"Lo razonable es un 10% de inmigrantes"

La sociedad española puede absorber una cifra de inmigrantes de entre el 8% y el 10% de población total. [En la actualidad, el porcentaje se acerca al 7%, incluyendo a los extranjeros en situación administrativa irregular]. Ése sería el tope razonable, teniendo en cuenta las necesidades del mercado de trabajo y las posibilidades de integración de estas personas. Así lo considera el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera (Béjar, Salamanca, 1957), que desempeña también las competencias de Inmigración. El ministro está convencido de que el Reglamento de Extranjería aprobado el jueves por el Consejo de Ministros acabará con la dramática figura de los sin papeles.

Pregunta. Según los últimos datos del empadronamiento, somos ya 43,2 millones los habitantes de este país, de ellos 3 millones de extranjeros, la mayoría inmigrantes. Cuando en agosto próximo concluya el proceso de regularización, que se iniciará con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería dentro de un mes, ¿sabremos finalmente cuántos inmigrantes hay realmente en España?

"Quien contrate a un 'sin papeles' concluida la regularización, se expondrá a graves sanciones"

"El Gobierno está satisfecho con la cooperación de Marruecos, pero hay que pedirle más"

Respuesta. Creo que el dato del padrón es bastante ajustado, porque los inmigrantes se pueden inscribir en él aunque no tengan permiso de residencia ni de trabajo. Con el padrón pueden obtener la tarjeta sanitaria y la escolarización de los niños. Por eso es una vía que se utiliza para el proceso de regularización, exigiéndoles la inscripción desde hace al menos seis meses.

P. ¿Cree que puede haber un tope, un límite a la capacidad de acogida de inmigrantes, no sólo en términos económicos sino sociales? Supongo que ustedes tendrán estudios sobre la posición de la sociedad española ante este fenómeno, porque se detecta también una inquietud considerable.

R. No, yo creo que no hay inquietud; lo que ha habido a veces es cierto desconocimiento del fenómeno, porque ha sido muy rápido. Por eso exige que lo ordenemos y que evitemos a toda costa que haya inmigración irregular; no es positiva ni para los inmigrantes ni para la sociedad de acogida, para España. Hay que establecer anualmente el número de personas que son necesarias para nuestro mercado laboral. Mi impresión y mi opinión es que el flujo de inmigrantes se va a reducir de forma importante en los próximos años respecto a lo ocurrido últimamente.

P. ¿En qué se basa?

R. En 2004 no ha habido un incremento en la llegada de inmigrantes. Algunos datos son significativos. Por ejemplo, el hecho de que el número de entradas por pateras descendiera en los 10 primeros meses del año pasado en más del 20%. Y estimo que en 2005 podemos seguir en esa línea de descenso. Los inmigrantes siguen siendo necesarios, pero llegará un momento en que se produzca una estabilización de las cifras en función de las necesidades de nuestro mercado laboral. Yo creo que lo razonable es quedarnos en un porcentaje entre el 8% y el 10% de inmigrantes sobre la población total. Una cifra que tiene en cuenta las posibilidades de integración y de funcionamiento de nuestro sistema.

P. Uno de los requisitos de la regularización, carecer de antecedentes penales en el país de origen, plantea alguna dificultad. Estoy pensando en el caso del ecuatoriano Gilberto Chamba, detenido por el asesinato de una joven en Lleida, que obtuvo un permiso de residencia pese a haber cumplido condena en su país por otros ocho asesinatos. Al parecer, sus antecedentes habían sido borrados, una práctica nada infrecuente en Ecuador.

R. Hay que ser muy rigurosos en la exigencia de esos controles. Yo no tengo aquí el expediente de ese ciudadano, pero no estoy nada seguro de que se le pidiera un certificado de antecedentes penales. De todos modos, el Reglamento establece varios requisitos para poder optar a la regularización. Hay que demostrar que se lleva seis meses en España, por tanto estar empadronado, se requiere un certificado de antecedentes penales del país de origen y otro de España, se exige un contrato de trabajo firmado con el empresario, se necesita el pasaporte, y el alta en la Seguridad Social. Una vez dados todos esos pasos, se obtiene la tarjeta provisional de residencia, que tiene que renovarse al año, acreditando de nuevo que se mantiene la situación por la cual se concedió el permiso. Además, vamos a ser escrupulosos con el registro de empresas que van a regularizar trabajadores, sabremos quiénes son, conoceremos su historial. No vamos a consentir que se creen empresas ad hoc para el proceso de regularización. Tienen que ser empresas con un historial, que vengan trabajando en la economía productiva del país. El riesgo de fraude es pequeño.

