Los directores de instituto se asocian para afrontar el "colapso" financiero de los centros públicos

"No se puede continuar gestionando la miseria", resumió ayer Vicent Baguetto, director del instituto público Joan Fuster de Sueca, tras la constitución formal de la asociación profesional de directores de secundaria, celebrada en el histórico IES Lluís Vives de Valencia, donde precisamente hace una semana los alumnos fueron desalojados debido a un corte de luz por impago de dos facturas. La asociación, que representa ya al 33% de institutos, sostiene que "el déficit económico, agravado por el sistema de pago aplazado a cuatrimestre vencido, ha puesto en evidencia el colapso del sistema público".

"El hecho puntual ocurrido en el instituto Lluís Vives refleja simplemente una situación más de las que hoy hemos puesto sobre la mesa, uno a uno", sostiene Baguetto en calidad de portavoz de la asociación que cuenta en su registro con más de un centenar de directores inscritos de los 300 que hay en la Comunidad Valenciana. Para ser director de un instituto público -a tenor de los testimonios narrados ayer- hace falta algo más que un título y mucha vocación. Más allá de organizar los grupos y tutorías, atender las sustituciones por bajas y, en general, los problemas diarios que presentan los alumnos de 12 a 16 años en un centro educativo, los responsables del equipo directivo invierten buena parte de su tiempo en la llamada "economía doméstica" que consiste en lidiar con los proveedores de material escolar a los que se paga desde hace "más de seis años" a plazos vencidos para, entre otras razones, no tener problemas con las facturas que afectan al suministro o mantenimiento de las infraestructuras eléctricas y de calefacción. Ayer, por enésima vez, la calefacción falló en el Lluís Vives.

Más duro ha debido ser el trimestre para el director de un instituto de la comarca de La Vall d'Albaida -una de las más acosadas por las heladas- que este año ha tenido que apartar 11.000 euros sólo para cubrir la factura del suministro de gasóleo para tres meses, que se paga por adelantado. El centro, sin embargo, no recibirá las transferencias corrientes del Consell para gastos de funcionamiento hasta abril. Éste caso "quizás extremo" por las condiciones climáticas de la zona se reproduce en mayor o menor medida en el centenar largo de institutos que ha tomado la iniciativa de asociarse. Las dificultades de los equipos directivos para pagar la factura energética sobre todo en los periodos de noviembre y febrero -cuando aumenta el uso de la luz y la calefacción en las aulas-, y entre mayo y junio -cuando el airea condicionado se impone en las poblaciones más calurosas-, chocan de plano con el sistema de transferencias que arrastra la Generalitat, que se ha quedado "obsoleto", según los directores.

Lo mismo ocurre con el sistema de cómputo que se sigue empleando para calcular el presupuesto de un centro. "No tiene sentido que el coste energético se siga midiendo por aulas, por alumnos o por la distancia del centro a la capital de comarca", afirma Baguetto. Los desajustes en el sistema de cálculo y los retrasos -dos de las cuestiones en las que mañana propondrán cambios en su reunión con los responsables autonómicos de Educación- "afectan además por igual a los centros viejos, porque están deteriorados y hay que mantenerlos, como a los nuevos edificios, porque tienen mayores gastos de mantenimiento", añade el portavoz de la asociación que, en medio de las explicaciones, tiene que atender varias llamadas para "seleccionar una empresa especializada" que limpie la enorme cristalera que tiene el instituto de nueva factura que dirige, sin que nadie advirtiera de la complicación del diseño.

"Lo que no queremos es seguir discutiendo sobre criterios y estar en medio de discusiones partidistas sobre si el gasto se ha incrementado en un tanto por cien o no", resume Baguetto. Lo que está claro es que "el sistema se ha quedado obsoleto". Algo, por otra parte, que los propios técnicos económicos de la Administración advierten desde que hace ocho años, nada más llegar el PP al poder, optara por crear "una central de compras" que gestiona el suministro de todos los edificios e instituciones de la Generalitat, de forma conjunta y mediante concurso público.

La recién constituida asociación nace con ánimo de ejercer de instrumento "mediador". "No somos sindicatos, somos Administración también", matiza Baguetto, quien explica que el objetivo, al igual que el de las asociaciones similares creadas en el resto de comunidades autónomas, es convertirse, "junto con la inspección educativa, en una pieza clave del sistema".

"O hay dinero y voluntad política de todas las Administraciones -la autonómica y la estatal- para aumentar la inversión en educación, y dotar a los centros de mayor autonomía o el sistema se va a ver rebasado", concluye.