Yukos admite que no podrá aplicar el plan de salvación y se prepara para la quiebra

Liquidación inmediata o suspensión de pagos. Es la sombría disyuntiva que el próximo 20 de diciembre planteará a sus accionistas el Consejo de Administración de la petrolera Yukos. El plan de salvación que abría una salida a la que en el pasado fuera la mayor y más rentable compañía de Rusia "no podrá aplicarse", admitió ayer la propia Yukos. El motivo, la venta de la filial Yuganskneftegas, forzada por el Gobierno de Moscú. Esta filial supone el 60% de la producción del grupo, sobre el que pesa una reclamación de más de 25.000 millones de dólares por impuestos no pagados.

El comunicado de su consejo de administración plantea abiertamente que la "extraordinaria presión" judicial a la que está sometida la compañía refleja "la total destrucción de Yukos" y "la ausencia de respuesta del Gobierno a las numerosas propuestas de compromiso sometidas por la compañía".

A esta falta de respuesta no es ajena la fuga, literalmente, del equipo directivo de Yukos fuera del país. Miembros de la cúpula de la compañía han confesado que temen por su seguridad y por la de sus familias si no se marchan de Rusia, a lo que se une la oleada de arrestos y órdenes de detención que vienen dictando los fiscales.

Al menos cinco responsables del grupo han recibido citaciones judiciales, en un episodio tras el que los observadores ven una afrenta del Kremlin para castigar al fundador de Yukos, Mijaíl Jodorkovski, y a sus ambiciones políticas, toda una lección para los oponentes del presidente Vladímir Putin. Entre los huidos, en este caso a Londres, figuran el consejero delegado, el americano Steven M. Theede; el responsable financiero, Bruce K. Misamore, y el abogado del grupo, Dmitri Gololobv.