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Jaque a la UVI bancaria

La sentencia del Banco de Valladolid deja sin patrimonio al Fondo de Garantía

Íñigo de Barrón

Es difícil encontrar otro caso igual. Los juristas expertos en temas bancarios reconocen que sólo José María Ruiz Mateos (amigo y socio en varios negocios de Domingo López Alonso) le ha hecho sombra. López Alonso, hombre polifacético nacido en León en 1912, fue propietario del Banco de Valladolid, entidad que quedó bajo la tutela de la Corporación Bancaria (antecesor del Fondo de Garantía de Depósitos) en 1978. La entidad tenía un balance de 32.000 millones de pesetas (192 millones de euros), cantidad muy inferior a la que ahora reclama su dueño.

Después de 26 años de decenas de litigios, salpicados de polémicas y actuaciones oscuras, un juez,

Joaquín Ebile Nsefum, acordó la pasada semana que se le entregaran a López Alonso 1.022 millones de euros, el 80% del patrimonio del Fondo reunido tras 26 años de aportaciones.

El 62% del riesgo estaba concentrado en empresas de la familia López Alonso
El juez ha pedido que se paguen 1.021 millones al antiguo propietario de la entidad

Para valorar lo sucedido hay que remontarse a los primeros años del franquismo. Domingo López Alonso empezó de picador en una mina de León y acabó, a finales de los ochenta, con un emporio de empresas y un banco, el de Medina, que posterior llamó Banco de Valladolid. Además, fue concejal en el Ayuntamiento de León y fundador del diario ultraderechista El Imparcial.

Con la llegada de la democracia empezaron sus problemas. Entre 1977 y 1978, el Banco de España detectó graves irregularidades en el Valladolid. A principios de 1978 se acordó que Domingo López (que controlaba el 64% del capital) dejara la presidencia en favor de Vicente Calderón, el que fuera presidente del Atlético de Madrid, pero éste, acosado por el dueño del capital, desistió. Calderón advirtió al supervisor de la concentración de riesgo de la entidad con las empresas de Domingo López y de José Luis Pinto Fontán, constructor de Madrid.

El Banco de España estableció que el 62% del riesgo estaba concentrado en empresas de la familia López Alonso, parte de ellas en quiebra. Para solucionarlo, el supervisor diseñó un curioso sistema: las buenas empresas debían asumir las deudas de las malas. Acto seguido, el Valladolid entregaba alrededor de 6.000 millones de pesetas de entonces a las empresas buenas, que se lo trasfirieron a las malas y en ese momento el banco se quedó sin morosidad.

Domingo López, con plenos poderes, aceptó el acuerdo, pero cuando llegó el momento de hacer las transferencias, no las envió a sus empresas quebradas sino a otros destinos. Resultado: se vacía de capital el banco y queda abocado a la quiebra. El 1 de diciembre de 1978, tras un duro forcejeo, Corporación Bancaria compra el 63% de las acciones de Domingo López por una peseta por título, es decir, cinco millones de pesetas. Pero al entrar en los despachos se descubrió que habían desaparecido los resguardos de las transferencias. Se sospechó que Domingo López se llevó los 6.000 millones, pero, por razones no aclaradas, nunca se le denunció ante la Fiscalía.

Lo más rocambolesco del asunto es que Domingo López empezó a pleitear contra el Fondo pidiendo los resguardos de las transferencias desaparecidas, así como fuertes cantidades de dinero que supuestamente había aportado para sanear el banco. Este episodio es clave, ya que explica la decisión del juez de indemnizar a Domingo López con los 1.022 millones.

Mientras tanto, se inyectaron 2.000 millones de pesetas al Banco de Valladolid para ponerlo en marcha y deshacer sus graves problemas: falta de tesorería, la existencia de una caja B y concentración de riesgos. Tras sanearlo, en marzo de 1981 se vendió a Barclays Bank, única entidad que mostró interés por él, por 800 millones de pesetas. La filial española de la entidad británica cuenta con "indemnidad frente a terceros" por lo que la responsabilidad económica es del Fondo de Garantía.

Tras perder los pleitos para conseguir el dinero, Domingo López, inasequible al desaliento, activó los juicios por los resguardos y avales que entregó al Fondo para reflotar el Valladolid. En 1998 el juez ordenó al Fondo que le entregara todos los papeles que reclamaba, una gran victoria para su causa. El Fondo pidió aclaraciones para saber a cuáles se refería. Según algunos juristas, Domingo López pidió documentos de 1979 que, aparentemente, se podían entregar sin problemas. Otros, también cercanos a la operación, dicen que no solicitó esos papeles sino los depósitos que el banquero y su familia tenían en la entidad en 1978 por 4.400 millones (26,5 millones de euros).

El hecho es que, en 2002, no se le entregaron los documentos reclamados, pero sí 26,5 millones de euros que había solicitado. El Fondo recurrió la sentencia y el juez la estimó, por lo que se recuperó la cantidad. Todo parecía ganado, pero Domingo López reclamó por daños y perjuicios, los 26,5 millones de euros y, sorpresa, en marzo de 2003 el juez Ebile aceptó. El Fondo lo recurrió y antes de que se resolviera el asunto, el juez ordenó que se le entregara esa cantidad a Domingo López, el 24 de diciembre de 2003. No contento con esto, el leonés reclama los intereses de esta cantidad desde 1978, al 15% anual con pago trimestral. El juez le da la razón y pide, sin escuchar a las partes, que se le entreguen 1.021 millones de euros y 100 millones de costas.

Toda la maquinaria jurídica del Fondo está ahora en marcha, dispuesta a llegar hasta el final. A principios de febrero presentarán un escrito de oposición para pedir al juez que se retracte de su auto.

Un juez con polémica

El titular del Juzgado número 4 de Primera Instancia de la Audiencia de Madrid, Joaquín Ebile Ensefum, nacido en Guinea hace 65 años, ha saltado estos días a la actualidad. Ebile ha impuesto al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) el pago de 1.022 millones de euros para Domingo López Alonso, antiguo dueño del Banco de Valladolid.

En el auto, en el que se afirmaba que la deuda eran 1.022 billones, luego corregida a millones de euros, el juez hizo suyo un informe pericial enviado al juzgado por los abogados de López Alonso. Pero el FGD deberá emitir ahora un escrito oponiéndose al de López Alonso. En él, el FGD detallará la cantidad que ya ha pagado a López Alonso (26 millones de euros) y su negativa a darle más dinero. Después, Ebile tomará una última decisión.

La resolución provocó que el Poder Judicial abriera a Ebile unas diligencias informativas que, según fuentes del Consejo, previsiblemente acabarán archivadas por tratarse de un tema jurisdiccional.

No es la primera vez que Ebile, que lleva desde 1999 al frente del Juzgado de lo Civil 4 de Madrid, se topa con el Consejo. Ha sido expedientado dos veces por dilaciones indebidas, pero sólo ha sido sancionado una vez, con una multa de 1.800 euros, en 2002. El otro expediente se resolvió sin sanción en 1994.

La multa obedeció a que los inspectores del Consejo analizaron su juzgado en 2002 y comprobaron que tenía 196 procesos en los que ya había celebrado el oportuno juicio pero que no se habían dictado las respectivas sentencias.

El último informe del Consejo sobre el juzgado de Ebile es, en cambio, muy positivo, ya que ha superado (con un 136%) el módulo de trabajo exigible a un juez civil.

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Sobre la firma

Íñigo de Barrón
Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.

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