Recovecos

El primer paso importante de la Justicia para atajar los desmanes urbanísticos en Marbella fue que los jueces de Málaga se pusieran de acuerdo en que el único PGOU vigente en la localidad era el de 1986. Hizo falta una década para llegar a ese punto y como los pisos tienen un plazo de ejecución bastante menor, las notarias se llenaron de escrituras antes que de jurisprudencia. Ahora hay 80 resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarando ilegales más de 6.000 viviendas y se ha abierto el camino para otras 200 impugnaciones que están pendientes. El problema ha sido que mientras los magistrados dictaban autos contradictorios y el urbanismo se subía al limbo jurídico, los ladrillos seguían su camino ascendente. Por eso, los compradores se enteran ahora de que sus pisos son ilegales leyendo el periódico sentados en la terraza del edificio que supuestamente habría que demoler.

Una vez resuelto que las promociones se hicieran contra la legalidad, el paso siguiente fue llevar por la vía penal a los autores de los desmanes. El camino está siendo igual de complicado. Hasta ahora una veintena de causas seguidas contra el ex alcalde Julián Muñoz y antiguos ediles del Gil están bloqueadas porque los jueces han atendido la denominada "prejudicialidad administrativa". O sea, antes de delimitar si la licencia era o no legal, no se podía ir a la vía penal contra el infractor. Por ese recoveco y a pesar de las reiteradas protestas de la Fiscalía, la Audiencia y los juzgados de lo Penal han despachado recurso tras recurso, impidiendo llevar a juicio a los concejales que autorizaron licencias en contra de la ley. Ahora acaba de producirse un hecho importante. Un juez de Málaga ha dictado el primer auto que da prioridad a la vía penal frente a la jurisdicción contenciosa. Sólo falta confiar en que no se trate del cambio de criterio de un magistrado, sino él de todos. Aunque seguramente será mucho suponer. Si ambas interpretaciones hubieran sido las iniciales, la mayoría de las causas habrían sido ya juzgadas y sentenciadas. Los ciudadanos tendrían la sensación de que la Justicia también funciona en Marbella y la ciudad haría tiempo que se habría ahorrado algunos que otros muchos concejales. Y algunos que otros muchos pisos ilegales.