Las diputaciones, esa rémora clientelar

Las diputaciones provinciales valencianas son a menudo noticia y también lo han sido esta semana por motivos similares, aunque no novedosos. Algo que no debe sorprender ni incordiar a sus gestores, pues la política clientelar o el uso de la corporación como pesebrera para parientes y recomendados, tal cual vienen denunciando los medios informativos, es una vieja corrupción que los gobiernos de todo color se han limitado a prolongar sin rubor ni reparos democráticos. Lo llamativo en esta ocasión es que los titulares de los referidos entes, profesos del PP, hayan coincidido en el tiempo y en la naturaleza de la irregularidad, ya rutinaria.

En Alicante, el presidente José Joaquin Ripoll ha contratado a la sobrina del ex alcalde de Alcoi, José Sanus, por el notable mérito de haberle facilitado la mayoría consistorial al PP de aquel municipio. Amor con amor se paga, aunque sea a cargo del contribuyente. Lo grave de este episodio es que nos evoca necesariamente aquel otro protagonizado por la asimismo felona tránsfuga socialista Maruja Sánchez, que propició la alcaldía de Benidorm a Eduardo Zaplana y, además, delató las vilezas que pueden cometer algunos individuos y partidos. Una vileza de la que, al parecer, espera vivir vitaliciamente con la holgura de un cura con dos parroquias. Abundando en estos tráficos no parece que pueda mejorar el mellado crédito de la clase política.

Por el norte, el inefable y presunto Carlos Fabra, el linajudo presidente corporativo, acaba de completar una extraordinaria cohorte de 26 asesores que le cuestan 730.000 euros anuales a las arcas públicas, que en realidad pueden considerarse las suyas propias por la ósmosis que se ha generado entre el organismo administrativo y su gestor. Lo curioso del caso es que haya mesas, sillas y tajo laboral para todos, aunque también pudiera ocurrir que no lo necesiten, pues tan vagarosa sinecura se puede cumplimentar desde casa. Precedentes no faltan y probablemente se podrían constatar sin salir de Castellón y del entorno del partido gobernante.

En sintonía con estas dos referencias, el ex falangista auténtico y presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, ha de pechar con el escandalillo que le ha estallado al hacerse pública la lista de personas que cobran de la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local, SA), pero que rinden o no rinden servicios en otros destinos para los que han sido elegidos en gracia a sus relaciones o nexos personales. En total son 50 o pocos más. Una ligera fiscalización de la plantilla total nos pasmaría por la cantidad y filiación de la gente acogida a estas ubres burocráticas. Prodigioso se nos antoja que queden recursos para asfaltar un camino o llevar el agua a un villorrio, cometidos corporativos antes de que el amiguismo, el protocolo, la ineficiencia y los desvelos culturales dejasen en mantillas l'ajuntament dels ajuntaments.

No diré yo que todas estas trapacerías sean ilegales, pero resulta obvio que claman al cielo, como escribía Paul Krugman acerca de las grandes empresas engañosas de los USA. Sin embargo, a pesar de la evidencia, las diputaciones siempre han tenido algún aguerrido defensor, al margen de que la derecha política las considere como órganos pertinentes y propios. En Alicante, uno de sus heraldos ha sido el escritor Vicente Ramos, inventor del "sureste" y debelador de Joan Lerma por pancatalanista. Que Santa Lucía le conserve todavía la vista. En Castellón, otro periodista, Francisco Más, también fue en su día ariete de los límites provinciales y aducía inercias históricas. A la postre, más que afirmar el terruño, lo que uno y otro hacían era ponerse a la defensiva de un cap i casal que sólo latía en sus mentes.

De ahí la sorpresa que ha supuesto la propuesta del presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido, coincidente con otros, en el sentido de ir haciendo camino para la desaparición de las Diputaciones, una secuela administrativa anacrónica que hoy debe suplirse por la Generalitat. Es un trayecto largo que pasa por la reforma de la Constitución, de la que se desprenderá como un precepto inútil. Otra cosa será que su desaparición acabe con el apesebramiento y el nepotismo, que eso es otro cantar.