Precios de estreno

Con el inicio del año se estrenan también los nuevos precios. Suben los impuestos, las tasas y los precios de los servicios regulados. Ya se conocen los aumentos de la luz, correos, peajes de la autopistas y cuota de abono del teléfono, y pronto se conocerá el del gas y butano de uso doméstico e industrial. Pero será sobre todo en el sector de transportes, el más afectado por la subida del petróleo, donde se notarán más los aumentos.

Los consumidores ya están acostumbrados a esta tradicional actualización de tarifas y por eso rara vez suscita contestación ciudadana. Pero debería provocar alguna reacción el hecho de que, aprovechando las circunstancias y con la inercia de que se hace todos los años, los ayuntamientos de las principales ciudades apliquen subidas injustificadamente altas de las tasas y servicios municipales. Sobre todo en los transportes públicos de las grandes ciudades.

Se trata de incrementos demasiado altos, en la mayor parte de los casos por encima del 5%, frente a una previsión de inflación del 2% y un aumento salarial medio del 3%; realizados además indiscriminadamente, porque, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, las principales subidas no sólo se van a aplicar al billete sencillo de transporte, que utiliza el viajero ocasional, sino que penalizan también (y en algunos casos en mayor proporción) a los bonos de 10 viajes y a los abonos mensuales, que son los más utilizados por los ciudadanos que verdaderamente no tienen otra alternativa para desplazarse que utilizar el autobús, el metro o el tranvía.

Esas subidas se han decidido en ayuntamientos de muy distinto color político: Madrid, Barcelona, Valladolid, Sevilla, Vitoria y Valencia son sólo algunos ejemplos de la distancia entre las promesas electorales y la gestión convencional, sin un criterio social claro, de los servicios públicos. Un caso especialmente llamativo es el de Madrid. Comunidad y ayuntamiento, ambos en manos del Partido Popular y casi siempre a la gresca por razones a veces nimias, se han puesto de acuerdo para aprobar aumentos del billete de autobús de hasta el 13%; lo hacían al mismo tiempo que lanzaban una poderosa campaña publicitaria animando a los ciudadanos a usar el transporte público.

El argumento del encarecimiento de los carburantes no es suficiente si se recuerda que el Gobierno central sólo ha permitido subidas del 2,82% en las tarifas de los autocares de línea que unen las grandes ciudades, y que sufren la misma presión del precio de los derivados del petróleo. Todas estas subidas por encima de las previsiones de inflación contribuyen a su superación sistemática. El año 2004 se cerró en España con un incremento medio del IPC del 3,3%, según datos aún provisionales, un punto por encima de la media de la zona euro, y 1,3 por encima del 2% previsto. Pero es que, además, estas subidas de comienzos de año vienen a recordarnos que siguen siendo numerosos los sectores con precios regulados, es decir, sin posibilidad de competencia; con lo que tenemos los dos males: inflación y servicios públicos demasiado caros.