La Inspección de Trabajo aflora 6.500 empleos sumergidos
La actuación de la Inspección de Trabajo en la Comunidad Valenciana permitió aflorar el pasado año 6.429 empleos sumergidos, prácticamente la misma cifra que la destapada el pasado año, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. No obstante, la cifra de 2004 no incluye los datos recabados en diciembre. A falta de incluir el último mes, el importe de las sanciones a empresas valencianas por esta cuestión ascendió a 11,7 millones de euros.
Los sindicatos alertan de que el volumen de empleo aflorado por Trabajo está muy alejado de la extraordinaria economía sumergida de la Comunidad Valenciana que, según CC OO, sólo los sectores manufactureros, esencialmente el calzado y el textil, alcanza entre el 20% y el 30% de su producción. El secretario de Acción Sindical de UGT en la Comunidad Valenciana, Carlos Calero, argumenta que el "insignificante" dato de empleo aflorado por la Inspección se justifica en que el órgano laboral sólo actúa a instancia de parte, es decir, por denuncia del interesado. "El Gobierno debería hacer planes específicos, fundamentalmente en la provincia de Alicante", comenta Calero. En esta provincia, Trabajo afloró el pasado año 3.544 empleos sumergidos, de los que 699 eran extranjeros sin permisos de trabajo. El volumen de las sanciones fue de 5,2 millones de euros. En Valencia, Trabajo detectó 2.055 trabajos irregulares, de ellos 474 inmigrantes sin papeles, y multó a las empresas afectadas con 3,5 millones. En Castellón, la actuación se redujo a 830 trabajos irregulares, y la sanción de las multas giradas ascendió a casi tres millones de euros.
Empleadas de hogar
Según fuentes sindicales, Alicante es la provincia española con la mayor bolsa de economía sumergida en España. Sólo como empleadas de hogar extranjeras, la cifra de trabajadoras sin estar dadas de alta en la Seguridad Social asciende a 40.000. Pero la precariedad se enquista en sectores como la agricultura, la construcción, el sector manufacturero (calzado, textil) y, en los últimos años, en el sector servicios. Esta realidad también se deduce, según Carlos Calero, por la elevada facturación de empresas manufactureras que no se corresponde con su plantilla legal de trabajadores.
El empleo clandestino ha sido durante décadas el principal caballo de batalla de los sindicatos, que advierten de que el fraude laboral acarrea contrataciones por debajo de los derechos de los trabajadores y en perjuicio de la Seguridad Social. El nuevo Reglamento de Extranjería prevé mitigar la bolsa de empleo sumergido. De los 6.429 empleos irregulares aflorados, 4.494 corresponden a trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, 1.648 son ciudadanos extranjeros sin permisos de trabajo, y 277 compatibilizaban indebidamente el trabajo con la percepción de una prestación.
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