma ilegal.

"Lo que el Gobierno ofrece a los empleadores no es sólo que regularicen a sus trabajadores, sino que se regularicen también ellos mismos", explica la responsable del departamento de Migraciones de UGT, Ana Corral. Para ello, la Administración sólo les exige un contrato de trabajo por seis meses y que el extranjero carezca de antecedentes penales y esté empadronado en España desde antes del 7 de agosto pasado.

A pesar de las facilidades, el proceso ha arrancado con menos solicitudes de regularización que las previstas. La primera semana los empresarios sólo presentaron 10.000 expedientes y, aunque el número ha aumentado sensiblemente en los últimos días, el ritmo es más lento de lo esperado.

Los sindicatos se muestran prudentes sobre las solicitudes presentadas hasta ahora. "Quienes las tramitan son los empresarios, y es lógico pensar que sus intermediarios [abogados o gestores] estén esperando a acumular el mayor número posible de expedientes para presentarlos", aventura Julio Ruiz. El representante de CC OO también opina que "en la agricultura habrá más regularizaciones hacia el final del proceso, porque las heladas han perjudicado algunos cultivos y porque las campañas más fuertes comienzan entre mayo y junio".

Localizar malas prácticas

Incidencias climáticas al margen, lo cierto es que, como señala Corral, "este proceso de regularización afecta a la economía sumergida, y debemos ser conscientes de que una parte de ella no va a aflorar, por más oportunidades que se le den".

¿Quedarán impunes entonces los empresarios que despiden a sus trabajadores o se niegan a regularizarlos? "El proceso contribuirá a identificar zonas y sectores de actividad donde se producen esas prácticas, y la Inspección de Trabajo podrá actuar contra ellas", afirma la representante de UGT.

CC OO dispone de una amplia red de centros de información distribuidos por toda España. "En ellos estamos acumulando todos los casos que nos relatan los inmigrantes", revela Julio Ruiz. "Cuando termine el proceso podremos detectar las empresas que no han querido regularizar a sus trabajadores, y pondremos al servicio de éstos toda nuestra infraestructura para que denuncien a los infractores".

El sindicato advierte de que fomentará esas denuncias: "Lo haremos porque nos parece indecente que pueda haber empresarios que desprecien la posibilidad que se les ofrece para regularizar a sus trabajadores -¡y para regularizarse ellos mismos, ojo!- sin ningún riesgo y pretendan seguir medrando en la economía sumergida. Exigimos que haya tolerancia cero con quienes contraten a personas en situación irregular cuando termine este proceso", dice Ruiz.

Arraigo laboral

Para lograr su objetivo, los sindicatos deberán luchar contra el temor de los sin papeles a ser expulsados si denuncian a sus patronos, señala Corral. ¿Qué pueden ganar los extranjeros en ese caso? Ruiz señala que la respuesta está en el propio Reglamento de Extranjería: "Tendrán la oportunidad de regularizar su situación por la vía del arraigo laboral. Y los empresarios deberán pagar todas las cuotas que han hurtado a la Seguridad Social, además del 20% que carga la Tesorería y de una sanción que puede llegar a los 60.000 euros por cada trabajador irregular".

El papel de la Administración será determinante en este punto. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se ha comprometido públicamente a una "acción especial" de la Inspección de Trabajo para perseguir la contratación de extranjeros en situación irregular. Es decir, no para perseguir a los sin papeles, sino a los empresarios que los contraten.

Comisiones Obreras va más lejos: "Creemos que el Gobierno debe dar instrucciones a la Fiscalía para que persiga de oficio a esos empresarios cuando finalice el proceso. Mientras tanto, debería actuar ante los casos que están apareciendo ya en los medios de comunicación". Se refiere a situaciones como la denunciada el viernes por UGT de Canarias. Según ese sindicato, hosteleros de la zona ofrecen a los inmigrantes contratos en otros sectores para pagarles salarios inferiores a los estipulados en el convenio.

Colas de marroquíes para solicitar documentos en el consulado de su país en Valencia.
Colas de marroquíes para solicitar documentos en el consulado de su país en Valencia.SANTIAGO CARREGUÍ

69 millones en multas

Sólo en los diez primeros meses del año pasado, la Inspección de Trabajo impuso 68,7 millones de euros en sanciones a 11.230 empresarios por vulnerar la Ley de Extranjería. Eso supone 8 millones más que las multas impuestas a lo largo de todo 2003.

Madrid, en donde la Inspección recaudó casi 13 millones de euros, encabezó la lista de las comunidades autónomas donde más infracciones fueron descubiertas: 2.155.

Le siguieron la Comunidad Valenciana (donde fueron recaudados 9 millones), Andalucía (8,2), Cataluña (7,5), Murcia (7) y Castilla-La Mancha (5,2).

En total, la inspección descubrió a 11.230 trabajadores extranjeros sometidos a explotación.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha anunciado un reforzamiento de la Inspección a partir del próximo 7 de mayo, fecha en la que finaliza el plazo dado a los empresarios para regularizar su situación y la de sus trabajadores.

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