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Una juez admite la primera querella por el hundimiento del Carmel

La magistrada pide informes a la Generalitat

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, acordó ayer la admisión a trámite de la querella presentada por dos comerciantes afectados por el derrumbamiento ocurrido el 27 de enero en el barrio del Carmel de esta ciudad. En esa resolución, la juez ha reclamado de la Generalitat que le informe de la actividad ocurrida en el subsuelo antes del siniestro y que identifique a los responsables de planificar y dirigir la obra.

Las personas cuya identidad se reclama son los responsables de la empresa pública de la Generalitat GISA, encargada de la dirección y ejecución de las obras de ese tramo de la línea 5 del metro entre Horta y Vall d'Hebron, así como los de la unión temporal de empresas que las estaba ejecutando: Fomento de Construcciones, Comsa y Copisa. La magistrada también solicita la identificación de los responsables de la sociedad Tec-Cuatro, SA, encargada de la elaboración de los proyectos y la dirección facultativa de la obra, así como de Geocontrol, SA, que realizó los estudios geológicos. Con toda probabilidad, cuando estas personas sean identificadas, serán citadas a declarar.

Del mismo modo, la juez ha solicitado a la Universidad Politécnica de Cataluña y a la de Madrid una relación de catedráticos o "máximos expertos" cualificados como ingenieros de caminos, de minas o geólogos para poderlos nombrar peritos judiciales. Por el contrario, la juez ha rechazado la petición de los querellantes de ordenar la detención e ingreso en prisión de esas personas una vez identificadas, así como realizar una inspección ocular de la zona. El auto judicial también rechaza la imputación de que pudo cometerse un delito de encubrimiento para ocultar pruebas por la decisión de las administraciones de verter varias toneladas de cemento en el socavón de la zona.

Ofrecimiento de acciones

El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, expresó ayer su satisfacción y explicó que el próximo lunes se empezará a poner en marcha toda la maquinaria para el ofrecimiento de acciones judiciales a los afectados. Con todo, Mena se mostró escéptico sobre la elección de la vía penal para compensar a los perjudicados. "Tengo la convicción de que no vamos a arreglar el mundo", dijo Mena, que puntualizó que la fiscalía de Cataluña había solicitado la admisión de la querella por iniciativa propia y no del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Por otra parte, el Departamento de Política Territorial está preparando una denuncia contra las constructoras y las empresas que realizan la dirección de obras, que se acumularía a esa querella, informa Francesc Arroyo. La intención del Gobierno catalán es lograr que se atribuya a las empresas la responsabilidad de lo ocurrido para que los gastos recaigan en las aseguradoras de las compañías.

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, reconoció ayer en Girona que "algunos cargos" relacionados con las obras han mostrado su "disponibilidad a dimitir" si se demuestra que tuvieron alguna responsabilidad en el hundimiento, informa Gerard Bagué.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de febrero de 2005