El agujero negro de la lucha antiterrorista

Pagar o no pagar a ETA, quitarse el muerto de encima y traspasárselo a otro, comprar la seguridad propia y posibilitar que se la arrebaten a los demás, financiar las balas que matarán al vecino; éste es el dilema al que se enfrentan un número creciente de ciudadanos vascos, cerca de 2.000, en la actualidad. Devaluado y todo, el sello de ETA continúa siendo una eficaz herramienta para recaudar el dinero amasado en el miedo y la flaqueza moral. Y no cabe confiar en que las treguas venideras con las que ahora se especula vayan a disolver la amenaza. Ninguno de los ciudadanos vascos sometidos a la extorsión ha olvidado que las cartas fatídicas les siguieron llegando, puntualmente, durante el año y medio de suspensión de los atentados que siguió al Pacto de Lizarra. No en vano, en aquel pacto, suscrito con el nacionalismo institucional, ETA se reservó, expresamente, el derecho a seguir utilizando sus vías clásicas de financiación.

ETA necesita mucho dinero fresco para seguir subsistiendo. Se calcula que su presupuesto ordinario anual está entre 1.200.000 y 1.800.000 euros

A falta de datos solventes, años atrás ETA ya se daba por satisfecha si cobraba el 25% de lo que exigía; hoy, el porcentaje debe de estar entre el 10% y el 20%

Según fuentes empresariales, la base de información que maneja ETA sale del cruce de datos entre el censo electoral y el Registro Mercantil

Un dirigente empresarial: "Si antes mandaban cien cartas y en cada una exigían 600.000 euros, ahora envían mil pidiendo entre 60.000 y 120.000 euros"

"¿Que por qué no pago y me olvido de todo? Pues por estómago. Con lo que me he gastado en seguridad casi podría haber pagado el impuesto", dice un empresario

Hay quienes opinan que la justicia debería distinguir entre quienes pagan a ETA como último recurso y aquellos que lo hacen para quitarse un problema de encima

Una de las paradojas del momento actual es que cuanto menos ETA hay, más hace funcionar la impresora del miedo, más estampa sus siglas al pie del escrito de amenaza, más utiliza ese anagrama del hacha y la serpiente que aparece sobreimpreso, omnipresente, a lo largo y ancho del folio de caro papel que difunde la extorsión. "Gora Euskal Zerga" (¡Viva el impuesto vasco!), exclaman con alborozo en el último Zutabe (boletín interno) que los encapuchados de turno distribuyeron en el mitin de Batasuna el pasado domingo.

En los últimos años, la policía ha logrado descabezar y desmantelar gran parte de las estructuras de los aparatos militar, logístico y político, ha deshecho varias tramas de la extorsión y recuperado considerables partidas de dinero, pero nunca ha llegado al corazón de GEZI, al núcleo del aparato financiero, a la gran tesorería central de ETA. "Digamos que de vez en cuando conseguimos podar el árbol, pero que nunca alcanzamos el tronco", admite un responsable policial.

Dinero bien oculto

La financiación de ETA es el agujero negro de la lucha antiterrorista, el secreto mejor guardado de la banda, un asunto clave a acometer con urgencia porque no es fácil que una organización engrasada económicamente llegue a encontrar el momento propicio para disolverse. ¿Qué prisa van a tener aquellos terroristas asentados en suelo francés que no sienten la presión policial a sus espaldas si disponen de una gran red de pisos de alquiler y pueden alojarse en hoteles y pensiones, si pueden moverse libremente en todo tipo de transportes, si disfrutan de la seguridad que reporta el dinero abundante? ¿Y cómo convencer a un joven que se estrena de liberado y maneja un dinero fácil de que ha llegado el momento de disolver la organización?