P. Necesitarán reforzar considerablemente las inspecciones de trabajo y los dispositivos de control, además del entramado burocrático.

R. Sí, ya lo hicimos el pasado verano para la renovación de la documentación de más de 400.000 extranjeros que corrían el riesgo de quedar en una situación de irregularidad. El problema se resolvió en un plazo de tres meses. Ahora vamos a reforzar ese sistema en colaboración con las comunidades autónomas. Vamos a contratar personal específico y se firmarán convenios con múltiples organizaciones, desde ayuntamientos a organizaciones sindicales y empresariales, cámaras de comercio y ONG, entre otros. Todos estos organismos facilitarán información y ayudarán a obtener los documentos para que el proceso de regularización se complete de forma rápida y eficaz.

P. Pero la puesta en marcha de este Reglamento requerirá nuevos medios, incluso para controlar las fronteras desde este momento, porque la experiencia de otros países como Italia o la misma España, es que las regularizaciones tienen lamentablemente un efecto llamada.

R. Tengo que decir que ésa es la imagen alarmista que quieren transmitir algunos. Está ocurriendo lo contrario. Si comparamos el mes de agosto y septiembre de 2004, cuando se sabe ya que va a haber en España un proceso de regularización de trabajadores, con el mismo periodo de 2003, en España han entrado muchas menos personas irregularmente, porque hemos tenido el cuidado de extremar los controles. La exigencia de visados a los ciudadanos procedentes de países de Latinoamérica está ayudando a que haya menos entradas irregulares. La situación no es alarmante.

P. ¿Están preparados para hacer frente a la situación?

R. El principal elemento que moviliza a las mafias que trafican con personas es el trabajo irregular, sin documentación. Por tanto, el mejor modo de combatirlas es legalizar los empleos y exigir que los que se ocupen con inmigrantes, lo sean a partir de ahora por la vía legal. Y, claro, vamos a reforzar la inspección. Es más, queremos mandar un mensaje muy claro a la sociedad española: a partir de la finalización del proceso de regularización que establece el Reglamento de la Ley de Extranjería, no vamos a tolerar que se contrate a una sola persona de forma irregular. Quien contrate a un sin papeles se expondrá a graves sanciones, y las vamos a cumplir, no como hasta ahora, que no se cumplían. Porque el empresario que necesite un trabajador y no lo encuentre en España va a poder contratarlo fácilmente en el extranjero. No habrá excusas.

P. Expertos en extranjería advertían recientemente de que la inmigración irregular no va a terminar. Las mafias son capaces de adecuarse a todas las situaciones y, si se les dificulta el trabajo en Marruecos, recurrirán a buques que zarpen de costas africanas, más al sur. Ésa al menos es la visión, bastante desalentadora, de la policía.

R. Esa visión es errónea. Se están reduciendo las cifras de inmigrantes irregulares que entran en España, incluso en pateras o en esos barcos. Obviamente, las mafias intentarán continuar con su macabro tráfico de seres humanos, pero las cosas se les irán complicando. Por otra parte, el número de personas que entran en España por ese sistema es ínfimo en relación con las que entran por aeropuertos o por el espacio Schengen.

P. ¿Está satisfecho el Gobierno con la cooperación de Marruecos?

R. Sí, pero creo que hay que pedirle más, lo mismo que a otros países, como Sierra Leona. Creo que hay que intensificar esa cooperación porque las personas que recurren a ese sistema de transporte no van a ninguna parte. Unos mueren y otros están llamados a ser repatriados. Por tanto, por esa vía no hay futuro. Deben venir, si tienen que venir, de forma regular.

P. Usted hablaba del espacio Schengen. Es conocido el desinterés de Holanda, un país socio en la UE, por el control de los que pasajeros que llegan al aeropuerto de Schipol procedentes de Latinoamérica, por ejemplo. ¿Han abordado ustedes ese problema?

R. Sí. De hecho, se comentó en una conferencia sobre políticas de integración e inmigración en Groninhen, durante la presidencia holandesa, que había que extremar estos controles para evitar la inmigración irregular, porque tenemos fronteras comunes. Es responsabilidad de la UE el control de los flujos de inmigrantes irregulares, y responsabilidad de cada país la política de integración de los inmigrantes que se encuentran en su territorio. Le hemos trasladado al Gobierno holandés nuestra preocupación por estos tráficos y yo creo que está haciendo serios esfuerzos también. Sinceramente, creo que el atentado contra Theo van Gogh ha despertado también las conciencias a la necesidad de aumentar los controles a la inmigración, y estoy satisfecho con la respuesta que está dando ahora la Unión Europea.

