La Audiencia de Cádiz pide una relación de bienes a EE UU para el embargo de Rota

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha emitido un auto, notificado el pasado 16 de noviembre, por el que reclama a la embajada de EE UU, como representante legal de ese Gobierno norteamericano, la entrega de una relación completa de los bienes y propiedades de los que goza en España con la intención de determinar cuáles son susceptibles de embargo por no encontrarse sujetos al principio de interés para la Defensa o para la soberanía de aquel país. El presidente de la Sala, Manuel Grosso de la Herrán, señala en su escrito que "requiere" al Gobierno estadounidense "para que designe los bienes que tiene en territorio español a efectos de determinar si los mismos son o no susceptibles de traba, con expresión, si lo desean, del uso o destino de cada uno de los bienes que se relacionan".

De esta manera, la Audiencia pretende dar cumplimiento a una sentencia firme del juzgado de Rota (Cádiz) que en 1999 determinó la obligación de la US Navy a pagar a la empresa malagueña Montasa por obras de canalización ejecutadas en el interior de la base, pero que no fueron abonadas en su totalidad.

Se trata del segundo auto emitido por la sala tercera sobre este caso. Anteriormente, en un auto notificado el 15 de noviembre, la misma sección ordenó levantar el embargo de la cuenta bancaria del economato norteamericano de la base naval de Rota al reconocer que tiene interés militar para EE UU y, por lo tanto, es inembargable. La decisión de la Audiencia revocaba la orden anterior de bloqueo de la cuenta que fue establecida por la juez número uno de Rota, que consideró que la función del centro de ventas no tenía carácter militar.

Cumplimiento

El abogado de la empresa demandante, Enrique Sierra, anunció ayer que solicitará al juzgado de Rota "el cumplimiento estricto" del requerimiento a la embajada norteamericana y recordó que esta solicitud es la segunda, en el mismo sentido, que tramita la administración de justicia española. En la primera ocasión, ante una providencia de noviembre de 2003 del juzgado de Rota, la embajada de EE UU en Madrid se negó a entregar una relación de propiedades por considerar que "carece de bienes susceptibles de ser sometidos a embargo en España".

Sierra advirtió ayer de que "en caso de que, de nuevo, el embajador se niegue a cumplir el requerimiento de la Justicia, incurrirá en delito, porque Estados Unidos tiene la misma obligación de cumplir la ley de enjuiciamiento civil que cualquier otro sujeto de derecho en España".

El abogado aseguró que, de no haber respuesta positiva de la embajada, exigirá al juzgado Rota que "llegue hasta las ultimas consecuencias y que, de oficio, abra la correspondiente denuncia penal contra el embajador como representante legal de EE UU en España, previa solicitud al Gobierno de retirada de la inmunidad".