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LA CRISIS DEL CARMEL Y SUS EFECTOS

La fiscalía pide a la juez que investigue los desprendimientos

La fiscalía de Barcelona solicitó ayer al Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona que investigue los desprendimientos del metro del Carmel. La actuación del ministerio público se produce a instancias del máximo representante de la institución, Cándido Conde-Pumpido, a raíz de que el pasado viernes dos comerciantes que resultaron perjudicados por el derrumbe del 27 de enero presentaran la primera querella por esos hechos, en la que se relata que el siniestro podría constituir un delito de estragos por imprudencia y subsidiariamente un delito de daños.

Después de la presentación de la querella y la personación de la fiscalía, ahora le toca resolver a la magistrada Elisabet Castelló, que podría pronunciarse entre hoy y el próximo lunes, según informaron ayer fuentes judiciales. La decisión que adopte la juez resultará de especial trascendencia en la investigación penal del proceso porque deberá aceptar o rechazar una serie de medidas que reclamaban en la querella los abogados Ignacio Fernández de Senespleda y Sebastián del Val. Entre estas medidas figuraba la inspección ocular del túnel y evitar la destrucción de posibles pruebas, algo que resultará prácticamente imposible porque ya está concluido el sellado de la zona.

Libro de obras

Sin embargo, en la querella se reclamaba también la intervención del libro de obras, en el que se recogen todas las incidencias y que probablemente ayude a aclarar las responsabilidades de lo ocurrido. Del mismo modo, se solicitaba a los responsables de las obras de la línea 5 del metro una fianza de 100 millones de euros para hacer frente a los pagos a cuenta y posibles futuras indemnizaciones a los perjudicados. En términos jurídicos es lo que se denomina responsabilidad civil.

La querella iba dirigida contra personas físicas no identificadas a las que se considera responsables de lo ocurrido, así como contra la empresa pública GISA y la unión temporal de empresas encargada de la construcción. Los querellantes son propietarios de una pastelería y de un estanco que resultaron directamente afectados por los desprendimientos y que han debido cerrar como consecuencia de los hechos.

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