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Un tifón causa más de 600 muertos en el norte de Filipinas

Un nuevo temporal tropical amenaza con agravar las inundaciones

Cuando aún se intenta verificar el número de muertes causadas por el tifón Winnie a su paso por el norte de Filipinas, que puede haber superado las 600 víctimas mortales, una nueva depresión tropical llamada Nanmadol se dirige hacia las costas del archipiélago, con vientos de hasta 150 kilómetros por hora, y amenaza con causar nuevas inundaciones y corrimientos de tierras. La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, ha prometido que va a acabar con las talas ilegales, que han agravado los efectos de las riadas.

La policía reconoce en su último informe oficial más de 400 muertos, 63 heridos y 177 desaparecidos, mientras que el Ejército habla de 400 muertos y 300 desaparecidos. Las dificultades para concretar los datos se deben al mal tiempo, las inundaciones y los cortes de carreteras, que dejaron incomunicadas a las principales provincias afectadas, y a la falta de coordinación informativa entre los distintos cuerpos gubernamentales. La Administración afronta otros problemas más urgentes, ya que cada hora que pasa se agrava el problema de enterrar los cadáveres y la carencia de ayuda para atender a los afectados.

España ha enviado a la Cruz Roja de Filipinas ayuda humanitaria -lonas, colchones, recipientes para almacenar agua potable, arroz y medicinas-, por valor de 66.000 euros para los damnificados, que suman ya cerca de 170.000 personas. "Nos preocupa que pueda declararse una epidemia", aseguró ayer el ministro del Interior, Angelo Reyes.

En la ciudad de Real los equipos de rescate utilizaban ayer largos palos para intentar localizar los cadáveres de decenas de personas atrapadas al hundirse un edificio de viviendas. Neri Amparo, portavoz de la Oficina Nacional de Coordinación de Desastres, aseguró que más de 70 vecinos habían quedado sepultados bajo los escombros del inmueble.

Tras varias décadas de talas ilegales, Filipinas ha perdido casi la mitad de su superficie forestal, que ha pasado del 34% del territorio en 1970 a un 18% en la actualidad, según grupos ecologistas locales. El Gobierno de Manila ha impuesto una prohibición parcial para las talas después de que aumentaran los efectos de las inundaciones a lo largo de la década de los noventa. Las prohibiciones, sin embargo, han sido eludidas por la acción de las explotaciones madereras ilegales que han proliferado en un clima de corrupción generalizada. La presidenta Arroyo afirmó ayer que las talas ilegales deben pasar a ser consideradas como "crímenes contra el pueblo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de diciembre de 2004