Claves de un acuerdo

El reloj que marca la salida del sacerdote Miguel Castillejo, de 75 años, de la presidencia de Cajasur está ya en fase de descuento. Dentro de un año, si se cumplen los planes previstos, Cajasur tendrá un nuevo presidente en lugar de Castillejo, quien pondrá fin a 30 años al frente de la caja, etapa en los que ha hecho y deshecho a su antojo. La marcha de Castillejo es, según dirigentes del PSOE, la principal virtud del acuerdo firmado entre el consejero de Economía, José Antonio Griñán, y el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, para permitir que Cajasur vuelva a la tutela de la Junta. Un acuerdo que, sin embargo, supone que la Junta sacrifica los argumentos que ha utilizado en los últimos años y lo que regula su propia Ley de Cajas. "Me conformo con que se cumpla el acuerdo porque, si Castillejo se va, todo su poder se desmorona", afirma un dirigente socialista.

El PSOE teme que el presidente de la entidad ponga trabas al pacto suscrito

El acuerdo firmado por el consejero de Economía y el obispo no vincula a Castillejo

El acuerdo firmado entre Griñán y Asenjo tiene las siguientes claves:

- ¿Qué poder va a tener la Iglesia en Cajasur? El acuerdo va a reforzar el poder que ya tenía la Iglesia, a través del Cabildo catedralicio, en Cajasur antes de la aprobación de la Ley andaluza de Cajas en 1999. El conflicto que originó la aprobación de esta norma llevó a la caja cordobesa a ampararse en el poder del PP en el Gobierno central, que primero recurrió la ley andaluza ante el Constitucional (2000) y luego permitió a la caja adherirse a la tutela del Ministerio de Economía (2002). En ese periodo, con el paraguas estatal, Castillejo estiró la representación del Cabildo catedralicio en la caja hasta el 50%. El acuerdo vuelve, más o menos, a donde estaba la representación eclesiástica en 1999: un 34% de los representantes de la asamblea y seis vocales en el Consejo de Administración (30%). Pero, por primera vez, prevé elevar esta representación a rango de ley, incluido el derecho del Cabildo a nombrar al presidente ejecutivo. Una decisión que fortifica como nunca el poder de la Iglesia en la caja.

- ¿Qué dice la ley andaluza de Cajas y la normativa estatal? La ley básica del Estado sobre las cajas de ahorros (Lorca) establece que la singularidad de la Iglesia en las cajas que ha fundado se limita al derecho a elegir el procedimiento de nombramiento de sus representantes y a la duración de su mandato. La Ley de Cajas andaluza adaptó tal cual la Lorca y determina, en su actual redacción, que la representación de la Iglesia en los órganos de gobierno se limitará a la que le corresponde a cualquier otra entidad fundadora: el 13%. Además, ese porcentaje debe repartirlo con la Diputación, cofundadora de Cajasur. En lo más álgido del conflicto entre la Junta y Cajasur, el PSOE defendía que ese reparto debía ser paritario, una posibilidad recogida por la ley. En cualquier caso, el poder reconocido a la Iglesia en Cajasur en el acuerdo recién firmado es entre cuatro y cinco veces superior al que le correspondería si se aplicase la actual Ley de Cajas, que va a ser reformada para encajar el pacto. El acuerdo indica también que los representantes de la Iglesia en Cajasur podrán jubilarse a los 75 años (la edad de retirada establecida en el Código de Derecho Canónico) en vez de los 70 años fijados en la ley autonómica. Las fuentes consultadas apuntan que esta medida no responde a la singularidad de la Iglesia y que se trata también de un "privilegio".

- ¿Por qué cede la Junta ese poder a la Iglesia? Los dirigentes socialistas están repitiendo que es mejor "un mal acuerdo que un buen pleito" para justificar el pacto. El Gobierno andaluz entiende que la situación en Córdoba (la guerra sin cuartel entre el PSOE y una caja que concentra el 60% del ahorro de la provincia y que tiene una capacidad de influencia decisiva en la vida económica, social o cultural) era insostenible y que había que buscar una salida pacífica al enfrentamiento. Algunos dirigentes socialistas consideran que las cesiones a la Iglesia han sido excesivas, sobre todo cuando el PSOE controla el gobierno en Madrid y en Andalucía y puede impulsar los cambios legales para cumplir sus propósitos iniciales. El Gobierno andaluz entiende que esta vía habría enquistado el conflicto en los tribunales varios años. El acuerdo entre Griñán (diputado por la provincia de Córdoba) y Asenjo se produce en un momento en el que algunas iniciativas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (como el reconocimiento de los matrimonios homosexuales) están poniendo en pie de guerra a la Iglesia.

