Los dueños de la torre contrataron un seguro de 112 millones para cubrir todos los riesgos

La inmobiliaria Asón, propiedad de la familia Reyzábal, cuenta con un seguro de 90 millones para cubrir los daños de la torre Windsor, otro de 12 millones para pérdidas por la imposibilidad de cobrar los alquileres y un tercero de 10 millones para responsabilidad civil. El 60% de esas pólizas está cubierto por Allianz y el 40% por Mapfre, que asume que el siniestro le costará 10 millones. A su vez, éstas reaseguraron el 90% del riesgo con Munich Re, que también lo recolocó a terceros. Diferentes compañías creen que la reconstrucción del edificio y las demandas de los afectados pueden sumar más de 150 millones.

El incendio del rascacielos abrirá una de las batallas más importantes de las últimas décadas en el mundo del seguro. El gran número de implicados, así como la magnitud del siniestro, prometen convertirlo en un caso millonario en el que será un juez el que determine el responsable de la causa.

De momento, los peritos de Allianz, Mapfre y El Corte Inglés ya han empezado a trabajar para evaluar los posibles daños y las reclamaciones que se pueden producir en el siniestro, que será considerado total, de la torre Windsor.

La póliza para este ejercicio, suscrita entre Allianz y Mapfre, y recolocada posteriormente, cubre hasta 12 millones el impacto de la pérdida de los alquileres, una cifra que se considera ajustada a la realidad.

Edificio nuevo

La reposición del edificio está cubierta con 90 millones, cuyo coste anual para los propietarios podría estar situada en el uno por mil. Los 90 millones se consideran, entre diferentes constructoras consultadas, ajustada al coste que podría tener levantar un edificio moderno de 30 plantas en esa zona. "El coste varía en función a la calidad de los materiales y, sobre todo, al tiempo en el que se desee levantarla. Trabajar a tres turnos es muy rápido, pero también muy caro", explican estas fuentes. El problema es que habrá que añadir el coste del derribo del esqueleto del edificio y del desescombro, que ampliará considerablemente la factura.

Otro de los problemas, según importantes aseguradoras del mercado, puede llegar en el tercer capítulo, "el de la responsabilidad civil, que puede superar ampliamente los 10 millones" que cubre la póliza.

Este capítulo incluye todas las reclamaciones por daños materiales, así como todo tipo de perjuicios causados a los inquilinos, a los vecinos de las casas de alrededor y, por último, la factura de los bomberos y el Ayuntamiento de Madrid. Además de Deloitte y el bufete Garrigues, en Windsor estaban ocho empresas más. Todas ellas cargarán los costes de su instalación urgente, el traslado de personal, así como el material perdido. Además pueden imputar la pérdida de reputación, si consideran que la han tenido por este incendio.

Además, El Corte Inglés, Seguros La Estrella Generali y las empresas del Edificio Bronce, no podrán abrir al público durante tres días al menos. En el caso del centro comercial, aun se desconoce el daño sufrido por el material en venta. El Corte Inglés afirmó, en un comunicado, que "la imposibilidad de visitar el interior" de las instalaciones "no ha permitido llevar a cabo una evaluación de los daños, ni conocer la respuesta del sistema antiincendios". En ese centro, el mayor de la empresa en Madrid y el que más vende de toda España, trabajan 2.100 personas. También es Allianz la aseguradora de esta empresa, aunque no será quien se haga responsable en última instancia.

Pero ¿quién pagará la factura completa? Según las aseguradoras, la clave reside en quién considere el juez como responsable. En principio, entre los candidatos están los arquitectos encargados de la reforma; las compañías que participaban en la reparación, sobre todo la del sistema antiincendios y la de la instalación del aparato eléctrico; Prosegur, como encargada de la seguridad del edificio; o, si se decide que no hubo ningún fallo de los anteriores, la familia Reyzábal, como propietaria del Windsor. En este último caso sería cuando se aplicara la póliza, que cubriría como máximo 112 millones.

No sería extraño que todos los implicados pleitearan entre sí para evitar una responsabilidad de esta magnitud. Este hecho prolongará en el tiempo la resolución del caso, que creará jurisprudencia para otros casos similares.