¿Qué significa ser pro Europa?

Una de las características del debate en España sobre los méritos o deméritos de la llamada Constitución europea es que -a diferencia de otros países- no hay ninguna opción política en el Parlamento que sostenga una postura anti Europa. Todos los partidos se presentan pro europeístas, es decir, a favor de la continuación de España en la Unión Europea, y deseando incluso (al menos retóricamente) más Europa. Ello distingue la situación española de la de otros países, miembros de la UE, donde existen partidos que explícitamente se presentan como contrarios a la idea de una Unión Europea.

La unanimidad pro europea en el abanico parlamentario español se debe a la historia reciente de nuestro país, y muy particularmente a la existencia de una de las dictaduras más represivas y con menos sensibilidad social que existieron en la Europa Occidental del siglo XX. Durante la dictadura, todas las fuerzas democráticas tomaron Europa como su referencia, e identificaron Europa con libertad, democracia y bienestar, identificación que continuó cuando se estableció la democracia española. En este sentido es importante subrayar que todos los partidos políticos presentan como parte de su discurso el acercarnos más y más a Europa, con el fin de alcanzar los niveles de democracia y bienestar social existentes en la UE. Este deseo motiva la voluntad expresada en el programa electoral del gobierno, que se compromete a alcanzar el mismo nivel de gasto social per cápita que el existente en el promedio de la UE. De realizarse (y lo espero), tendría un enorme impacto en la calidad de vida española. Ahora bien, converger con Europa no es sólo hacerlo en gasto público sino también en ingresos al Estado, es decir, con la presión fiscal promedio de la UE. Y es ahí donde radica el talón de Aquiles de la retórica de converger con Europa. Leyendo declaraciones de muchas de las fuerzas pro Europa que desean converger con los niveles de bienestar social de la UE parecería que no se dan cuenta de que ello requiere un aumento considerable de la presión fiscal. ¿Cómo se puede converger con los niveles de gasto público social y con los niveles de bienestar y calidad de vida de Europa sin converger también con la carga fiscal promedio de la UE? En realidad, sin lo segundo es imposible alcanzar lo primero, posibilidad que incluso tiene menor probabilidad de ocurrir como resultado de este armazón que se llama el Pacto de Estabilidad, que obliga a España a tener un déficit presupuestario menor al 3% del PIB, supervisado por un Banco Central Europeo cuyo objetivo primordial (consta en la Constitución) es reducir la inflación y no estimular el crecimiento económico. De ello se deriva que muchas de las críticas a la Constitución sean justificadas, pues se solidifican unas políticas que dificultan el desarrollo de nuestro Estado de bienestar. Es un error, sin embargo, confundir el verbo dificultar con imposibilitar. Se puede tener un déficit presupuestario muy bajo e incluso un superávit y un gasto público social alto si la carga fiscal es también alta.

Éste es el caso de los países de mayor tradición socialdemócrata, los países nórdicos como Suecia, que han tenido superávit en sus cuentas a la vez que gastos públicos elevados, permitiéndoles

un gran bienestar social, que han podido incluso expandir como consecuencia de una elevada carga fiscal. Nuder, ministro de Finanzas socialdemócrata sueco (cuya recaudación es el 52% del PIB), acaba de proponer un aumento de impuestos para expandir todavía más los servicios sanitarios y sociales del país, y ha señalado que todos los países europeos tendrán que hacer lo mismo si quieren responder a las necesidades crecientes de la población. Sería deseable que las fuerzas progresistas españolas fueran coherentes y que se inspiraran en aquella experiencia. No es posible desear una convergencia social -no ya con los países nórdicos, sino con el promedio de la UE- manteniendo una carga fiscal muy inferior al promedio de la UE y teniendo a la vez un déficit presupuestario cero, casi cero, o equivalente al 1% del PIB. Sostener estas políticas es querer cuadrar el círculo o condenar España a un Estado de bienestar muy insuficiente, que es lo que tenemos. De ahí que el debate sobre la Constitución sea también el debate sobre la Europa que queremos. Se debe admitir que la Constitución tiene elementos negativos que dificultan el desarrollo de la Europa social. Ahora bien, estos elementos ya existen, incluso en un peor estado, en el tratado de Niza que la Constitución sustituye.

De ahí que la manera de cambiar esta situación no sea volviendo al sistema anterior sino potenciando la dimensión política de Europa con la Constitución, permitiendo que lo político determine lo económico y no al revés. Lo cual no podrá ocurrir en caso de no existir la Constitución, que, a pesar de sus limitaciones, da mayor protagonismo al Parlamento europeo. Otra alternativa, muy legítima, es comenzar de nuevo, intentando lograr una mejor Constitución, lo cual es improbable debido a que la mayoría de los Gobiernos son conservadores y liberales reacios a añadir una mayor dimensión social a tal documento. La peor situación es la actual. Y de ahí la necesidad de cambio.