Con tregua para mantener a la tropa estable y poder acometer la reestructuración, sin tregua para responder a los gastos corrientes que suman un presupuesto ordinario anual estimado entre 1.200.000 y 1.800.000 euros, ETA necesita mucho dinero fresco para seguir subsistiendo. Y, por lo mismo, la asfixia económica de la organización terrorista resulta ahora una tarea prioritaria para forzarle a disolverse, para salvaguardar las vidas de las futuras víctimas. De ahí que las policías española y francesa acaben de formar un equipo conjunto dedicado en exclusiva a desmantelar el aparato financiero de ETA.

Aunque el misterio cubre en gran medida todo lo referente a la contabilidad de ETA, se sabe que la extorsión económica es actualmente su principal fuente de financiación. El último secuestro, el de Cosme Delclaux, tuvo lugar hace ya siete años, y no parece que los tinglados empresariales que montaron años atrás, algunos ya desmantelados y otros bajo sospecha -hay una empresa papelera sometida a vigilancia-, le estén reportando grandes beneficios. "Lo que les sigue funcionando, y de coña, es el subaparato del impuesto, el ZERGA (impuesto en euskera)", confirma un experto policial. Así que el dilema personal al que se enfrenta todo extorsionado tiene cada vez más una mayor consecuencia social. Por eso, la pregunta de quiénes pagan a ETA, cuántos son, cuánto pagan y por qué adquiere ahora una mayor significación. A falta de datos estadísticos solventes, lo que se sabe, por un informe de ETA intervenido años atrás, es que ETA se daba ya entonces por satisfecha si cobraba el 25% de lo que exigía. Los especialistas policiales y los directivos de organizaciones empresariales más informados en este asunto coinciden en señalar que el porcentaje de amenazados que cede al chantaje debe de estar entre el 10% y el 20%. "Ahora hay menos miedo porque la gente sabe que ETA está débil", aseguran. Pero, ¿cómo se explica que la familia de una persona que estuvo secuestrada hace una década haya hecho en el presente año un importante pago a ETA? ¿Por qué siguen contribuyendo 10 años después a completar la multimillonaria cifra de rescate fijada en su día?

Pretender entrevistar a las gentes sometidas al chantaje supone muchas veces toparse con el muro del silencio, suscitar gestos y miradas de sorpresa en las que a veces se adivina una punzada de pánico, declarar la alarma en estancias donde se habla en susurros por temor a despertar un miedo revenido adherido a las paredes, incrustado en los cerebros. Porque preguntar por "el impuesto", tal cual -no hace falta especificar- es visto generalmente como una agresión obscena, una intromisión intolerable en espacios íntimos vedados, estancados, doblemente blindadas por dentro y por fuera; un comportamiento más propio de un loco o de un agente provocador que de un periodista. Pero también hay quienes se resisten a la omertà y acceden finalmente a hablar.

Cartas amenazantes

"Pagamos hace tres años y desde entonces no he dejado de preguntarme si obré bien o mal. Yo fui, con mi voto, el que deshizo aquel día el empate en el Consejo de Administración de la empresa. Estábamos cansados de soportar tanta tensión; usted debería ver las cartas que nos mandaba ETA, y cuando mataron a José María Korta (presidente de la patronal guipuzcoana Adegui, asesinado el 8 de agosto de 2000) y empezaron los lloros en algunos de nuestros hogares, nos vinimos abajo. Al principio pretendimos que el dinero fuera para alguna ikastola o para la cultura vasca, pero, claro, ETA se negó y terminamos aceptando. No es que yo temiera verdaderamente por mi vida, pensé más que nada en la posibilidad de un secuestro y en atentados contra la empresa. Desde luego, a ninguno se nos pasó por la cabeza ir a la policía", indica un empresario vasco.

"Tengo que reconocer", dice, "que al pagar me convertí en el juez que decidió que lo que me estaba destinado a mí le pasara a otro".

