El 62,8% de los inmigrantes que participan en la campaña olivarera carece de contrato

Un 62,8% de los inmigrantes que participan en la campaña de recolección de la aceituna confiesa que nunca ha tenido contrato de trabajo y casi la mitad de ellos se encuentran en situación irregular por la ausencia de permiso de trabajo o de residencia. Éste es uno de los datos más llamativos que aparece reflejado en el estudio sobre Inmigración extranjera y trabajo que ha sido editado por el Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén. En el mismo se advierte de las situaciones de exclusión social que padece la población extranjera en Andalucía.

El estudio toma como base una encuesta realizada a más de 1.000 inmigrantes temporeros que se alojaron en pasadas campañas de la aceituna en la red de albergues de Jaén. Así, sólo el 10,2% de ellos asegura contar siempre con un contrato de trabajo, y el 27% dice tenerlo a veces. De otro lado, el 45,7% de los encuestados admitía carecer de permiso de trabajo, mientras que un 63,8% confiesa no haber estado nunca asegurado. Esta situación de irregularidad no se da sólo en la campaña de recogida de la aceituna, sino también en los anteriores trabajos de los inmigrantes, desempeñados fundamentalmente en otras campañas agrícolas de Almería, Huelva o Murcia.

Investigación

El informe publicado por el Consejo Económico y Social (CES) de Jaén recoge la investigación realizada para la tesis doctoral defendida en 2003 por la profesora Raquel Martínez Chicón, del Departamento de Antropología y Trabajo Social de la Universidad de Granada. El estudio llama la atención sobre la aparición de un nuevo colectivo susceptible de intervención desde los servicios sociales por su situación de marginalidad social. Así, la autora indica que "la mal llamada diferencia racial dificulta el acceso a la vivienda, tanto en régimen de cesión como de alquiler y, por tanto, el asentamiento en una determinada localidad por su también difícil acceso a la información de los recursos, determinada en numerosas ocasiones por el desconocimiento del idioma, por los sentimientos de discriminación (a veces por la discriminación real) y las manifestaciones de rechazo, tanto abiertas como encubiertas, de la población local, y por las condiciones sociolaborales precarias a las que, en su mayoría, se ven sometidos".

En este sentido, Raquel Martínez se muestra crítica con la Ley de Extranjería promulgada por el anterior Gobierno del PP al entender que propició las "desigualdades mediante la reducción de los ya pocos derechos reconocidos de los extranjeros no comunitarios". Esta situación, a su juicio, "se ha subsanado en parte" con el Reglamento de Extranjería promulgado por el actual Ejecutivo socialista. Con todo, considera que los procesos de normalización de trabajadores extranjeros "no deben entenderse como una vía de regularización extraordinaria", al tiempo que recela de la eficacia de los contratos en origen por cuanto, en su opinión, "hasta ahora únicamente han servido de instrumento, mal gestionado, de control de fronteras y como creador de situaciones de competencia y sustitución entre los trabajadores nacionales y extranjeros y entre los propios trabajadores foráneos en función de la etnia y el sexo". La autora pone como ejemplo de ello el caso de la campaña de recogida de la fresa de Huelva en 2002, con la contratación en origen de trabajadoras polacas.

Retornos

El estudio analiza también la evolución de las dinámicas de retorno en las poblaciones de emigrantes en Andalucía. Así, Jaén, Granada, Córdoba y Almería son las provincias en las que el retorno ha tenido un mayor peso en su crecimiento demográfico en los últimos años. El volumen total de la población potencial que alimenta la corriente de retorno hacia Andalucía, desde finales de los ochenta, supera ampliamente los dos millones de personas.

Esta situación ha corregido parcialmente los movimientos migratorios sufridos en Andalucía desde la década de los sesenta. En aquélla época eran 34,8 los emigrantes que había por cada mil habitantes en Andalucía; en la década de los setenta, 19,97; y 5,56 en los ochenta, muy similar a los 5,19 del conjunto de España.

Esta investigación de la profesora Raquel Martínez va a servir de base al Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén para el dictamen sobre la influencia de la inmigración en el mercado de trabajo que va a elaborar próximamente.

El presidente del CES, Manuel Parras, justificó este interés en que no se puede cerrar los ojos a un colectivo que ya supone el 8% de toda la población española.