P. Ustedes quieren también que haya un acuerdo amplio, un pacto de Estado sobre esta cuestión fundamental. ¿En qué punto se encuentra este asunto?

R. Ya tenemos los mimbres del cesto de un gran acuerdo, tanto político como social. El Reglamento ha sido consensuado por todos, empresarios, sindicatos, ONG, todas las fuerzas políticas. El PP, que se ha quedado fuera, considera que la estructura del Reglamento es correcta y discrepa sólo en el punto de la regularización de los trabajadores; por tanto, hay ya un armazón de consenso, que se concreta con la decisión del Parlamento de establecer un fondo para la garantía de los servicios, tanto de los inmigrantes como de los españoles, con 120 millones de euros, que es un comienzo, y que nos permite también avanzar en la política de integración de los que llegan a España sin que reste posibilidades ni recursos a los españoles.

P. El Gobierno socialista optó por trasladar las competencias de inmigración del Ministerio del Interior al de Trabajo. Una decisión que ha sido bien acogida, aunque corremos el riesgo de considerar a estas personas meramente como mano de obra de importación, olvidando que son seres humanos y que el verdadero reto está en lograr su integración. ¿Qué pasos se están dando en esa integración global de los inmigrantes?

R. La inmigración no es un problema de orden público, por eso trasladamos a Trabajo y Asuntos Sociales estas competencias. Hay que ver este cambio en la perspectiva de la integración social. Creemos que el mejor elemento para la integración social es el empleo, por eso queremos que el criterio dominante, no el único, para regularizar la inmigración sea el empleo. Dentro de este esquema hay una vía de integración que estamos ya aplicando. Cuando llegan los inmigrantes a España tenemos un itinerario de inserción laboral, con fondos de formación para el empleo, cuando los solicitan estas personas o sus empleadores; un proceso de inserción a través del aprendizaje de la lengua, que es fundamental, y otras medidas de acompañamiento de carácter social. Es una política que se aplica desde hace poco tiempo, porque el fenómeno es reciente. Creemos que la UE debe dotarse de instrumentos especiales, quizás un fondo para la integración de inmigrantes similar al existente para la repatriación.

P. Países como Francia, con larga experiencia en el tema y una identidad nacional clara, tienen problemas enormes para integrar a sus inmigrantes. ¿Hasta qué punto la situación de España, que está en una fase política tan delicada, casi de refunda-ción, representa una dificultad añadida a la integración de nuestros inmigrantes?

R. No cabe duda de que la inmigración es un reto y genera importantes desafíos. Hay un hecho fundamental: el inmigrante debe saber que los valores de la sociedad de acogida deben ser respetados, sobre todo los derechos fundamentales, aquellos que forman parte de la columna vertebral de nuestro modelo de convivencia. Luego hay que favorecer la integración de los inmigrantes respetando su cultura, siempre que no se produzca un choque con los valores fundamentales de la sociedad de acogida. La sociedad española puede estar orgullosa del modo en que ha respondido a este desafío. Hubo algunos brotes de rechazo felizmente superados.

P. ¿Qué opina de las pretensiones de la Generalitat de Cataluña, que reclama las competencias de inmigración?

R. La inmigración es una competencia estatal, aunque nosotros estamos dispuestos a dar mayor participación y cooperación a las comunidades autónomas, en un modelo de cogestión. De hecho, el Reglamento avanza en esa línea. Cogestión sí, pero no cesión de competencias, porque es una cuestión de Estado, además por mandato comunitario.

P. Usted hablaba antes de conectar el magnetófono de los buenos resultados en la creación de empleo de 2004. ¿Cuál ha sido la contribución de los inmigrantes en este buen comportamiento de nuestra economía?

R. Ha sido considerable, porque ha supuesto un crecimiento del empleo, y ha impedido que cayera demasiado nuestra competitividad. Este año se van a crear más de 400.000 empleos. Eso quiere decir que el mercado laboral se está reactivando, la economía se está recuperando. El 2004 ha sido el mejor año desde el 2000 en términos de empleo, y el 2005 todavía lo superará. Eso desautoriza a los que pensaron que con un Gobierno socialista no habría confianza para invertir. Hacemos una política equilibrada. Si la tendencia continúa, alcanzaremos el objetivo de Lisboa, muy cerca del pleno empleo.