Aguirre reclama 500 millones para atender a los inmigrantes

El vicepresidente primero del Gobierno, Ignacio González, aseguró ayer que la Comunidad reclamará al Gobierno central 500 millones de euros "para garantizar el éxito de la regularización de inmigrantes en la región". Según González, un estudio elaborado por la Comunidad afirma que las prestaciones que recibirá cada inmigrante regularizado ya "están costando 1.000 euros anuales" a las arcas de la Comunidad.

La regularización de los extranjeros tendrá "costes adicionales que el Gobierno [central] debe cubrir", según González. Las cuotas de la Seguridad Social con las que se financia en parte la sanidad, y que pagarán los inmigrantes regularizados y sus empleadores, no las recibe el Ejecutivo de Aguirre, sino el Gobierno central. El portavoz de IU en la Cámara, Fausto Fernández, afirma que "hablar sólo de lo que van a costar los inmigrantes es ciertamente racista". El portavoz de Inmigración del Grupo Socialista, Francisco Contreras, añadió que "la actitud del Gobierno de Aguirre puede mover a actitudes xenófobas".

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, González había asegurado que el Gobierno regional, después de "conocer un informe sobre los efectos de la regularización de inmigrantes en la Comunidad de Madrid", calcula que "serán aproximadamente 300.000 las personas extranjeras que regularizarán su situación en los próximos tres meses".

González admitió, a preguntas de los periodistas, que este informe había sido "realizado por la propia Comunidad" y que de él se desprende, por ejemplo, que en "el campo de la sanidad hay actualmente 150.000 personas empadronadas que carecen de tarjeta sanitaria que, en el caso de regularizarse, tendrían derecho a la asistencia quirúrgica programada no urgente". De este estudio se desprende, además, que tres de cada cuatro tarjetas sanitarias expedidas en la Comunidad desde 2000 corresponden a ciudadanos extranjeros.

Según González, "para garantizar la integración" de los inmigrantes, "todas las prestaciones tienen costes adicionales", por lo que exigió que el Gobierno de la nación se haga cargo de esta factura.El portavoz de Inmigración del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Francisco Contreras, manifestó que el vicepresidente González "muestra su ignorancia o miente o, simplemente, dice que la Comunidad de Madrid incumple la ley". El diputado socialista basó estas declaraciones en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que establece "en su título primero que todas la personas empadronadas tienen derecho tanto a la educación como a la sanidad". Es decir, que ya hay una buena parte de estos inmigrantes que están recibiendo prestaciones asistenciales.

Contreras recordó que en el plan del Gobierno de Rodríguez Zapatero se prevé regularizar sólo a aquellos inmigrantes que acrediten estar empadronados desde hace seis o más meses en sus ayuntamientos. Según este diputado socialista, el PP no hace otra cosa que "buscar chivos expiatorios". Y agregó: "Se culpa a los inmigrantes de la lista de espera en la sanidad y también del aumento de la inseguridad ciudadana".

El portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, aseguró que esta nueva maniobra del PP no es "tanto fruto de la ignorancia como de la mala intención", a la vez que recordó que el vicepresidente González fue delegado del Gobierno para la Extranjería en el último Gobierno de José María Aznar.

Simancas aseguró que "precisamente lo que logra el proceso de regularización es que aquellos inmigrantes que el señor González dejó pasar cuando estaba en el Gobierno y que ya estaban recibiendo servicios públicos, ahora van a tener también deberes; deberes de contribuir a las arcas públicas pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social".

Según los socialistas, esta maniobra esconde "la cobardía política" de no querer admitir que Aguirre aseguraba que las transferencias sanitarias estaban bien hechas mientras gobernaba José María Aznar y, "tras el cambio de Gobierno el pasado marzo, se da cuenta de que le hace falta más dinero para la sanidad".

Antonio Beteta, portavoz del PP en la Asamblea, justificó la nueva petición de fondos a Rodríguez Zapatero y aseveró que "tanto en sanidad como en educación ha de haber una nueva evaluación del sistema de financiación autonómica respecto al incremento de la población".

"Descabellada"

Fuentes del Ministerio de Trabajo manifestaron ayer a EL PAÍS que la intención del Gobierno de Esperanza Aguirre "es tan malintencionada y descabellada" que rehúsan hacer declaraciones, "para no entrar en un debate, que no es otra cosa que desviar la atención de la realidad del proceso de regularización y que puede degenerar en actitudes poco democráticas".

Las mismas fuentes recordaron que en la etapa de José María Aznar, del PP, al frente del Gobierno central, hubo tres regularizaciones de inmigrantes, aunque entonces "no puso ni un duro para la integración de estas personas". Sin embargo, el ministro socialista de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, "ha puesto encima de la mesa 120 millones de euros, que se repartirán teniendo en cuenta la población inmigrante de cada una de las comunidades autónomas".

González, por su parte, replicó que "estos 120 millones que el Ejecutivo central ha dicho que va a aportar para acompañar los procesos de regularización, son absolutamente insuficientes, ni siquiera para hacer frente a los servicios más elementales".