Los consejeros de Galicia, Castilla y León y País Vasco critican los planes de Fomento para el AVE

La reunión mantenida el pasado jueves entre los consejeros de Obras Públicas de las comunidades autónomas y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, no ha dejado buen sabor de boca a varios de los asistentes. El consejero de Obras Públicas de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de Castilla y León, Antonio Silván, y el del País Vasco, Álvaro Amann, expresaron ayer sus quejas, sobre todo en relación con el proyecto del tren de alta velocidad.

La ministra, que explicó el plan de infraestructuras y transportes (PEIT) a los consejeros, dio a entender que la línea de alta velocidad soportará tanto trenes de pasajeros como trenes de mercancías. Una decisión contra la que se expresaron ayer Núñez Feijóo y Silván. El consejero vasco, por su parte, sostuvo que los planes de Fomento marginan a su comunidad y pidió una reunión bilateral con el ministerio para resolver el asunto.

El ministerio hizo pública ayer mismo una nota donde sostiene que es perfectamente posible que las líneas de alta velocidad soporten mercancías y pasajeros sin mayores consecuencias y asegurando que con ello se configura la red como "de altas prestaciones".

La propuesta de utilizar las vías de alta velocidad para mercancías y pasajeros ya fue hecha en la época de Francisco Álvarez-Cascos para el AVE que unirá Barcelona con la frontera francesa y para la línea entre Valencia y Barcelona, donde el terreno entre el mar y la cordillera es escaso. En aquel momento, el Gobierno catalán sostuvo la inconveniencia de hacerlo así, ya que el peso de los trenes de mercancías y de los de pasajeros son notablemente diferentes y tienen consecuencias sobre las vías, de modo que la primera consecuencia de una vía compartida es que no sea de alta velocidad y que no se puedan alcanzar los 300 kilómetros por hora.

En la reunión, el consejero catalán Joaquim Nadal pidió a la ministra que abriera un debate sobre la financiación de las infraestructuras, atendiendo a que el propio plan ministerial contempla la posibilidad de que buena parte de ellas sea financiada por la iniciativa privada.