El Gobierno dará mañana luz verde a las ayudas por el alquiler
El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar en s reunión del martes las órdenes de gestión para articular la concesión de ayudas públicas por alquiler de viviendas previstas en el plan de choque puesto en marcha por el Ejecutivo central, que en el caso de las subvenciones a arrendatarios serán gestionadas por "agencias de fomento del alquiler", cuya creación figura en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2005.
Según fuentes de la Consejería de Obras Públicas, dichas órdenes ya han superado el trámite preceptivo del Consejo Consultivo y entrarán en vigor a principios de marzo tras su aprobación por parte del Consejo de Gobierno. Esta normativa contempla ayudas de 6.000 euros a los propietarios de las más de 550.000 viviendas desocupadas en Andalucía con vistas a su rehabilitación así como subvenciones por valor del 40% de la renta anual de alquiler a los inquilinos con una renta per cápita inferior a 17.882 euros anuales. En el caso de las ayudas a los inquilinos de viviendas que se destinen a arrendamiento, la Consejería de Obras Públicas, encargada de distribuir las subvenciones, se ajustará a los criterios de renta marcados por el ministerio para las ayudas a jóvenes de hasta el 40% del coste del alquiler durante los dos primeros años con el objetivo de garantizar la "igualdad de oportunidades".
Por su parte, el borrador de decreto para la regulación de las agencias de fomento del alquiler, también pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno, establece que las agencias deberán ser "homologadas" por Obras Públicas, pero no se limitarán a las inmobiliarias que actualmente funcionan en el sector privado, sino que también abre la puerta a sindicatos, organizaciones agrarias y ONG para facilitar el acceso a la vivienda de inmigrantes temporeros. Como principales objetivos, las agencias de fomento del alquiler se centrarán en fomentar la salida de viviendas "desocupadas" al mercado libre ofreciendo garantías sobre los tres principales "riesgos" para los arrendatarios, el impago, los daños en el inmueble y el desahucio.
