Vocación de Europa

El referéndum sobre la Constitución ha suscitado, por primera vez en España, un auténtico debate. Porque frente al consenso social y de los partidos que ha presidido la política europea desde el comienzo de la transición (España se caracteriza dentro de la Unión porque su adhesión fue respaldada por la unanimidad de las fuerzas con representación parlamentaria), el referéndum del 20 de febrero ha hecho aflorar posturas enfrentadas, y una viva polémica.

En un referéndum no caben matices. Quien decida participar activamente (esto es, sin perjuicio de la abstención, el voto nulo o la no comparecencia en las urnas) debe optar por un claro sí o un claro no. Sobre un texto complejo, que resulta, al menos en lectura superficial, manifiestamente mejorable. Tal es la disyuntiva, tal el desafío. Pues bien, no tengo dudas, yo votaré sí. Votaré sí pese a que éste no es el tratado que en mi calidad de miembro de la Convención y de su Praesidium primero, y ministra de Asuntos Exteriores y miembro de la Conferencia Intergubernamental después, hubiera esperado someter a consulta ciudadana para su ratificación, ya que llega lastrado por la única aportación de sustancia -esto es, con trascendencia normativa- del presente Gobierno: la aceptación de un reparto de poder en las instituciones desastroso para España. Y no es ésta cuestión baladí.

Sin embargo, el texto en su conjunto es un paso adelante en la aventura europea de crear un marco de convivencia cívica basada en la libertad, en el entendimiento mutuo, en el respeto a la legalidad y a los valores y principios de la sociedad abierta que abarca, de momento, a 25 Estados y 450 millones de ciudadanos. Porque en él transpira el espíritu europeísta, la vocación de Europa que ha caracterizado a la sociedad española. Y, por último, porque buena parte de las ideas que constituyeron para mí el caballo de batalla de meses de debate están recogidas en él.

En concreto, esta reforma del Derecho Primario presenta un importante valor añadido. Clarifica, desde la "unidad en la diversidad" -que se consagra como lema- lo que es y lo que no es la Unión, lo que queremos hacer juntos y lo que entendemos no debe abordarse desde las instituciones europeas. Así, sustituimos un complejo conjunto de tratados que a menudo se superponen -llegando incluso a la incoherencia- por un texto único razonablemente accesible (en particular, las dos primeras partes, que contienen, respectivamente, los elementos esenciales -de principios e instituciones- de nuestro proyecto, y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión). Dejamos atrás las ambigüedades entre Comunidad Europea y Unión Europea, para adoptar una estructura y personalidad jurídica únicas. Se distingue las competencias de la Unión, se garantiza el respeto de las identidades nacionales de los Estados miembros y sus estructuras fundamentales, a la vez que se explicita el principio de integridad territorial de éstos. Se simplifican los instrumentos y la terminología en un esfuerzo por despojarnos de la auténtica lacra que supone la jerga comunitaria. Se amplían los ámbitos acordados por mayoría, esto es, se comunitarizan importantes decisiones (del espacio de ciudadanía en particular), creando al tiempo mecanismos de flexibilidad para que un grupo de países pueda avanzar más deprisa en aquellas cuestiones en las que el nuevo Tratado mantiene la unanimidad (como, por ejemplo, la Política de Defensa).Y se proyecta una mayor eficacia de funcionamiento con la reforma de la Comisión, la institucionalización y la estabilización del Consejo Europeo, así como la ampliación de poderes del Parlamento Europeo, que pasa a elegir al presidente de la Comisión.

Asimismo, la reforma incide en una mayor exigencia de responsabilidad y democratización. Éste es el sentido de la publicidad de las sesiones del Consejo (cuando éste actúa como legislador), del protocolo de subsidiariedad (esto es, del escrutinio previo por parte de los parlamentos nacionales de toda la legislación de la Unión) y sobre todo de la Carta de Derechos Fundamentales, que pasa a ser piedra de toque respecto de todas las acciones (con trascendencia legislativa o no) de las instituciones de la Unión.

El lastre para España es nuestra pérdida de peso en el Consejo (máxime cuando, como queda apuntado, se multiplican las decisiones por mayoría). Pero un no en el referéndum, la no ratificación del Tratado por España -si bien, desde el punto de vista jurídico formal, forzaría el mantenimiento de la vigencia del Tratado de Niza-, abriría una crisis de envergadura, y debemos ser conscientes del coste que supondría la negociación en aras de una eventual mejora de nuestra posición institucional, que realistamente no cabe esperar sino marginal e irrelevante, habida cuenta del respaldo que supone para el sistema establecido en la Constitución el haber sido aprobado por todos los gobiernos, incluido el nuestro, y que todo hace prever será ratificado por la inmensa mayoría, si no la unanimidad de nuestros conciudadanos europeos.

En cuanto a los restantes argumentos esgrimidos comúnmente para patrocinar el no me resultan o rechazables o de escaso calado. En particular, nos va demasiado en Europa, nos jugamos demasiado en este referéndum, para caer en la tentación de votar no para "castigar al Gobierno", o entender que el sí contribuye a plebiscitar al presidente Rodríguez Zapatero. De igual manera, resulta frívolo argumentar el rechazo en el referéndum desde la pura retórica. Porque es verdad que estamos llamando Constitución a un texto que tiene mucho de reglamento de régimen interior por su detalle, aunque esta crítica, sin duda justificada respecto de las Partes III y IV, los Protocolos y las Declaraciones, no es objetivamente aplicable a las Partes I y II, de contenido esencial y redacción tan ágil como cabe exigir a un documento compuesto en 20 lenguas oficiales y desde la perspectiva de al menos 25 ordenamientos jurídicos. Y también es incontrovertible la inexistencia formal de un demos europeo. Sin perjuicio de ello, yo promoví con convicción este abuso técnico de lenguaje que algunos denuncian como engaño a la ciudadanía. Porque Europa es un proceso pragmático, y quienes aspiran a una equiparación con los trabajos que fundaron los Estados Unidos de América, con la Convención de Filadelfia, adolecen de un desconocimiento profundo de la realidad de la construcción europea. En el estadio en que nos encontramos, precisamos todavía de un texto de Derecho primario que regule minuciosamente relaciones que nada tienen que ver con los tradicionales ámbitos constitucionales(¿quién en España admitiría la "desconstitucionalización" de los preceptos sobre regiones ultraperiféricas?, por ejemplo).

Era importante dar carta de naturaleza simbólica a la vocación europea de avanzar en el proceso constituyente en el que llevamos inmersos más de dos décadas (al menos desde el Acta Única Europea), y evidenciar que este texto, que formalmente es un tratado, sustantivamente trasciende con mucho al Derecho Internacional Público, realzando todo lo que tiene de Derecho Constitucional.

Mi sí en el referéndum es, pues, un sí desde el balance racional en cuanto a mis intereses como ciudadana y los intereses de España. Y es un sí de inversión en nuestro futuro común. En esta Europa que de la división a la reunificación, de la lógica de guerra a la paz y prosperidad enarbolada con orgullo desde el Estado de derecho, es uno de los ejercicios más apasionantes y prometedores emprendidos por la humanidad en los últimos 50 años. Y, por ello, es ante todo inspiración y don, es advocación y referente. Es vocación de Europa.

Ana Palacio es presidenta de la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para la Unión Europea. Fue ministra de Asuntos Exteriores del último Gobierno de José María Aznar y miembro de la Convención y de su Praesidium.