La Generalitat y las noticias
El hundimiento del túnel del Carmel, en Barcelona, dejará huella en la Administración catalana, no sólo porque se trata de un accidente que, según las propias declaraciones del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, "pudo ser evitado", sino porque fue seguido por una serie de decisiones informativas asombrosas: desde prohibir el acceso de los periodistas a los hoteles donde estaban alojados los vecinos evacuados, hasta la negativa de la Guardia Urbana a dejar entrar en una asamblea de afectados (donde obviamente se criticaba con mucha dureza a las autoridades), pasando por la extravagante idea de no permitir el paso de fotógrafos a la zona del hundimiento, "por su seguridad", cuando los interesados acababan de ver entrar en ese mismo recinto a una comitiva de no menos de treinta políticos y funcionarios.
El enfrentamiento más importante, con quejas del Comité profesional de TV-3 y del sindicato de periodistas, entre otros, llegó al extremo el pasado día 5, cuando, ante las reiteradas quejas de los reporteros, la Generalitat decidió hacer público un "protocolo" destinado, nada menos, que a regular la información.
El texto, según sus autores, limitaba el trabajo de los periodistas "únicamente por razones de seguridad", pero establecía, "con carácter general", que "los medios de comunicación no podían entrar en "la zona de acceso restringido, mientras se mantenga el dispositivo actual". La gran mayoría de los periodistas consideró que el protocolo venía a imponer "por escrito" las mismas restricciones que estaban siendo denunciadas y dieron muestra de una gran alarma y enfado generalizado.
La transcripción del documento explica la reacción: "Por respeto a la intimidad de las personas afectadas y a su situación", decía textualmente el protocolo, "las reuniones informativas de los vecinos convocadas por la Administración se desarrollarán sin la presencia de representantes de los medios de comunicación". Todo lo más, añadía, se les permitirá rodar imágenes "mudas" (es decir, sin sonido) durante dos minutos al principio. Eso sí, "al final de la reunión, la Administración se pondrá a disposición de los medios de comunicación para informarles de lo que necesiten". La única versión sería, pues, la oficial.
Además, la Administración, para proteger, según su propia idea, la "intimidad" de unos furiosos vecinos que daban la impresión de querer hablar todo lo posible con los periodistas para trasladarles su desconfianza y preocupación, pensó que era mejor prohibir formalmente la entrada de periodistas en los hoteles en los que estaban alojados. "La presencia de los representantes de los medios de comunicación ha de contar con el consentimiento explícito e implícito de los representantes de los hoteles y de los vecinos que allí se alojen". La Guardia Urbana se encargaría de comprobar esos consentimientos "explícitos e implícitos" (?) antes de dejar que un solo periodista atravesara la puerta del local.
Hechos noticiosos
Para terminar de complicar las cosas, el martes, día 8, la Oficina de Comunicación del Gobierno, dirigida por Enric Marín, de ERC, hizo pública otra "nota para medios de comunicación de prensa escrita y televisión" en la que, aludiendo de nuevo a motivos de seguridad, afirmaba: "Esta Oficina hace saber que, a partir de hoy, se ofrecerá a todos los medios que lo soliciten imágenes de esa zona para televisión y prensa gráfica. Las imágenes están exentas de pago y se entregarán cuando haya algún hecho noticiable. Los medios que estén interesados se pueden dirigir directamente a la agencia Efe, en caso del material de prensa gráfica, y a Europa Press, si necesitan imágenes para la televisión".
La idea de depender de un organismo público para obtener imágenes (con la sospecha obvia de que serían las de su elección), y, además, únicamente cuando le pareciera a esa concreta Oficina que existía "un hecho noticioso" nuevo, convirtió la irritación de los medios de comunicación directamente en una denuncia.
Finalmente, las ansias reglamentistas y controladoras de los responsables de comunicación del Gobierno de la Generalitat se fueron calmando y fue posible que los medios de comunicación desarrollaran su labor sin nuevos impedimentos ni discusiones. La duda ahora es saber si los ceses y dimisiones que anunció el consejero de Ordenación Territorial para dentro de algunas semanas alcanzarán a los responsables de estos "reflejos autoritarios", tal y como solicitó el pasado miércoles la mayoría de la oposición.