Como ocurre con la totalidad de los chantajeados, este empresario fue sometido a la escalada amenazante que ETA aplica a las víctimas de la extorsión. "ETA se dirige a usted para reclamarle una ayuda económica de (...). Para abonar dicha cantidad", indicaba la primera carta, debe dirigirse a los habituales círculos de la izquierda abertzale manteniendo una discreción extrema y absteniéndose de poner en conocimiento de cualquier cuerpo policial la existencia de esta relación entre ETA y usted. El no responder positivamente a esta petición le haría acreedor de las medidas que Euskadi ta Askatasuna decida aplicar contra usted y sus bienes".

A esa primera carta tipo que muchos de sus destinatarios recuerdan posteriormente como un texto cortés, apenas intimidatorio, le sigue una nueva misiva de tono más agresivo que llega seis meses o un año más tarde, normalmente a nombre de la esposa de la víctima y con remitente de un familiar o amigo del matrimonio. Se trata de desestabilizar al conjunto de la familia de forma que se multiplique la presión sobre el chantajeado. En la tercera carta, ETA les comunica en un lenguaje marcadamente burocrático, típico de una oficina de Hacienda, que han sido penalizados por impago con un incremento del 5% de la cantidad inicialmente exigida. A partir de ahí se multiplican las amenazas, acompañadas, ocasionalmente, de llamadas telefónicas y de pintadas en las inmediaciones de la casa o de la empresa.

"En general, el empresario reacciona a la primera y segunda carta con bastante frialdad y entereza, se guarda el secreto esperando a que se olviden de él. Pero empieza a flaquear cuando la familia se entera y comienzan las depresiones. Algunos se desmoronan si les aconsejas que se busquen protección, y por eso, sólo les hablamos de este asunto en última instancia, cuando creemos que hay un peligro cierto", señala el directivo de una patronal vasca. En los círculos empresariales vascos pesa, y mucho, el doloroso recuerdo de José María Korta, asesinado por haber promovido públicamente la rebelión contra el impuesto. Como pesa, enormemente, el caso de Isidro Usabiaga, asesinado bajo la acusación de haber colaborado con la Ertzaintza en el desmantelamiento de una de las tramas de la extorsión.

"Es curioso", comenta este mismo directivo empresarial, "hay gente que aunque pasa miedo y puede pagarse la escolta opta por no ir protegida porque teme todavía más aparecer públicamente como víctima. No quieren significarse ni siquiera como víctimas, y es que ya se sabe que para ETA, y desgraciadamente también para buena parte del nacionalismo, las víctimas son los malos", añade. "Mi consejo es siempre el mismo: Si pagas, te perjudicas a ti mismo porque, además de financiarles sus actividades, tú mismo te pones en sus manos y te descubres ante ellos como un cobarde del que siempre podrán echar mano cuando lo necesiten".

Un penoso peregrinaje

El procedimiento establecido por ETA obliga a los extorsionados a un largo y penoso peregrinar porque, salvo para aquellos grandes empresarios que ponen el asunto en manos de sus abogados o directivos, pagar no es siempre una tarea sencilla. "Dirigirse a los habituales círculos de la izquierda abertzale", como ordena ETA, supone en la práctica visitar a familiares o conocidos situados en la órbita de Batasuna, acudir a bares o sedes de esa formación, contactar con ex alcaldes o ex ediles, con antiguos presos o huidos de ETA, presentarse en determinados despachos de abogados. "Es humillante, pero no hay otro remedio si quieres pasarle a ETA el mensaje de que estás dispuesto a pagar. Luego, se trata de esperar a que los terroristas contacten contigo. Al cabo de un tiempo, aparece alguien que te dice que sabe que tienes un problema y que puede ayudarte a solucionarlo. Por supuesto, él no se presenta como miembro de ETA, sino como alguien que conoce a alguien que, a su vez, conoce a alguien que puede influir sobre tu caso", indica una persona con conocimiento de causa.

