45 días en la cárcel por dos 'noes'

Si un indulto no lo remedia, Francisco Javier M. J deberá ingresar en prisión durante 45 días por haberse negado ante un superior a meterse en un desván de reducidas dimensiones, ya que padecía claustrofobia. Un ejemplo más de las consecuencias de la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles -cuyo régimen disciplinario se ha comprometido a reformar el Gobierno este año-, que se suma al de compañeros que tuvieron que entrar en la prisión militar de Alcalá de Henares por delitos tan graves como faltar unos minutos del puesto de trabajo para comerse un bocadillo o para felicitar la Nochebuena a unos compañeros.

"Normalmente, cuando se aplica el Código Penal Militar, los compañeros no pueden asumirlo y se dan de baja por depresión", explica Antonio Gaspar, delegado en Málaga de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que añade que en 2003, el 18% de la plantilla de Andalucía se encontraba de baja por esta causa. Es el caso de Francisco Javier, de 43 años y con dos hijos, de 17 y 12 años, que recibe además tratamiento psiquiátrico desde octubre de 2002, a raíz del procedimiento. Con miedo a que aparezca su nombre completo, accede a relatar su situación, mientras espera a que el tribunal decida si le concede o no la suspensión del ingreso en prisión en tanto se resuelva su petición de indulto.

El Gobierno anunció que reformará el régimen disciplinario del cuerpo en 2005

En la Guardia Civil desde hace 24 años, Francisco Javier asegura que nunca antes había sido sancionado. En 2001, y como secuela de su separación, su médico de cabecera le diagnosticó claustrofobia, aunque no lo comunicó en su trabajo porque pensó que "era una cosa personal". Destinado en la intervención de armas de Vélez-Málaga, recibió en mayo de 2002 la orden de su superior, cabo primero, de subirse a un desván de escasa altura en el que sólo se podía estar sentado o encorvado, para colocar unas armas. "Le dije que no subía porque tenía claustrofobia. Me volvió a ordenar que subiera, y le dije otra vez que no. Me contestó, '¿entonces no subes?', y ahí quedó la cosa", cuenta.

Pero no quedó ahí. Al poco tiempo, se le comunicó la apertura de un expediente disciplinario, en principio por una falta. Pero el trámite obliga a notificarlo al fiscal jurídico militar. "El problema es que el Ministerio Fiscal pidió que se instruyera sumario por un posible delito de insubordinación, y siguió adelante", explica Rafael Zorrilla, abogado de Francisco Javier.

La sentencia, dictada en junio de 2003 por el Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, da por probada la existencia de un diagnóstico previo de que el acusado padecía un "temor persistente e irracional a quedarse solo o estar en espacios cerrados". Pero el tribunal considera que, al no encontrarse de baja ni "limitado facultativamente para el servicio encomendado", tenía la obligación de cumplir la orden.

Además, no da credibilidad a que la fobia "haya tenido una influencia relevante" en los hechos, ya que el diagnóstico se hizo más de un año antes, y el médico de Francisco Javier no es especialista en psiquiatría ni creyó necesario remitirle a uno, "lo que hace concluir que el padecimiento no tenía una especial gravedad". "Si hubiera subido, me hubiera podido desmayar y caer de ahí", dice sin embargo el guardia civil, que describe otros síntomas de su fobia, como los mareos y la sudoración.

Francisco Javier fue condenado a tres meses y un día de prisión por un delito de desobediencia, aunque el propio tribunal solicitó de oficio un indulto parcial al Gobierno, dado "el perfil psicológico del condenado, la escasa repercusión en el servicio" de los hechos y "su escasa publicidad". Este indulto, concedido el pasado 26 de noviembre, rebaja la condena a un mes y 15 días de prisión.

Tras la ratificación de la sentencia por el Tribunal Supremo, la única vía para que Francisco Javier no entre en prisión es que el Gobierno conceda un indulto total, ya que el régimen disciplinario militar no contempla la suspensión de condena cuando la pena es inferior a los dos años y el condenado no tiene antecedentes, como sucede en el ámbito civil. Su abogado cree que, a la vista del indulto parcial y del voto particular emitido por uno de los magistrados del Supremo, que considera que la sentencia debería ser absolutoria, "se dan todos los elementos" para lograrlo.

Mientras tanto, Francisco Javier, hijo de guardia civil, al que siempre le ha gustado su trabajo, trata de vencer la angustia que le provoca la incertidumbre de no saber si tendrá que perder la libertad durante mes y medio por una falta de servicio.