Sin límites ni esperas inútiles
La rápida rectificación del secretario de Política Institucional del PSOE, Alfonso Perales, no ha apagado el eco de sus anteriores afirmaciones. En un primer momento dijo que "sería razonable esperar a la reforma del Estatuto catalán para abordar la del Estatuto andaluz". Estas palabras, contienen lo que empieza a ser una evidencia desde hace casi un año: Andalucía está perdiendo peso político en el conjunto del Estado. Durante el Gobierno de Aznar, tanto el Gobierno andaluz como el Parlamento de Andalucía manifestaron un alto espíritu reivindicativo, en lo referido a competencias de gestión, a modelos de financiación (incluyendo la demanda de la deuda histórica) como en el plano político. De hecho, fue la primera comunidad que se planteó la reforma de su Estatuto.
Es conveniente preguntarse qué ha ocurrido en este tiempo para situarnos en la sala de espera de las demandas políticas. Euskadi y, próximamente Cataluña, ponen sobre la mesa sus propuestas, más o menos respaldadas por la ciudadanía. Euskadi se decanta por un estatuto de libre asociación con fuertes privilegios económicos, fiscales y de interlocución con Europa. Por su parte, Cataluña ha dejado para el final los aspectos económicos y fiscales de su Estatuto. De esta propuesta tuvimos un anticipo en la única voz catalana en el Congreso de los Diputados que lo hizo sin tapujos. Dijo Durán Lleida (CIU) que Cataluña tiene un "déficit fiscal del 8% con el Estado" y que no consentirían un déficit superior al 4%. Es decir, que se quieren quedar con la mayor parte de la recaudación que se haga en Cataluña. Por su parte, la Comunidad de Madrid no habla, ni se plantea reformas estatutarias, pero es el verdadero beneficiario de un modelo de financiación como el actual que, gracias a la voluntad centralista del Gobierno de Aznar, les concedió un exceso de recaudación en torno al 40% de los ingresos necesarios para pagar sus servicios.
Frente a ello Andalucía habla con una débil voz, más pedigüeña que reivindicativa, apelando a la solidaridad en el conjunto del Estado, sin atreverse a poner sobre la mesa sus verdaderas necesidades, jugando al peligroso juego de no reconocer las deficiencias en renta y en servicios que padecemos los andaluces. Cuando las demás comunidades ponen sobre la mesa los saldos fiscales, la falta de financiación del sistema sanitario, la participación de los fondos europeos -que nos conceden, además, por la falta de convergencia económica de Andalucía-, inventando "deudas históricas" con sus territorios; el Gobierno andaluz renuncia a una nivelación específica (la deuda histórica) que tiene reconocida por ley y retrasa su estatuto.
No ganamos nada los andaluces abrazándonos a la inmovilidad de una Constitución que, por cierto, relegaba a Andalucía a una autonomía de segunda. No ganamos nada con ser ecos lejanos de las demandas de otras comunidades. Deberíamos estar en el primer lugar de la reivindicación, tanto competencial como económica, y urgiendo una reforma federal si no queremos que se imponga una reedición de la alianza entre el centro y el norte similar a la de finales del siglo XIX, pero privándonos ahora de la financiación de los servicios y de las infraestructuras. Nuestras demandas no pueden resumirse en la palabra "solidaridad", un término que puede entenderse en el sentido de que alguien nos "ayuda o nos cede recursos". Nuestra exigencia no es de solidaridad, insisto, sino de justicia.
Concha Caballero es portavoz de IU.