"Hay bastante trasiego en torno a algunos abogados, a antiguos cargos de Batasuna y ex presos sin causas pendientes que viven aquí o en el sur de Francia", afirma un experto policial. "Cuando les llega el recado, los liberados de ETA se hacen cargo del caso y establecen quién va a contactar con el extorsionado y llevar la negociación sobre la cantidad total a pagar, la cifra de la primera entrega y los plazos de pago. A cada uno le asignan un camino de intermediarios distinto y resulta muy difícil seguirles la pista, particularmente a los abogados, que, generalmente, se mueven mucho y hablan con todo el mundo. Cambian de coche y de rutas, y si se sienten seguidos te llevan a un punto muerto y se retiran del caso. Igual se pasan un año sin volver a intervenir. Además, como hay varias tramas del impuesto y actúan de forma estanca, la investigación muere con la desarticulación del grupo".

A juicio de este agente, los empresarios extorsionados apenas colaboran con la policía. "Los más decididos acuden a entregarnos la carta para solicitar consejo o pedir protección, pero casi nadie hace una denuncia formal. Y con los que han pagado no hay nada que hacer. Lo normal es que te mientan. Te dicen que el intermediario es un tipo joven, con melena y de 1,80, y luego resulta que es un cuarentón calvo y bajo de estatura. Si contáramos con la colaboración de una decena de extorsionados acabaríamos desmontando su red de chantaje", sostiene este agente. No parece, en efecto, que haya mucha colaboración, pero, por si acaso, ETA toma muchas precauciones, especialmente en el momento caliente de coger el dinero.

"A mí me citaron en un pueblo pequeño del otro lado, pero en cuanto llegué al punto de encuentro me llamaron al móvil para ponerme otra cita en otro pueblo. Allí, me dijeron que dejara el coche con las llaves puestas y que no volviera hasta que pasara un tiempo determinado. Cuando volví, el coche estaba aparcado en la misma zona y el dinero había desaparecido", cuenta un extorsionado. "En las inmediaciones de la cita, ponen a su gente con detectores de radiofrecuencias para asegurarse de que el coche de la víctima no lleva algún tipo de emisor", comenta un policía.

En algún lugar de Francia, en el zulo mejor guardado de ETA, hay un archivo con las fichas de los ciudadanos vascos sometidos a la extorsión. Debe de estar organizado como un fichero de clientes convencional. Están ahí los nombres y apellidos de los chantajeados y de sus familiares y amigos conocidos, las direcciones y teléfonos del trabajo y de casa, los datos de la empresa, el historial que da cuenta de la reacción del chantajeado ante la carta de amenaza, así como su comportamiento posterior y todos aquellos datos que los terroristas han conseguido reunir, a veces con el concurso de las propias víctimas, tales como teléfonos móviles privados, balances contables. Hay también un fichero que identifica a cada uno de estos contribuyentes con una clave numérica, la misma que encabeza el escrito de amenaza, que registra el número de cartas que le han sido enviadas, la cifra exigida y los pagos pendientes que le quedan por satisfacer.

Según fuentes empresariales, la base de la información que maneja ETA sale del cruce de datos entre el censo electoral y el Registro Mercantil. "El censo lo tienen, claro está, a través de los cargos de Batasuna, y cualquiera puede acceder al Registro Mercantil abonando una pequeña cantidad. Está comprobado que vigilan los movimientos que se producen en las sociedades y que a veces se guían de esos movimientos para mandar o no la fatídica carta. Por eso hay empresarios que optan por no dar cuenta al Registro Mercantil de las ampliaciones de capital o de las nuevas inversiones realizadas. Prefieren pagar las multas a ponerse al descubierto", indica un dirigente empresarial. La renuncia a la ostentación, la práctica del disimulo y el ejercicio de una cierta hipocresía en el plano político caracterizan, a su juicio, la actitud de muchos empresarios vascos. "Algunos sólo sacan sus buenos coches de Miranda para abajo porque aquí de lo que se trata es de no llamar la atención, de no aparecer como potentados, de pasar inadvertidos o ser considerados simpáticos, populares, gente jatorra".

