Simancas rechaza que se subvencione la construcción de escuelas privadas

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, se opuso ayer frontalmente a la orden publicada el pasado 15 de noviembre por la que la Consejería de Educación, mediante convenios con los ayuntamientos, puede llegar a financiar hasta el 30% de la construcción de escuelas infantiles de primer ciclo (hasta tres años) privadas, que luego funcionarían con subvenciones públicas. "Esto sólo fomentará la precariedad y la desigualdad" en la educación madrileña, aseguró Simancas, que pide la construcción de 250 escuelas infantiles públicas en cinco años.

Según la citada orden, se podrán firmar convenios entre la Comunidad y los ayuntamientos para fomentar "la participación de la iniciativa social en la construcción y gestión de los centros de primer ciclo de educación infantil". Los consistorios cederán las parcelas necesarias a las empresas privadas que, en su mayoría, según el consejero de Educación, Luis Peral, serán cooperativas, para que éstas construyan los colegios. Hasta el 30% del coste de esa construcción, "en función de las posibilidades presupuestarias", lo podrá aportar la Consejería de Educación.

Y, una vez en marcha, la escuela, de titularidad privada, funcionará con subvenciones de la Administración, igual que los colegios concertados en las otras etapas educativas. La consejería quiere que los padres de los alumnos paguen un tercio de la plaza escolar; otro tercio, la Comunidad, y el resto, el Consistorio, igual que en las 320 escuelas de titularidad pública que actualmente existen en la región.

Para el portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, "la estrategia privatizadora" del Ejecutivo de Esperanza Aguirre tiene la intención de "socavar los cimientos mismos de la escuela pública" y constituye "una respuesta inaceptable" para atender "la demanda creciente no satisfecha de plazas en escuelas infantiles", que alcanzaría las 30.000, según las estimaciones de los sindicatos, y que la Consejería de Educación reduce hasta las 15.000 solicitudes rechazadas.

En lugar de subvencionar la construcción de centros privados, como propone el Gobierno, Simancas reclamó la construcción en cinco años de 250 escuelas infantiles públicas: 50 al año con una inversión de 60 millones de euros. O, en su defecto, propone la posibilidad de que la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos asumieran a partes iguales la construcción de las nuevas infraestructuras y que, después, se financiara de la misma manera, entre familias, Consistorio y Comunidad.

El defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, "ha reclamado un aumento del número de plazas infantiles en escuelas públicas y, sin embargo, no dice nada de financiar el 30% de las guarderías privadas", aseguró Rafael Simancas.

De momento, Ruth Porta, portavoz adjunta del PSOE, y Adolfo Navarro, portavoz de Educación, ya se han puesto en contacto con los ayuntamientos gobernados por los socialistas para pedirles que no se acojan a este tipo de convenios. "Creemos que tanto la enseñanza privada como la concertada [privada subvencionada] cumplen su función dentro de la educación madrileña, pero nuestro deber es defender la red de centros públicos como garantía de calidad y equidad", concluyó Simancas.

Defensa de los concertados

El portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, contestó a las declaraciones de Simancas asegurando que " las falacias e imposturas" del socialista sobre los convenios regulados por Educación para la construcción de escuelas infantiles tienen como principal objetivo "atacar a los fundamentos y principios de la escuela concertada", un tipo de enseñanza "financiada con fondos públicos y sujeta a la normativa de la Comunidad de Madrid", explicó Beteta. Destacó, además, que en la educación concertada "existe un déficit de 5.155 plazas", que representa el número de solicitudes que no pueden atender por falta de plazas, mientras que en la pública se presentan 7.290 solicitudes menos que las plazas que se ofertan. El gasto educativo se ha incrementado un 29,2% entre 2001 y 2004, lo que calificó como "un esfuerzo sin parangón" en la Comunidad, aseguró Beteta.

El consejero de Educación, Luis Peral, recordó que en su departamento la "prioridad presupuestaria son las etapas obligatorias", siendo la educación infantil de primer ciclo no obligatoria ni gratuita. De hecho, Peral ha afirmado en diferentes ocasiones que cada plaza escolar pública de preescolar le cuesta a la Comunidad alrededor de 6.000 euros por alumno al año, lo que supone "una de las razones que aconsejan que demos entrada a la iniciativa social [empresas privadas]".