La tasa de reinserción de menores delincuentes en Andalucía dobla a la media española

Desde que hace casi cuatro años entró en vigor de la Ley de la Responsabilidad Penal de los Menores (la Ley del Menor), el 30% de los condenados e internados en centros de infractores de Andalucía no ha vuelto a reincidir. Así lo afirmó ayer en Córdoba Diego Vargas Vargas, responsable de la Asociación Meridianos, que gestiona tres de los 16 centros de menores que existen en la comunidad. En España y Europa la media de jóvenes que no vuelve a delinquir se sitúa entre el 10% y el 15%. La tasa de reinserción en Andalucía, por tanto, dobla la media española.

Según un estudio que está realizando el Observatorio de la Violencia Juvenil de Meridianos, y que próximamente será presentado, la tasa de menores que no reinciden tras ser internados en Andalucía se sitúa en torno al 30%, mientras que en el resto de España y Europa la media está entre el 10% y el 15%.

En opinión de Vargas, el alto número de jóvenes reinsertados en la comunidad obedece, principalmente, a la buena coordinación existente entre administraciones y los centros de internamiento para menores y a la dotación económica que reciben estos centros. Vargas dijo que los 16 centros de menores infractores de Andalucía, que custodian a unos 600 chavales, están en la "vanguardia" de los centros españoles y son un modelo de referencia para el resto.

El responsable de Meridianos adelantó ayer estos datos en la apertura del Primer Simposio Internacional Justicia y Violencia Juvenil, que organiza esta asociación en colaboración con la Consejería de Justicia. La titular de este departamento, María José López, acudió al acto de inauguración y apostó por seguir con la "recuperación del menor para la sociedad" como eje de actuación ante la delincuencia en las personas entre los 14 y los 18 años.

Ofrecer oportunidades

Uno de los principales puntos en los que hace hincapié la Ley del Menor es en que los centros de internamiento deben ofrecer oportunidades de reinserción para los jóvenes. Pero además, esta norma ha elevado hasta los 18 años la edad mínima de ingreso en prisión. Es decir, los jóvenes delincuentes de entre 16 y 18 años, que hasta el año 2000 ingresaban en cárceles comunes, deben ser internados en centros especiales, al igual que los mayores de 14 años. Esto hizo que surgieran en la comunidad nuevos centros gestionados por la Administración, por entidades privadas o por ambas en colaboración.

Estos centros, según la Ley del Menor, deben poner a disposición de los internados "actividades formativas, educativas, laborales y de ocio". El objetivo es alcanzar la reinserción que, según Vargas, se puede dar como exitosa si transcurridos de 12 a 18 meses desde el internamiento el menor no ha vuelto a delinquir.

Vargas dijo que la Ley del Menor es un instrumento "fantástico", pero que no se supo trasladar correctamente a la población en su momento. Explicó que, cuando aparece en los medios de comunicación un delito de sangre en el que está implicado un menor, comienzan las críticas y la "alarma social", pero este tipo de casos sólo representan un 0,1% del total de infracciones. La mayoría son robos y hurtos y no siempre cometidos por jóvenes marginales, ya que, según Vargas, el perfil está cambiando y se extiende entre las clases medias.

La consejera de Justicia también quiso hacer una llamada a la tranquilidad cuando se refirió a la violencia dentro de los centros escolares. María José López dijo que este problema "siempre se ha producido" y que Andalucía no destaca en este sentido por encima de la media española.

La consejera pidió a las instituciones "cautela" para no "extender a la población de que hay una situación generalizada de violencia en los centros", aunque si dijo que tanto su consejería como la de Igualdad y la de Educación están trabajando conjuntamente para intentar atajar el problema.