"La Generalitat incumple la ley al recalificar terrenos sin garantizar el agua"

Manuel Aldeguer, alicantino de Guardamar del Segura, es desde hace apenas cinco meses comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), cuyo anterior responsable está siendo investigado por supuestas irregularidades en la gestión del agua. Con sus últimas decisiones, que han implicado el cierre de pozos, se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la nueva política hídrica del Ministerio de Medio Ambiente. La ministra Cristina Narbona ha confiado en él para poner orden en un organismo que abarca zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, y que en los últimos años se había convertido en el centro de las críticas de regantes y organizaciones ecologistas. Desde su despacho de la plaza de Fontes de Murcia, sede de la CHS, este biólogo y profesor universitario critica la expansión urbanística sin garantía de agua y defiende que las actuaciones del programa AGUA y el ahorro con la modernización de regadíos reducirán claramente el déficit en la Vega Baja.

"El agua del trasvase Tajo-Segura es insuficiente para los regadíos de la zona"

"La medida de control del despilfarro de agua agradará mucho a los regantes"

Pregunta. La ministra de Medio Ambiente ha manifestado recientemente su intención de obligar a los promotores de viviendas a que tengan que pedir garantías de suministro de agua a las confederaciones, ¿qué le parece esta iniciativa?

Respuesta. Me parece una medida muy buena por parte de la ministra, ya que pese a que en la Comunidad Valenciana hay una ley de ordenación del territorio que obliga a la Generalitat a que garantice la existencia de agua antes de dar el visto bueno a una urbanización, esto no se viene haciendo. Una cosa es que exista esta ley, pero otra diferente es que la Generalitat Valenciana la esté incumpliendo de forma sistemática, ya que está recalificando los terrenos sin que haya una garantía de suministro por parte de las confederaciones, tal y como exige la propia ley autonómica. El Ejecutivo valenciano está incumpliendo la normativa que ha aprobado.

P. ¿Considera que la mayor parte de los proyectos urbanísticos del sur de Alicante y la costa murciana no tienen asegurada la dotación de agua?

R. Así es. Y por eso creo que la Generalitat Valenciana está actuando de forma imprudente e infringiendo la ley al recalificar de manera sistemática y generalizada terrenos en la Vega Baja y otras zonas de la Comunidad Valenciana sin garantizar los recursos. Por eso la iniciativa de Cristina Narbona de exigir una informe preceptivo de las confederaciones me parece muy acertada. Además, no hay que olvidar que todas las recalificaciones urbanísticas implican una nueva dotación de agua que al final provoca una tensión con los regantes, que son los más perjudicados, ya que pierden parte de sus caudales, siendo éstos muy limitados. La Generalitat y el anterior Gobierno del PP tendrían que haber construido las plantas desalinizadoras para acabar con el problema. Creo que esta medida de controlar el despilfarro de agua agradará mucho a los regantes de la Comunidad Valenciana.

P. La Confederación del Segura ha elaborado un informe en el que asegura que 12.000 hectáreas del perímetro regable del trasvase Tajo-Segura han sido recalificadas en la cuenca del Segura. ¿Esto está pasando también en la Vega Baja alicantina?

R. Sin duda. Por ejemplo, en La Pedrera se han recalificado terrenos del trasvase, al igual que está pasando en Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada o en Torrevieja. Precisamente en esta última localidad creo que ya no existe más suelo que recalificar. Esta situación genera un déficit hídrico todavía mayor del existente, ya que el agua del trasvase [Tajo-Segura] es claramente insuficiente para los regadíos de la zona.

P. Si se recalifican terrenos regados del trasvase, ¿se podría pensar, sobre todo desde Castilla-La Mancha, que deberían perder sus derechos de agua?

R. En ningún caso los agricultores han planteado tocar los caudales procedentes del trasvase Tajo-Segura. Lo que dicen los afectados es que si hay unas 140.000 hectáreas de regadíos y éstas se recalifican, aumentando el consumo de agua ya que los regadíos se desplazan, la perjudicada es la agricultura. Lo que están haciendo es incrementar el problema, ya que por ejemplo La Pedrera, que tiene una dotación muy pequeña del Tajo-Segura de 800 metros cúbicos por hectárea al año, está sufriendo una gran tensión por parte de las constructoras.

P. ¿Pero los regantes también tendrán que hacer un esfuerzo, modernizando sus regadíos, al igual que están haciendo los murcianos?

R. No cabe duda de que tiene que ser así. Por eso dentro de dos semanas el director general de la sociedad estatal Acuamed, Adrián Baltanás, vendrá a Alicante para entrevistarse con los responsables de los juzgados de aguas y conmigo para tratar de iniciar los trabajos para modernizar los regadíos de la Vega Baja. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de mezclar el agua de los pozos, que son muy salinos, con los caudales del Segura, los recursos de la depuradora de aguas salobres que está previsto construir en las cercanías de Guardamar del Segura y el agua procedente de la desalinizadora incluida en el Programa AGUA de Medio Ambiente. Si a esto unimos la posibilidad de ahorrar un 25% de agua mediante la modernización de los regadíos, estaríamos muy cerca de solucionar el problema del déficit de agua en la Vega Baja y bajaríamos los precios del agua desalada. Si no abandonáramos el riego a manta, el agua desalada no sería rentable para los regantes. Por eso necesitamos la implicación de la empresa que se encarga de la modernización de los regadíos, que es Acuamed, y del propio ministerio de Medio Ambiente.

P. La justicia ha dado la razón a los vecinos de Guardamar del Segura en contra de la decisión del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento que permitía recalificar terrenos sin el visto bueno de sus propietarios. Usted era entonces concejal de la oposición, ¿qué opina de la decisión judicial?

R. Creo que el PP de Guardamar del Segura actuó de forma oscura, y según mantiene el propio juez, de manera irregular. El Consistorio adjudicaba terrenos, muchos de ellos en zona regable del Tajo-Segura, en contra de los propietarios. Considero que ha habido irregularidades manifiestas, que han redundado en beneficio de los políticos que estaban gobernando en ese momento. Pero lo peor de todo es que ha habido numerosas tensiones entre los propietarios, muchos de ellos ciudadanos de otros países de la Unión Europea, lo que ha llegado a provocar un conflicto diplomático con el Reino Unido.