Las ONG y los sindicatos cuestionan la tarifa de las gestorías por tramitar los expedientes a inmigrantes

Las organizaciones humanitarias y sindicatos cuestionan la intervención de las gestorías en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes y les acusan de beneficiarse de las ONG para después pasar la minuta -150 euros por expediente- al empresario. Los gestores defienden la "legalidad" de su participación en el proceso y resaltan que su mediación frustra la intervención de los grupos mafiosos inherentes al fenómeno de la inmigración.

Los graduados sociales y los gestores administrativos -unos 900 profesionales en la Comunidad Valenciana- están facultados para, con poderes notariales del empresario al que representan, intervenir en el proceso de legalización de los trabajadores extranjeros. La mediación, en concreto, de los gestores, la mayoría conectados a la Seguridad Social vía Internet, libera a los empresarios de los trámites burocráticos. El coste medio estipulado por el profesional del colectivo gestor para tramitar un expediente se eleva a 150 euros , según el vicepresidente del Consejo de Gestores Administrativos en esta autonomía y presidente del colectivo en Alicante, Francisco Candela.

Esta tarifa orientativa se ha fijado en base a las horas de media que, según Candela, dedica un gestor a la tramitación de un expediente, desde la recogida de impresos hasta la entrega de la documentación final. Candela apostilla que muchos de los aspirantes a normalizar su situación son casos laboriosos que exigen una elevada dedicación de tiempo. Silvia Giménez De León, responsable de una gestoría en Alicante apunta: "No es un precio desorbitado. En algunos casos incluso se queda corto". Silvia Giménez, especializada en la regularización de inmigrantes desde hace seis años, se apresura a matizar que se trata de una población muy sensible, muchos de ellos con un tremendo historial, "que tienen muchas dudas y que necesitan que les escuchen". En cualquier caso, el vicepresidente de los gestores valencianos insiste en que el coste de la tramitación siempre lo sufraga el empresario y nunca el extranjero.

La mediación de los gestores en el proceso es contestada por los colectivos solidarios y sindicatos. Sara Verdú, coordinadora territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), considera "contradictorio" que empresas con ánimo de lucro utilicen a las organizaciones solidarias como medio para conocer el reglamento para luego cobrar al empresario. "Nos incrementan el trabajo, repercuten en nuestros costes pero luego son las gestorías las que cobran", añade. Según Verdú, las tres oficinas de CEAR en la Comunidad Valenciana han registrado múltiples consultas por parte de gestores. Verdú recalca: "Intentamos subrayar que sólo asesoramos a empresarios e inmigrantes aunque, por cuestiones de conciencia, informamos porque en definitiva ayudamos a la regularización del extranjero". Por ello, los colectivos humanitarios exigen una presencia "más activa en el proceso", especialmente en el caso de las empleadas de hogar. Esta situación se ha repetido en el caso del departamento de Inmigración de UGT en Alicante, según la secretaria de Acción Social de este sindicato, Sandra Díez.

El vicepresidente de las gestorías valencianas rechaza las críticas: "El colectivo es perfectamente conocedor del reglamento, y ha sido puntualmente informado". Candela abunda en esa tesis y resalta que la mediación oficial de los gestores "elimina la posibilidad de la intervención de grupos mafiosos en el proceso".