La Comisión Arbitral permite al Gobierno asumir competencias forales sobre aguas

La Comisión Arbitral, el órgano que dirige los conflictos de competencias entre administraciones, ha dado parcialmente la razón al Gobierno vasco sobre el cuestionado proyecto de ley de Aguas, al reconocer que esa competencia exclusiva de las diputaciones puede pasar al Ejecutivo autónomo sin cuestionar el sistema foral.

Según el fallo a la cuestión de competencia planteada por la Diputación de Álava, el Gobierno, que aprobó el proyecto en octubre pasado, puede seguir adelante con la tramitación del mismo, al considerar que la Ley de Territorios Históricos (LTH) puede sufrir modificaciones en el esquema de reparto competencial que establece.

El proyecto incorpora una disposición adicional que atribuye al Ejecutivo la competencia en esta materia y establece que a partir de su aprobación la LTH quedará modificada en ese aspecto.

La Diputación de Álava cuestionaba precisamente en su recurso que una ley sectorial aprobada en el Parlamento por mayoría simple pudiese modificar la ley que establece la distribución de competencias entre el Ejecutivo y las tres diputaciones y regula todo el entramado institucional vasco. La Ley de Territorios Históricos fue en 1986 una de las causas de la escisión del PNV.

Sin embargo, la resolución de la Comisión Arbitral quita la razón al Gobierno respecto a tres artículos del proyecto de ley de Aguas, que se refieren a regadíos y espacios rurales, pero más por cuestiones de forma que de fondo. En realidad, advierte a la Diputación y dice al Ejecutivo que sería factible la centralización de la competencia en el Gobierno, pero siempre que se haga con el mismo mecanismo de la disposición adicional.

Las dos instituciones afectadas por el fallo harán pública hoy su posición, en un momento en el que la tramitación parlamentaria de la ley ya es imposible por el adelanto electoral.