Admitida a trámite una querella contra Emilio Botín por presunto delito ecológico

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles, Ricardo Rodríguez Fernández, ha desestimado el recurso interpuesto por el presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y por el consejero delegado del mismo banco, Alfredo Sáenz Abad, contra su decisión de admitir a trámite la querella contra ellos por presunto delito ecológico en la ciudad financiera de la entidad, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte (Madrid).

El juez les investiga por haber ordenado la construcción, sin los preceptivos permisos, de un pozo cuya agua es utilizada para regar el campo de golf existente en el complejo, y ya ha solicitado diversa documentación a la Confederación Hidrográfica del Tajo para aclarar los hechos denunciados.

En su recurso, Botín y Sáenz aludían a los "intereses espúreos" perseguidos por el querellante, el abogado Francisco Franco Otegui, que es accionista del banco y ha impulsado otros procedimientos judiciales contra el banquero, como es el "caso de las jubilaciones" que se juzga actualmente en la Audiencia Nacional.

Según el instructor, este motivo no es suficiente para inadmitir una querella. También señalaba Botín que, en todo caso, la responsabilidad por el uso inadecuado del pozo de riego debería corresponder a la empresa Centros de Equipamiento Zona Oeste SA (CEZOSA), que es la que explota la instalación.

El juez señala en su auto que "es público y notorio" que los terrenos sobre los que se han realizado las presuntas actividades delictivas pertenecen al SCH, presidido por Botín, por lo que debe desestimar este motivo de su recurso, "sin perjuicio de la comprobación del capital social y consiguiente averiguación de la pertenencia y adscripción del Consejo de Administración de la mercantil referida".

A lo anterior se añade la condición de Franco Otegui como accionista del SCH, "ya que en tal condición sí puede resultar perjudicado por cuanto, de existir una sentencia condenatoria del querellante por los hechos imputados, se derivaría una responsabilidad civil que, sin duda, satisfaría el SCH y, en consecuencia, todos y cada uno de los accionistas del mismo", incluido el letrado, "que vería menguados sus beneficios".

En una providencia dictada el pasado viernes, el juez Rodríguez solicita a la Confederación Hidrográfica del Tajo que certifique si para regar el campo de golf construido en la ciudad financiera se está utilizando agua potable o reciclada y, en este último supuesto, el origen de la misma y si su uso es contrario a la regulación.

También pide el número de pozos existentes en el complejo financiero e información sobre los expedientes sancionadores abiertos por obras en el recinto.