Casi 200 candidatos pugnan por nueve plazas del Supremo con el nuevo sistema de elección

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (11 de los 21 vocales) está obligada, por primera vez, a pactar con otros consejeros de ese organismo para sacar adelante los nombramientos de los magistrados que cubrirán en el Tribunal Supremo nueve vacantes, para las que han presentado su candidatura 196 jueces. Hasta ahora, los acuerdos se podían tomar por mayoría simple, pero la modificación legal impulsada por el Gobierno y apoyada por todos los grupos excepto el PP exige una mayoría de tres quintos en el Consejo (13 de los 21 miembros).

El nuevo sistema de elección ha despertado las expectativas de numerosos jueces para ocupar las vacantes en el Supremo, hasta el punto de que en algunos casos se ha triplicado el número de aspirantes respecto de la anterior ocasión.

Ante el aumento de la mayoría requerida para acordar los nombramientos, los miembros del sector mayoritario, y conservador, del Consejo General del Poder Judicial han decidido "pedir opinión" a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre los jueces que deben ser nombrados para cubrir las nueve vacantes, según Javier Laorden. Los nombres de los candidatos serán remitidos por el CGPJ al Supremo a comienzos de febrero, según fuentes cercanas al Consejo.

"A los jueces los seguirá eligiendo el Consejo, pero si no nos ponemos de acuerdo una posibilidad es dirigir los nombres de todos los aspirantes al órgano de gobierno del Supremo para que éste dé su opinión sobre los mejores", destacó Laorden. Otras fuentes judiciales precisaron que la Sala de Gobierno del Supremo está integrada "muy mayoritariamente" por jueces afines al sector conservador.

Laorden manifestó que está "en desacuerdo" con la nueva ley que obliga a que los nombramientos se hagan con el respaldo de los tres quintos de los miembros del Consejo, si bien precisó "que una vez aprobada la ley, nosotros tenemos que cumplirla, y así se hará". Aun así, confía en que los distintos sectores se pondrán de acuerdo "para elegir a los mejores". "Y en la búsqueda de los mejores", agregó, "estoy convencido de que nos vamos a poner de acuerdo".

"Distribución por cuotas"

Laorden sostiene, no obstante, que el sistema de mayorías reforzadas para este tipo de nombramientos "puede convertirse en una distribución" de plazas "por cuotas" y que eso podría generar retrasos en las designaciones, "aunque no es lo deseable". "Uno de los riesgos es que en lugar de que entre todos busquemos un consenso sano, busquemos un consejo de cuotas de participación", lo que puede "desvirtuar el sistema y hacer aflorar intereses espúreos", añadió.

Para Laorden, "es importante objetivizar sistemas de acceso al Tribunal Supremo". ¿Y cómo se puede objetivizar? "La Ley Orgánica del Poder Judicial", explica, "permite la posibilidad de que el Consejo se dirija al órgano de gobierno del Tribunal Supremo y pida opinión; ellos, los jueces del Supremo, que son los que resuelven los recursos de casación, saben quiénes son los mejores".

Juan Carlos Campo, vocal del sector progresista, discrepa de esos planteamientos. Señala que el que se haya triplicado el número de aspirantes a cubrir las vacantes indica que la nueva ley "ha vivificado la democracia interna del Consejo" y "ha traído una nueva ilusión". Campo no cree que se vaya a producir un bloqueo en los nombramientos, ya que se respetará "la sensibilidad de la mayoría". "Y además", insistió, "nuestro sentido de la responsabilidad nos llevará a lograr acuerdos".

Asimismo, añadió que la necesidad de consensuar los nombramientos fomentará "el necesario diálogo dentro del Consejo" y ayudará a cambiar "la percepción que tiene la sociedad del Consejo como un órgano fracturado".

La nueva ley "va a crear una nueva cultura de consenso y diálogo dentro del Consejo", opinó. Campo defendió que no es "una buena idea" que se consulte al Supremo sobre los nombramientos, puesto que "el Consejo tiene que ser vigoroso en la defensa de sus competencias" y, además, el Supremo no tiene información sobre los jueces. "Es el Consejo, y en todo caso las salas de gobierno de los tribunales superiores, los que disponen de información sobre los jueces, pero no el Supremo", explicó. Campo hizo un llamamiento para que el diálogo se extienda a otros nombramientos -por ejemplo, presidentes de Audiencias provinciales- en los que basta la mayoría simple, que poseen los conservadores.

El presidente del Consejo, Francisco José Hernando, ha señalado que "el proceso debe estar inspirado por los principios de mérito y capacidad, como corresponde a las más altas instituciones de la Justicia". A ese respecto, fuentes judiciales han recordado que los vocales conservadores del CGPJ, entre ellos Hernando, se ampararon en su mayoría, antes del cambio legislativo, para imponer a Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, "ladeando a Baltasar Garzón y Alfonso Guevara, que tenían mejor currículo y consideración de sus compañeros".