Discriminación por edad

Mi compañera y yo tenemos 36 y 35 años. Yo llevo viviendo 10 años de alquiler, ocho de ellos con ella. Con 26, ni mis ahorros -provenientes de trabajos hasta ese momento siempre con contratos temporales-, ni mis ingresos, ni mis expectativas, me permitieron plantearme acceder ya entonces a la compra de una vivienda.

Ambos nos fuimos a vivir fuera de nuestra ciudad, Madrid, porque alquilar un piso allí era imposible. Desde entonces, hemos seguido trabajando, hemos pasado cada uno dos años en paro en los que nuestros ahorros menguaron, con lo que la perspectiva de comprar un piso se hizo más lejana, y nos hemos hecho autónomos. Nuestros gastos, tras dos años, aún superan nuestros ingresos. Para colmo, en la última reforma del IRPF perdimos la posibilidad de deducir el 15% del alquiler. Ahora nos hemos planteado tener hijos y cambiar de casa, pero la combinación de los precios de los pisos, de nuestros ahorros y de nuestros ingresos nos deja completamente excluidos de hecho del mercado de vivienda libre, tanto nueva como de segunda mano. Y como excluidos, creímos que podríamos acceder a algún tipo de ayuda pública o algún piso de protección. Pero no.

¿La razón? Las administraciones nos discriminan o, sencillamente, nos descartan, por el hecho de tener más de 35 años. El Ayuntamiento de Madrid, del PP, favorece en su baremo de acceso a los menores de esa edad -y nos impide a nosotros, directamente, por haber estado empadronados fuera durante unos años, acceder a una vivienda municipal (viva la movilidad laboral que pregonan algunos)-. Nuestro Ayuntamiento -PP también- no hace planes de vivienda pública. Y la Comunidad de Madrid, igualmente "popular", y, lo que realmente nos indigna, el Gobierno central -supuestamente progresista- no sólo preparan dinero público para propietarios de viviendas vacías, sino que sus planes de vivienda son sólo para menores de 35 años.

No estamos en contra de que se facilite el acceso a la vivienda a los "jóvenes" ni de que se incentive el alquiler de pisos. Pero creo que resulta políticamente injusto, socialmente retrógrado y económicamente absurdo que sea a costa de dejar excluidos de la acción pública a muchos por el mero hecho de haber nacido antes de tiempo.