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Aprobado el plan del puerto de Málaga tras seis años de trámites

El pleno municipal de Málaga aprobó ayer definitivamente con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de IU el Plan Especial del Puerto de Málaga que, como reconoció el concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, ha sido uno de los expedientes "más complicados y prolijos" tramitados por el consistorio. El plan se aprobó por primera vez en abril de 1998, y después se han llegado a formular hasta cinco distintos. Ninguno vio la luz por contener extremos que o bien despertaron una fuerte contestación ciudadana, o por las reticencias del alcalde, Francisco de la Torre. El edil de Urbanismo se refirió ayer en tono irónico a este complicado proceso y dijo que el proyecto se ha mejorado notablemente gracias a "la pesadez del alcalde".

El plan permitirá la recuperación para uso ciudadano de los muelles 1 y 2 de la ciudad, en los que se prevé una edificabilidad de 23.500 metros cuadrados, 9.500 menos que los previstos en 1998. De ellos, 14.000 metros cuadrados serán para uso comercial, y en la esquina de ambos muelles el puerto construirá un edificio de 6.300 metros cuadrados para uso cultural.

Agua

En el pleno de ayer, la corporación aprobó una subida del recibo del agua para 2005 del 7%, más otro 27,29% que se comenzará a aplicar una vez que entre en funcionamiento la desalobradora de El Atabal, construida para mejorar la calidad del agua del pantano del Guadalhorce, caracterizada por una alta salinidad y dureza.

El asunto motivó una fuerte polémica, e incluso tuvo que someterse a votación tres veces porque los grupos de la oposición pidieron una aclaración de lo que se votaba, pues en principio no estaba prevista la aplicación de la subida de esta forma escalonada.

Además, el alcalde, Francisco de la Torre, propuso pedir al Ministerio de Medio Ambiente que corra con los gastos de mantenimiento de la desaladora, estimados en un millón de euros mensuales, para así no tener que incrementar ese 27% adicional al recibo. La propuesta tuvo una fuerte contestación de la oposición, que acusó alcalde de buscar la confrontación con el Gobierno central para "tapar su incapacidad". La portavoz del PSOE, Marisa Bustinduy, recordó que la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado aprobada por el PP en 2003 prohibe las subvenciones para el consumo de agua.

Además, recordó que el convenio que en su día firmó el alcalde con el Ministerio de Medio Ambiente, cuando gobernaba el PP, para construir la desalobradora contemplaba que el Ayuntamiento sufragaría una parte de la inversión (25%) y el mantenimiento de la instalación con cargo al recibo que pagan los consumidores. "No conozco a nadie con más desparpajo para cumplir sus acuerdos, se ha convertido en su propio alegante", espetó Bustinduy a De la Torre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de diciembre de 2004