- ¿Vincula el acuerdo entre Griñán y el obispo a Castillejo? Las fuentes consultadas señalan que no. El Cabildo catedralicio de Córdoba, entidad fundadora de Cajasur, tiene personalidad jurídica propia y ningún representante suyo estampó su firma en el acuerdo. El obispo de Córdoba, según estas fuentes, no puede obligar a Castillejo a cumplir el acuerdo más allá de su superioridad moral, pero carece de autoridad legal para forzarle a asumir el pacto al pie de la letra. Este aspecto no sería excesivamente relevante si no fuera por el hecho de que Castillejo se enfrentó al anterior obispo de Córdoba, Javier Martínez, a quien desobedeció cuando éste le pidió, a finales de 2002, que retrasase la decisión de aprobar nuevos estatutos en la caja. Castillejo se desplazó al Vaticano para recabar apoyos en la jerarquía eclesiástica y, meses después, Martínez fue destituido como obispo de Córdoba. Este conflicto en el seno de la Iglesia puso de relieve el poder de Castillejo. La Junta confía en la autoridad del obispo para hacer cumplir el acuerdo, en el que actúa como garante por parte de la Iglesia y de Cajasur.

- ¿Puede Castillejo romper el acuerdo? El acuerdo sólo contiene una cláusula de resolución: si Cajasur no comunica, antes del próximo 1 de enero, al Ministerio de Economía su intención de renunciar a su tutela y de situarse bajo el protectorado de la Consejería de Economía, el acuerdo se considerará roto. No hay más condiciones de resolución. El temor de dirigentes del PSOE es que, a partir de ese momento, Castillejo empiece a poner trabas en el calendario fijado por la Junta y la Iglesia para aprobar los nuevos estatutos y efectuar la renovación de los órganos de gobierno y se dilate todo el proceso. El acuerdo establece que en noviembre de 2005 estará culminada la renovación de los órganos de gobierno, momento en el que Castillejo debería irse.

- ¿Qué pasa con la póliza? El conflicto judicial por la póliza de 2,9 millones contraída por Cajasur a favor de Castillejo es el único que, según las partes, ha quedado fuera del acuerdo. La póliza, que garantiza a Castillejo una renta vitalicia de, al menos, 210.000 euros anuales (la mitad pasa a sus cuatro hermanas cuando fallezca), fue considerada ilegal por la Junta a principios de 2003, cuando la caja cordobesa ya había huido de la tutela autonómica. En la reunión con Griñán y Asenjo, Castillejo preguntó qué iba a pasar con su póliza. La Junta asegura que Castillejo no ha recibido garantías de cobro y que todo queda en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que decidirá si es legal o ilegal.

- ¿Cuál es el papel del PP? A verlas venir. El PP, con su recurso a la Ley de Cajas andaluza en 2000 y la aprobación de la norma que permitió a Cajasur huir de la tutela de la Junta, cooperó con Castillejo para crear el embrollo legal de estos años. Estas iniciativas han permitido ahora a la Iglesia negociar un ventajoso acuerdo del que el PP se enteró por la prensa, pese a los compromisos de la jerarquía eclesiástica y de la caja de tenerle informado de los pasos que se dieran. El acuerdo prevé la salida de la caja del vicepresidente que el PP impuso a Castillejo, Luis Miguel Martín Rubio, ex concejal popular de Sevilla.

- ¿Cuál es la postura de IU y CC OO, socios del PSOE en el pacto sobre las cajas de 2001? Diametralmente opuesta. IU y CC OO firmaron a finales de 2001 con el PSOE un pacto para alcanzar una mayoría de progreso en las cajas El Monte y San Fernando, pero ampliaron algunos aspectos del acuerdo a una perspectiva global sobre el sistema financiero andaluz. De hecho, durante el conflicto con Cajasur, compartieron el criterio de la Junta de aplicar a la caja cordobesa la ley autonómica y acabar con los privilegios de la Iglesia. Tras el acuerdo, CC OO ha sido quien ha criticado con más dureza las cesiones de la Junta, entre otras cosas porque el reparto de poder supone menguar la representación sindical del 15% que establece la ley andaluza al 5%, un recorte que impedirá entrar en el consejo a otro sindicato que no sea Aspromonte, feroz defensor de Castillejo. IU, por contra, ha respaldado el acuerdo y ha permitido al PSOE impulsar en el Parlamento la reforma de la Ley de Cajas para cumplir el acuerdo.