Eurocrimen

Un cadáver yace bajo una sábana, a los pies de algún agente de policía. La imagen se ha hecho habitual, no sólo en el Nápoles de la Camorra sino en cualquiera de nuestras calles. Los ajustes de cuentas del crimen organizado, muchas veces producto de subcontratas con oscuros pistoleros de alquiler, son una noticia casi rutinaria y engrosan con regularidad las estadísticas de Europol, que advierte de la creciente implantación de mafias en el litoral mediterráneo, así como de las conexiones entre organizaciones internacionales y bandas españolas de delincuentes. El narcotráfico, el blanqueo de dinero negro, el tráfico de personas, la trata de blancas o las redes de robo de coches justificaron la creación de la policía europea, que ha servido, como mínimo, para unificar datos y coordinar criterios. En un continente sin fronteras, la internacionalización del delito ha dibujado estos últimos años un mapa de contornos tan inquietantes como las manchas de sangre que los golpes mafiosos dejan en el asfalto de las ciudades. Los gobiernos de Aznar, tan disciplinados para tergiversar evidencias que ensombrecieran su férreo triunfalismo doctrinal, trataron de negar los perfiles de la criminalidad organizada hasta que la realidad impuso su ley. El anuncio del gobierno de Rodríguez Zapatero de que reforzará la costa mediterránea con el envío de 1.200 agentes de la Guardia Civil y la creación de unidades especiales de la Policía Nacional, junto a la designación de fiscales anticorrupción en zonas como la de Alicante, apuntan a que se ha acabado el tiempo de mirar hacia otro lado. El "crimen global", como lo ha bautizado Manuel Castells, con sus redes étnicas de encuadramiento (colombianos, marroquíes, rusos, ucranios, albano-kosovares, italianos, chinos, turcos, peruanos y hasta gitanos de Rajastán) es un parásito de la despiadada competición incrustada en los valores de la cultura mundial y tiene consecuencias económicas, políticas y sociales, con enlaces alarmantes en el terrorismo y la corrupción institucional. Es una buena noticia que un gobierno de izquierdas tenga claro que debe luchar para impedir que el gangsterismo mutinacional desborde al Estado. Todo menos instalarse en la fatalidad.