Contra el abuso aéreo
Era ya el momento de que los pasajeros de las líneas aéreas europeas dispusieran de una defensa legal consistente frente a los frecuentes abusos de las compañías; abusos que, por cierto, se dan por normales en los aeropuertos europeos cuando lo cierto es que constituyen un agravio a los derechos del usuario. El reglamento de la Unión Europea eleva considerablemente las compensaciones que deben percibir los viajeros. Duplica, por ejemplo, la indemnización que se debe pagar al viajero en caso de sobreventa de billetes (hasta 600 euros); obliga a las empresas a ofrecer la devolución del precio del billete para retrasos de más de cinco horas o a ofrecer comida, bebida y alojamiento en casos de esperas de larga duración, y establece una indemnización de hasta 1.180 euros por pérdida o deterioro de equipaje. Éstas son algunas de las iniciativas que sanciona el nuevo reglamento y que, desde luego, se presentan como un avance importante en la defensa de los derechos de los consumidores, en este caso, de los usuarios del transporte aéreo.
Hay que suponer que el objetivo del nuevo cuadro sancionador para los vuelos europeos encierra una intención disuasoria; significa que las compañías deben reaccionar a las sanciones con un aumento sostenido de la calidad de los servicios. En principio, no hay por qué dudar de la eficacia disuasoria de las medidas. Por ejemplo, convencerá a las aerolíneas de que no deben cancelar los vuelos que no tienen suficiente pasaje cuando hay otro vuelo próximo -práctica que las compañías niegan, aunque no faltan viajeros que declaren haberla sufrido en alguna ocasión-; o de que tienen que mejorar la gestión del equipaje; o de que deben ajustarse a los horarios, algo que parece hoy tan difícil de conseguir como en su día fue la puntualidad de los trenes; o de racionalizar servicios que resultan perturbadores para la gestión de los vuelos, como el que permite reservar asientos con antelación y cancelarlos sin coste.
En suma, si las compañías se lo toman en serio, es un incentivo para ordenar la gestión interna y recobrar la confianza de los viajeros. Las tarifas aéreas mantienen durante los últimos años una tendencia a la baja; sería deseable que continuaran en ella incluso después de la aprobación de las nuevas sanciones. Y en defensa de los viajeros no estaría de más apelar también a la mejora de los servicios que ofrecen los aeropuertos.
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