Una auditoría revela irregularidades en contratos del Gobierno de Aznar

El Tribunal de Cuentas ha detectado un amplio listado de deficiencias en los modos de contratación del Gobierno de José María Aznar entre los años 1999 a 2001. Para ello, ha analizado 3.681 expedientes, por un monto de 12.830 millones de euros, el 85,5% del importe total. El capítulo de quejas es muy diverso pero, en general, se traducen en mermas de la concurrencia, retrasos y encarecimientos que perjudican al erario público.

- Numerosos órganos incumplieron su deber de enviar los contratos al Tribunal de Cuentas.

- Se desconocen los pliegos de cláusulas o no fueron aprobados; y se usa la vía urgente sin estar justificada.

- Se utilizan incorrectamente los requisitos de solvencia o de experiencia para adjudicar contratos, lo que "supone una práctica limitativa de la competencia".

- La falta de fiscalización previa del gasto obligó en ocasiones a que tuviera que ser convalidado por Consejo de Ministros.

- El tribunal ha verificado "fraccionamientos injustificados" de los contratos, "lo que ha podido permitir, en su caso, eludir limitaciones presupuestarias y determinadas autorizaciones".

- Un elevado número de contratos de obras presenta retrasos en el inicio y ejecución, prórrogas, expedientes complementarios y modificados. Y se ha constatado el incumplimiento de los plazos de ejecución imputable a los contratistas sin sufrir las penalizaciones previstas. "Todas estas circunstancias suponen retrasos e incremento de los costes, con el consiguiente perjuicio para el interés general".

- Muchos problemas surgidos en obras obedecen a que las "actuaciones preparatorias se habían realizado sin el rigor y la precisión exigibles, limitándose los responsables a un cumplimiento meramente formal en detrimento de la eficacia y economía". Aparte del diagnóstico global, el informe detalla las anomalías por departamentos.

- Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuatro de sus organismos no enviaron sus contratos, incluidas dos secretarías generales. Usó la experiencia para adjudicar y, por contra, no exigió solvencia a los proveedores. La falta de fiscalización previa obligó al Consejo de Ministros a convalidar contratos de consultoría.

- Medio Ambiente. Dos organismos, incluida la subsecretaría, no remitieron sus contratos. La Dirección de Costas no justificó en una decena de contratos, por más de 2,6 millones de euros, su tramitación urgente. O alegó emergencias para situaciones que sólo eran fruto de demoras acumuladas. En 17 contratos, la dirección de Obras Hidráulicas incumplió el deber de fiscalización previa y tuvieron que ser convalidados por Consejo de Ministros. El informe también denuncia el uso decreciente del sistema de subasta, a pesar de que con este sistema logró rebajas de hasta el 30,5% del presupuesto.

El informe detecta una deficiente preparación de obras que provoca retrasos bendecidos con amplia indulgencia: en 68 expedientes, por 287 millones, se concedieron 96 prórrogas. Y se denuncia "la práctica irregular y frecuente" de tramitar sucesivos modificados y obras complementarias procurando que su monto no supere el tope del 20% de incremento ni impida adjudicarlo sin publicidad ni concurrencia.

- Fomento. Esgrimió con frecuencia razones de urgencia que no justificó y que contradijo con posteriores prórrogas. La Abogacía del Estado formuló, sin éxito, observaciones a 50 contratos porque utilizaban como criterios de selección aspectos como la solvencia de la empresa o sus medios materiales. El tribunal señala que la Dirección de Carreteras no motivó la aceptación o rechazo de las ofertas presuntamente temerarias; o no aportó la valoración de las proposiciones, lo que impidió su fiscalización; y tampoco brindó la documentación relativa a las 63 prórrogas concedidas sobre 60 contratos por un monto de 623 millones. También aquí se registra "la práctica irregular y frecuente de tramitar sucesivamente modificados", que, sumados, llegan a suponer un incremento del 39,5%.

- Trabajo. Sus organismos cometieron un amplio rosario de irregularidades: las mismas tres empresas licitaron y lograron el programa de viajes del Imserso en los tres años. Se realizaron fraccionamientos prohibidos, caso de alguna campaña publicitaria; se abusó de la externalización de datos confidenciales y de las prórrogas; no se primó la oferta más baja; se abrieron sobres de ofertas antes del acto público de licitación; se omitió la petición de ofertas de proveedores y se otorgaron contratos en contra del interventor y del asesor y se malvendieron inmuebles.

- Hacienda. Contrató consultorías y campañas publicitarias por urgencia sin justificarlo.

- Administraciones Públicas. Ninguno de sus organismos remitió los contratos de 2001. Por tanto, se desconoce el alcance de los contratos celebrados en el ámbito del MAP. En lo contratos de otros ejercicios ofrecía defectos como la ausencia del informe técnico que soportaba la adjudicación, o faltaba la valoración de las ofertas.

- Asuntos Exteriores.

Las incidencias que destaca el informe se concentran en los expedientes de suministro de ayuda humanitaria de emergencia y de asistencias técnicas. Algunos organismos no remitieron sus contratos, lo que impidió la evaluación del cumplimiento legal.

- Defensa. No aportó las ofertas presentadas para contratar vestuario y publicidad, lo que impidió formular un juicio. Igual ocurrió con el seguro de responsabilidad civil de los sanitarios militares. En materia de obras, el informe denuncia casos de subrogación muy por encima del tope legal. El organismo Servicio Militar de Construcciones no ha remitido ninguno de sus encargos de obras, que suponen un monto de más de 94 millones de euros.

- Interior. Cinco organismos (Infraestructuras, Delegación para la Extranjería, Plan Nacional sobre Drogas, Protección Civil y Tráfico) incumplieron su deber de remitir todos sus contratos. Los analizados descubren vicios, singularmente en las campañas de publicidad de Tráfico: no se brindan las ofertas de los licitadores, "imposibilitando la valoración del procedimiento de adjudicación"; y en una subasta se observa que "mientras que tres cadenas que abarcan el 61,2% de la audiencia reciben el 85% de los recursos, las dos restantes, con unos índices de audiencia tan sólo del 1,06% y del 0,33%, reciben en conjunto el 15% del gasto publicitario".