Elección directa de alcaldes
Asistimos en las últimas semanas a un baile de alcaldías que genera una profunda confusión en la ciudadanía, dejando en ella una imagen nada gratificante de la vida política en general y de los políticos en particular. Esto, a escasas fechas del referéndum de la Constitución europea, se traduce, como efecto colateral, en apatía y, por ende, puede significar abstención, el mayor enemigo para la vigorización de ideas, modelos y proyectos. Se hace necesario dar mayores impulsos de consolidación democrática y esto supone, entre otros aspectos, dotar de mayor credibilidad a la forma más cercana de hacer política, a saber, la política municipal.
Nuestros líderes deben dar un paso al frente, con valentía, y modificar todos los aspectos legales que están distorsionando y sombreando la actividad pública. El objetivo es impedir que el presente y el futuro de los municipios queden en manos de matices que nada tienen que ver con la búsqueda del interés general. Deben cerrarse puertas a los caprichos e intereses personales, que son capaces, por legales, de modificar el rumbo, o el signo, de un gobierno municipal. Esto entorpece el normal desarrollo de nuestras ciudades y pone a sus corporaciones al filo del abismo, en función de que tal o cual personaje se enfade o se cambie de bando, movido por pasiones personales. Es prioridad inexcusable para los grandes partidos posibilitar la elección directa de alcaldes; dejando fuera de juego, de una vez por todas, el transfuguismo o los pactos "antinaturales".
Eso sí, una ley en ese sentido debe dotar a la oposición municipal de mayores ámbitos de control de los gobiernos emanados de las urnas. Cuando ejercemos nuestro derecho al voto, con listas cerradas, votamos a las siglas y no a las personas. Cuando alguien, una persona interesada, cambia el rumbo de un gobierno, al dejar el partido por el cual fue elegido concejal, traiciona los principios básicos de la democracia; paralizando, como ha ocurrido en Bormujos y otros pueblos, proyectos sólidos, cuentas nítidas y gobiernos claros. Se produce una trasgresión de la credibilidad política, siendo esto inaceptable. Urge dotar a los ciudadanos de gobiernos fuertes para llevar a cabo sus programas, bajo el control férreo de una oposición enérgica y bajo la atenta mirada de la ley.