Los primeros expertos apoyan rebajar el listón electoral y aprobar el Estatuto por referéndum

La rebaja del listón electoral para obtener representación parlamentaria al 3% de los votos válidos emitidos, la posibilidad de convocar un referéndum, aprobar el Estatuto de Autonomía o la consideración histórica de la Comunidad Valenciana fueron algunos de los asuntos que abordaron ayer los representantes de las instituciones de la Generalitat convocados ante la comisión para la reforma del Estatuto. Entre los comparecientes hubo quienes apoyaron algunos puntos expresamente y otros con más tibieza pero no descartaron en ningún caso su incorporación.

Del Rosal propone recoger toda una serie de derechos sociales en el nuevo texto

Grisolía no acudió y remitió un escrito que sólo recoge sus opiniones personales

Los primeros convocados a la comisión para la reforma del Estatuto en calidad de expertos fueron los cuatro representantes de las instituciones de la Generalitat cuya regulación podría incorporarse a la norma básica: el Síndic de Greuges, en la actualidad Bernardo del Rosal; el Consell Valencià de Cultura, que preside Santiago Grisolía; la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que preside Ascensión Figueres; y el Consell Jurídic Consultiu, que preside Vicente Garrido.

Del Rosal y Figueres aportaron sendos escritos donde recogen el parecer de las instituciones que representan. Garrido expuso su posición verbalmente ante los miembros de la comisión. Los tres respondieron a las preguntas de los diputados a puerta cerrada. Grisolía, que no compareció, remitió un lacónico escrito que sólo recoge sus opiniones personales.

- El Síndic de Greuges planteó a los parlamentarios la incorporación al Estatuto de un nuevo Título I bajo el lema Los derechos, libertades y deberes de la ciudadanía valenciana, que atribuye a la Generalitat Valenciana la consecución de "la cohesión social, el progreso económico, el bienestar y la igualdad entre todas las personas". Los "objetivos esenciales" de la acción política incluirían desde "la atención al pleno empleo" a la "atención sanitaria de calidad" o la "educación de calidad" hasta una "vivienda digna", la "protección en las situaciones de dependencia" o la "conciliación de la vida familiar y laboral".

El nuevo título incluye, además, el fomento de "la superación de situaciones de desigualdad y discriminación" por razones de edad, sexo, discapacidad o pertenencia a un colectivo desfavorecido, entre los que cita inmigrantes, refugiados o minorías étnicas.

La transparencia en la gestión de servicios y un adecuado servicio jurídico también serían incorporados al Estatuto.

Finalmente, la propia institución del Síndic de Greuges, con mención específica a la mayoría cualificada de dos terceras partes de los diputados de las Cortes para elegir al síndic, se incorporaría al texto del Estatuto de Autonomía.

Bernardo del Rosal comentó, en los pasillos de las Cortes, que ni la reducción del listón electoral al 3% ni la convocatoria de un referéndum para aprobar la nueva redacción del Estatuto tropiezan con "ningún obstáculo legal". Diputados presentes en la comisión aseguran que, a puerta cerrada, Del Rosal fue más explícito y se mostró favorable a ambas modificaciones.

- La Acadèmia Valenciana de la Llengua propone que en "el futuro Estatuto debe quedar perfectamente claro que la Comunidad Valenciana ha sido y es una nacionalidad histórica". A continuación enumera toda una serie de derechos y deberes lingüísticos, entre ellos el derecho de todos los ciudadanos a "conocer y usar el idioma", "a obtener protección de los jueces y tribunales" para el ejercicio de ese derecho, "a relacionarse" con las instituciones en valenciano o, "naturalmente, el derecho a recibir enseñanza en valenciano".

El documento incluye la incorporación de la Acadèmia al Estatuto como institución de la Generalitat "con la función de determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano".

Los académicos también sugieren "valencianizar" los nombres de diversas instituciones para evitar "confusión con denominaciones similares, especialmente con las instituciones de otras comunidades autónomas con las que los valencianos compartimos sistema lingüístico e historia común dentro del marco de lo que fue la Corona de Aragón", la redacción que recoge el preámbulo de la ley de creación de la institución..

Los académicos también piden que se asegure la presencia del valenciano en la Unión Europea de acuerdo con las "Normes de Castelló" y el preámbulo de la ley de creación de la propia Acadèmia.

Ascensión Figueres, en pasillos, trasladó a los legisladores la posibilidad de incorporar el preámbulo de la ley de creación de la Acadèmia al futuro Estatuto. En el seno de la comisión también eludió la cuestión.

La sección de onomástica de la Acadèmia incluyó una propuesta para "que el nombre de la comunidad autónoma sea Valencia o Reino de Valencia", una iniciativa que desborda el consenso previo entre PP y PSPV para evitar alterar los artículos relativos a los símbolos en la redacción del nuevo Estatuto.

- El Consell Jurídic Consultiu evitó entregar un escrito a la comisión. Vicente Garrido, presidente de la institución, comentó en los pasillos que había trasladado a los diputados una serie de "reflexiones". "El Estatuto ha sido un instrumento hábil", comentó, "hay que corregir las disfunciones, pero se debe reformar sólo lo dificultoso".

Garrido propuso incorporar el "reconocimiento de la capacidad plena de disolución" de las Cortes por parte del presidente de la Generalitat y la inmediata convocatoria de elecciones; reconocer a los municipios la posibilidad de impulsar la "iniciativa legislativa"; y "recuperar el derecho civil valenciano".

Garrido sugirió que la denominación de "nacionalidad histórica" resulta "redundante e innecesaria"; se mostró favorable a la reducción del listón electoral al 3%, "introducido en su día para evitar la fragmentación"; y admitió que la aprobación del nuevo Estatuto en un referéndum conferiría mayor legitimidad a la norma, pero recordó que el referéndum debe autorizarlo el Congreso de los Diputados y sugirió que nunca debería convocarse si el nuevo texto no se aprobara previamente con un amplio consenso.

Sobre la posibilidad de incorporar el Consell Jurídic Consultiu al nuevo Estatuto, Garrido recordó, a puerta cerrada, que la composición del órgano es potestad del presidente puesto que debe asesorarle, al igual que el presidente del Gobierno elige al Consejo de Estado. Pero explicó que al menos la mitad de los parlamentos autonómicos eligen los representantes de las instituciones paralelas en otras autonomías.

La jornada parlamentaria se prolongó por la tarde con las comparecencias del presidente de la Federación Valenciana de Muncipios y Provincias, Miguel Órtiz, alcalde de Altea por el PP, quien propuso incorporar el Estatuto un fondo de cooperación municipal, que garantice la financiación de los ayuntamientos, y una definición de las competencias municipales.

Rafael Cerdá, presidente del Comité Económico y Social, apenas recordó que el Estatuto todavía recoge "la posible creación" de la institución que preside. También rechazó tocar el listón electoral para no alterar la composición del propio CES, donde solo participan los dos sindicatos mayoritarios.