La regularización de inmigrantes beneficiará a 40.000 extranjeros

Unos 40.000 inmigrantes afincados en Andalucía podrán beneficiarse del proceso de regularización que arranca hoy. Sindicatos y expertos jurídicos y de ONG, sin embargo, señalan que el empadronamiento exigido por la Administración marginará a miles de extranjeros, que renunciaron a inscribirse en el padrón de sus municipios tras una reforma de la Ley de Extranjería que, desde 2003, permitía el control policial sobre los padrones.

El abogado sevillano Max Adam, portavoz de la Plataforma de Asesores Jurídicos de Inmigración, dijo ayer que el proceso de regularización de inmigrantes perjudicará especialmente a los residentes en Andalucía debido al requisito de estar empadronado y a las características de las campañas agrícolas, informa Efe. Adam explicó que la principal condición para la regulación es estar empadronado en España antes del 8 de agosto de 2004, pero en Andalucía la mayoría de los inmigrantes optaron por otros "documentos fidedignos" como la tarjeta sanitaria, que se entregaba a todos los extranjeros en virtud de un convenio de la Junta con las ONG. Al mismo tiempo, una modificación de la Ley de Extranjería de 2003 permitía el control policial del padrón municipal de habitantes, lo que "desincentivó a muchos inmigrantes de empadronarse por el riesgo potencial que ello suponía".

Para el proceso que comienza hoy y se prolongará hasta el 7 de mayo sólo servirá el padrón como única prueba de la residencia en España. La plataforma de ONG, que reúne a entidades como la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), Sevilla Acoge, la Asociación de Trabajadores Marroquíes ATIME y los sindicatos, entiende que este requisito es restrictivo puesto que existen muchas otras pruebas oficiales de una presencia en España como la tarjeta sanitaria, un informe médico, una sentencia judicial o un certificado escolar.

El proceso de normalización de inmigrantes podría beneficiar en Andalucía a unas 40.000 personas, aunque el número potencial de beneficiarios podría ascender a 150.000, según cálculos del secretario regional de UGT, Manuel Pastrana.

El abogado también señaló como otro aspecto que perjudicará a los inmigrantes en Andalucía la exclusión de los trabajadores autónomos, excepto las empleadas de hogar. Además, el empresario agrícola debe presentar un contrato de al menos tres meses de duración con un inmigrante para una sola campaña, lo que dada la duración de las campañas sólo podría alcanzarse en el caso poco frecuente de un mismo empleador con dos cultivos.

El dispositivo de regularización cuenta en Andalucía con 16 puntos repartidos por las ocho provincias, donde los empresarios deberán presentar la solicitud para su empleado, acompañado de contratos que varían según el sector. La administración ha dispuesto teléfonos de cita previa y correo electrónico.