El Pacto Antiterrorista acuerda tomar medidas contra la actividad de Batasuna

El Pacto Antiterrorista acordó ayer atornillar a Batasuna con medidas administrativas, legales y judiciales para impedir su presencia y su actuación en la vida política vasca "como si fuera un partido político legal". El PP denunció ante el Pacto que en ayuntamientos gobernados por el PNV o EA, el alcalde permite que miembros de la ilegalizada Batasuna (o de las plataformas que intentaron sin éxito sustituirla en las elecciones locales de mayo de 2003) actúen como ediles con voz y con capacidad de presentar iniciativas, aunque sin voto. Y denunció que en cinco ayuntamientos de Guipúzcoa donde gobernaba Batasuna, los ediles electos en mayo de 2003 no han tomado posesión, por lo que sigue mandando la formación ilegalizada.

El Gobierno, el PSOE y el PP acordaron ayer desplegar "toda la potencialidad de la Ley de Partidos" con nuevas medidas, aún por estudiar, para que Batasuna no pueda tener ninguna presencia política en los ayuntamientos. Además, los firmantes del Pacto Antiterrorista se comprometieron a intentar evitar que vuelvan a producirse, sin medidas previas, actos públicos de la ilegalizada Batasuna como el mitin del velódromo de Anoeta, en San Sebastián, o el acto en el Parlament de Cataluña.

En última instancia, subyace el temor a que Batasuna pueda presentarse a las próximas elecciones vascas con algún paraguas. El Gobierno, el PSOE y el PP se comprometieron a evitarlo.

Con estos acuerdos y con el análisis compartido de la lucha contra el terrorismo la reunión terminó bien y con satisfacción para ambas partes, tras casi tres horas y media de debate.

Por el Gobierno acudieron el ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Por el PSOE, los portavoces en el Congreso y el Senado, Alfredo Pérez Rubalcaba y Joan Lerma; el secretario de Organización, José Blanco, y el responsable de Libertades, Álvaro Cuesta. Por el PP acudieron su presidente, Mariano Rajoy, el secretario general, Ángel Acebes, los portavoces en el Congreso y el Senado, Eduardo Zaplana y Pío García Escudero, y la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil.

Alonso aseguró, en su primera intervención, que el Gobierno quiere mantener a toda costa la Ley de Partidos, quizá a sabiendas de que el PP iba a plantearlo. Al finalizar la reunión, el ministro dijo que no tenía dudas de que la ley sigue y seguirá vigente.

El Ejecutivo zanjó así la posibilidad de que se haya siquiera planteado una posible legalización de Batasuna, como han defendido a título individual miembros del PSE-PSOE. El PP recordó que Gemma Zabaleta participó en un acto en el Parlamento catalán con Batasuna y allí defendió esa tesis. El PSOE le replicó que Zabaleta habló a título individual y que aquellas opiniones "fueron inmediatamente desautorizadas por los responsables del PSE".

San Gil entregó al Gobierno actas de los ayuntamientos en los que los alcaldes, del PNV o de EA, permiten a miembros de Batasuna, que no pudieron presentarse a las elecciones de municipales, sentarse en los plenos y actuar casi como ediles, pues presentan iniciativas políticas y tienen voz, aunque no voto. Según el PP, "son cada vez más" los ayuntamientos en lo que esto ocurre. Entre otros, citó los de Llodio, Salvatierra, Azpeitia, Lezo o Basauri. En algún caso, según el PP, estos ayuntamientos han habilitado una suerte de escaño añadido, con el mismo diseño que los demás, para que sirva de tribuna al miembro de Batasuna.

Además, el PP denunció que en pequeños ayuntamientos de Guipúzcoa en los que gobernaba Batasuna o HB antes de mayo de 2003 -como Aizarnazabal, Ernialde, Irura o Itxasondo- los cargos electos en mayo de 2003 aún no han tomado posesión, de forma que, en la práctica, sigue gobernando Batasuna. A la pregunta de por qué no habían tomado posesión, Acebes respondió que eso "se podía imaginar", insinuando así que el miedo era el argumento.

San Gil comentó que, antes de traer estos incumplimientos de la Ley de Partidos al Pacto, los trasladó al delegado del Gobierno en el País Vasco y éste le replicó que no encontraba indicios de delito. El PSOE recordó que estos incumplimientos empezaron a producirse a partir de mayo de 2003, es decir, cuando aún gobernaba el PP, y que entonces no parece que San Gil trasladase esa preocupación.

En todo caso, el PSOE, el PP y el Gobierno, como firmantes del Pacto, decidieron estudiar todas las medidas administrativas, legales y judiciales que sean pertinentes, así como instar a la actuación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, para que "este incumplimiento de la Ley de Partidos" deje de producirse.

Rubalcaba subrayó que "el Gobierno tomará las medidas para que la Ley de Partidos se cumpla íntegramente y Batasuna no pueda tomar parte en la vida política del País Vasco".

El PSOE y el PP también analizaron los escenarios que pueden abrirse tras la votación hoy, en el Parlamento vasco, del plan Ibarretxe. Constataron que si llegara a aprobarse, "contaría con el rechazo de ambos partidos en el Congreso de los Diputados". Es decir, no podría salir adelante.