Una solución para Marbella

El urbanismo en Marbella lleva años sin poder definirse con claridad a causa de los constantes problemas que han surgido en la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), llevando a la ciudad a situaciones anómalas que requieren, sin duda, soluciones excepcionales. No deberían tratarse de igual forma los problemas de urbanismo que puedan surgir en cualquier otra ciudad como los problemas que han surgido en Marbella, pues éstos son causa de una situación urbanística absolutamente especial, generada con el consentimiento de todos los que, de una forma u otra, han permitido que durante años se hayan llevado a cabo construcciones hoy cuestionadas en su legalidad. Y es a causa de esto por lo que debe intentarse por todos los medios encontrar salidas adaptadas a la situación inmobiliaria especialísima que en Marbella existe. Salidas que no supongan un claro perjuicio para los terceros que construyeron en base a licencias concedidas por el Ayuntamiento de la ciudad y que en todo momento entendieron que era la única forma de hacerlo, o para aquellos terceros de buena fe que, por una razón u otra, han adquirido las construcciones que hoy se encuentran amenazadas de derribo. No son ellos los que deberían sufrir las consecuencias de la situación actual, máxime si tenemos en cuenta que ni han podido evitarla, ni pueden solucionarla por sí solos.

Es más, mientras la búsqueda de soluciones va sucediéndose con una lentitud mayor a la deseada, en Marbella, los agentes intervinientes en el sector se preguntan qué sucederá con la revisión de las licencias no ajustadas al PGOU de 1986, único vigente hasta que se apruebe el que se encuentra en revisión. Desde el punto de vista de dichos agentes, el problema principal del urbanismo en Marbella no es únicamente que los proyectos urbanísticos nuevos no puedan realizarse, o que los ya iniciados queden paralizados, con el perjuicio que ello puede causar al mercado inmobiliario, sino que además, si existiera una resolución judicial que así lo dispusiera, se tendrían que derribar todas aquellas construcciones que han sido edificadas sin ajustarse el plan de urbanismo aplicable en estos momentos, es decir, aquel de 1986. Todo ello, sin olvidar que esas construcciones ya realizadas obtuvieron, evidentemente, sus licencias en base al plan vigente en aquel momento, cuando la ciudad estaba gobernada por el Grupo Independiente Liberal (GIL). Y puesto que esas licencias fueron concedidas y las obras ejecutadas de forma legal (presunción de la que gozan ex lege los actos administrativos), ¿deberían ahora tales construcciones soportar el peso de lo que se podría revelar, si así se dispusiera en el futuro, como una situación irregular? En cualquier caso, ¿no debería ser la Administración la que asumiera las consecuencias del mal hacer institucional? Imaginemos lo que supondría para Marbella, a nivel político, económico y jurídico, derribar miles de viviendas y otro tipo de construcciones en todo su territorio. No solo veríamos como el turismo tradicional de Marbella huiría en busca de nuevos territorios costeros más seguros para realizar sus inversiones, sino que además se produciría tal inseguridad jurídica y económica, que difícilmente la ciudad podría recuperarse en años, muchos años, y ello sin obviar el efecto expansivo que tal situación tendría de cara a la credibilidad de la seguridad jurídica en el resto del Estado.

Así pues, la búsqueda de soluciones eficaces y reales, lo menos perjudiciales posibles, adaptadas a la situación excepcional y anómala que existe en Marbella, podría ser la salida al callejón en el que se encuentran muchos promotores, constructores y compradores. Tales soluciones deberían centrarse, de una parte, en recuperar espacios que, como las zonas verdes, son tan importantes para una ciudad como Marbella, y de otra, en incorporar a la revisión del PGOU aquellas construcciones que, en razón de su tamaño, situación y complejidad, permiten a la ciudad una mejora urbana considerable, a pesar de haber sido edificadas con anterioridad a la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico, sin renunciar a crear espacios de uso comunitario para los ciudadanos de Marbella, habilitando y calificando las zonas adecuadas a tal fin.

Ahora bien, dicho lo anterior, hemos de reconocer que de un tiempo a esta parte, políticos, promotores, constructores y particulares en general, abogan por encontrar soluciones especiales a la situación urbanística excepcional de la ciudad. A causa de todo ello, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Marbella se han propuesto colaborar en distintos aspectos para que esta ciudad pueda volver a ofrecer seguridad a los inversores en el campo inmobiliario, sin que ello suponga renunciar a implementar un plan de urbanismo adaptado a las necesidades que la ciudad, sin duda, tiene. En efecto, en el susodicho afán de buscar soluciones para todos, la Junta y el Ayuntamiento han acordado cofinanciar un proyecto de estudio y revisión del PGOU de 1998, a través de un concurso público, que ya ha sido adjudicado a uno de los estudios de arquitectos que ha participado en el mismo. Esperemos, por tanto, que estos avances nos permitan obtener un PGOU que sirva de vehículo de solución de problemas, realizando una triple función reconductiva, didáctica y preventiva de los problemas de urbanismo existentes en Marbella. La mejor solución para el urbanismo de Marbella será aquella en la que se consiga comulgar las peticiones de todos sin renunciar a las necesidades de la ciudad.

Luis M. Juega es abogado.