El fiscal considera equitativos los pagos hechos por el Santander a Amusátegui y a Corcóstegui

El fiscal Fernando Burgos reclamó ayer la absolución, por inexistencia de delito, del presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y los antiguos ejecutivos José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, ninguno de los cuales, en su opinión, incurrió en "abuso de poder" ni "infracción del deber de lealtad" por el cobro de 43,7 y 108,1 millones de euros tras el abandono de la entidad de los dos últimos. Las acusaciones pidieron al tribunal que les condenara por apropiación indebida porque "cobraron para irse" y dejar a Botín como presidente único de la entidad, perjudicando al banco.

El fiscal Fernando Burgos explicó que la infracción del deber de lealtad tiene que buscarse en el ámbito del derecho societario, ya que no se está juzgando a las personas, sino a sus actos concretos. Tras examinar diversos preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas, el fiscal afirmó que se pagó "a dos máximos ejecutivos de una entidad que tenían todas las facultades delegadas por el consejo" para realizar "tareas de gestión y administración".

Pero la cuantía de las remuneraciones concuerda "con la libertad de empresa, la libertad de mercado y la libertad de pactos". Para el fiscal, la remuneración fue "equitativa", ya que llevó "a la creación de una empresa de capital, rendimientos y beneficios extraordinarios" y fue ratificada por los accionistas. Pero además, dijo, se cumplió el deber de lealtad, ya que "se actuó con transparencia" al informar al consejo y reflejar esas cantidades en las actas y memorias del banco.

Los abogados de la acusación, que representan a Rafael Pérez Escolar -ayer asistió por primera vez al juicio- y a Juan Francisco Franco, pidieron que se condene a Botín a penas de hasta 12 años de prisión, y a Amusátegui y a Corcóstegui a penas de hasta seis años, ya que los pagos por jubilación recibidos por los dos últimos fueron "un blindaje acordado antes de apoyar la fusión del Santander con el Central Hispano para dejar al frente a Botín".

El representante legal de Pérez Escolar, Manuel Goméz Benítez, mantuvo que el BSCH "no recibió nada" a cambio de unos "pagos milmillonarios" que fueron "ilícitos y abusivos". Gómez Benítez mantuvo que el delito de apropiación indebida se deduce de que hubo una distracción de dinero en beneficio propio de Amusátegui y de Corcóstegui y en beneficio de terceros en el caso de Botín.

El acusador José López, representante de Franco Otegui, negó que el éxito de la fusión tuviera nada que ver con los pagos: "¿O quiere eso decir que si sube la acción puedo llevarme el dinero de la caja? Y si la acción sube el doble, ¿puedo llevarme el doble?". López pidió al tribunal que no hiciese caso "de las voces que dicen que si se condena al primer banquero del país se va a tambalear la economía".