La asamblea de vecinos reúne un millar de personas y tacha de prepotente al Ayuntamiento

Más de 1.000 personas asistieron ayer a la asamblea convocada por la asociación de vecinos. Se empleó un lenguaje crítico y combativo. Se prodigaron críticas sobre todo al consistorio barcelonés, a cuyos responsables acusaron de tener una "actitud prepotente". "Hoy han tenido su pleno. Les hemos invitado a que vengan aquí a informarnos y lo han rechazado", se quejó el presidente de la entidad, Fernando González. Fuentes municipales dijeron que el Ayuntamiento no acudió por tratarse de una asamblea vecinal, actos a los que no suelen asistir.

Organización dentro de lo posible en "una situación muy grave". La Asociación de Vecinos del Carmel creará una comisión técnica elegida por los presidentes de escalera para que elabore un informe pericial independiente. Este documento, que tendrá cada inmueble, será la prueba de los vecinos para efectuar posibles reclamaciones.

"Nos tratan como a ladrones en nuestras propias casas. Hemos intentado sacar cosas y nos lo han hecho pasar fatal", comentaba un vecino del pasaje de Calafell. En cambio, agradecieron la labor de los efectivos desplegados en la zona.

Los vecinos pedirán responsabilidades políticas, y avanzaron que si es necesario saldrán a la calle. Pero ahora la prioridad es la seguridad de las viviendas. Por ello, la asociación pidió una reunión de emergencia con el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, y el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Xavier Casas.

Problemas con las hipotecas

José Molina, abogado de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), hizo hincapié en los casos más problemáticos. "Miren sobre todo si tienen pólizas de seguro y si cubren todo lo que tiene el inmueble", recomendó. "Se debe pedir a las administraciones que medien los casos de hipotecas para que suspendan los pagos", añadió.

González aseguró que la entidad ya se ha puesto en contacto con un geólogo independiente y advirtió a los vecinos que la totalidad de los traslados no se completará antes de cuatro meses. Sin embargo, la unidad que pidió González se resquebrajó en algún momento de la reunión. Hubo críticas a la entidad por no haberse organizado antes, aparecer tarde y por conocer el trazado del túnel de maniobra. La entidad rechazó estas acusaciones.

Por su parte, los vecinos del edificio derribado el pasado martes, en el número 20 del pasaje de Calafell, no hablaron hasta ayer, pero dejaron clara su posición. En una reunión celebrada por la mañana, reclaman que la Generalitat les garantice "por escrito" que levantará un nuevo el edificio en el solar donde vivían. Hasta que no dispongan del documento, aseguraron, no ocuparán pisos puente. No todas las 12 familas que vivian en el edificio derribado quieren volver al mismo lugar -aunque sí la mayoría-, pero la abogada de los afectados, Montserrat Serrano, recordó que la petición de un solo propietario ya obliga al Gobierno a construir viviendas en la misma ubicación.

"Vivía allí desde que me casé, hoy hace 22 años, en el edificio que construyó mi padre. Estábamos en el 4º 1ª del número 10, uno de los pisos por donde empezó la demolición. Para mí tiene un gran valor moral que no me lo podrán pagar, pero queremos un piso en el mismo solar, con el mismo material y todo cuanto había en ella", dijo una vecina.

"Hace un año y medio que renovamos medio piso", prosiguió, "y ahora nos hemos quedado sin nada. Estos días hemos oído decenas de promesas de los políticos. Clos nos dio su palabra, pero lo queremos por escrito y firmado".

"Ahora hay la propuesta del Ayuntamiento para entrar a vivir en pisos que no están asignados. Pero no lo haremos hasta que no haya una solución global y satisfactoria para todos los vecinos", explicó Serrano, que forma parte de la cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda, que representa a las 12 familias del inmueble y a la tienda ubicada en el local de los bajos, que vendía ropa infantil.