Más cartas, menos dinero

El número de extorsionados ha crecido exponencialmente a medida que la policía ha ido sometiendo a ETA a una cura de adelgazamiento forzoso. "Si antes mandaban cien cartas y en cada una exigía 600.000 euros, ahora mandan mil pidiendo normalmente 60.000 o 120.000 euros", confirma un dirigente empresarial. El círculo de amenazados se ha ampliado así enormemente, de forma que alcanza ahora a pequeños propietarios, a profesionales independientes y hasta a carniceros. Junto al interés crematístico, hay un propósito soterrado, sibilino, de doblegar voluntades y domesticar a la sociedad. Aunque cada caso es diferente, quien ya ha cedido al chantaje y atravesado las horcas caudinas de la humillación difícilmente recupera el valor suficiente para enfrentarse al terrorismo. La amenaza y el miedo a recibir la carta de amenaza paraliza en muchos casos las voluntades y nubla el cerebro, encierra al extorsionado en un magma confuso de sentimientos ambivalentes que tiende a magnificar a ETA y al conflicto político. "Se equivocan aquellos que ven en Euskadi a una segunda Irlanda", señala un empresario. "Lo que tenemos aquí son la conjunción de las pistolas, el dinero y las conexiones políticas; o sea, Sicilia, la Mafia. Yo estoy seguro", apostilla, "de que hay gente que saca gran provecho de todo esto".

Las convicciones éticas, sociales y políticas constituyen, junto a la valentía personal, las rayas divisorias que decantan el comportamiento del extorsionado ante la carta de ETA. Porque pagar a los terroristas es un trago que se digiere y metaboliza mucho más fácilmente si la conciencia moral es tibia, si se contabiliza mentalmente como un impuesto más y además se confía en obtener una rebaja en la Hacienda pública, si se considera que el pago a ETA es una servidumbre más con la que hay que cumplir para seguir estando a bien con todos los poderes. Bajo la coartada de la angustia vital y del estado de necesidad, lo que se encuentra muchas veces es la indiferencia, el cinismo, la frivolidad y el consentimiento. Lo dice la policía y también la propia ETA en sus escritos: hay gente que paga de manera voluntaria, gente a la que le basta la primera carta para apresurarse a cumplir con las exigencias de la banda. Y están los pragmáticos, los que les resulta más cómodo y rentable pagar que enfrentarse al problema y protegerse.

La mayoría no son así. "Claro que tengo miedo, llevo cuatro años con escolta permanentemente, viendo a mi familia preocupada. No piso la calle y los fines de semana tengo que marcharme de Euskadi para poder respirar un poco. Duermo con un ojo abierto, siempre en tensión, vigilando. Hemos pensado mil veces en malvender la empresa y largarnos, pero irse tampoco es nada fácil porque supone separar la familia e hipotecar el futuro laboral de mis hijos. Ellos tienen novias, carreras que terminar, amigos... ¿Que por qué no pago y me olvido de todo? Pues, por estómago, claro. Con lo que me he gastado en seguridad casi podría haber pagado el impuesto. Lo que pasa es que yo no podría mirarme en el espejo, ni mirar a mis hijos, a mi mujer, a mis amigos si gracias a mi dinero matan a otra persona", indica un empresario.

Cuestión de estómago

Es cuestión de estómago y de hígados, de principios, de decencia personal. "A mí no me quita el sueño y voy sin escolta a pesar de que ya he recibido la tercera carta. Hay gente que exagera con lo del peligro", dice, "porque, en realidad, ETA no ha matado desde hace muchos años a un extorsionado. Lo que me quitaría el sueño verdaderamente y me destrozaría el hígado sería subvencionar a los que matan", afirma otro de los chantajeados. Ninguno de estos dos últimos empresarios aprecia el apoyo que las instituciones vascas, los partidos y una organización patronal han prestado a los cocineros llamados a declarar por un juez de la Audiencia Nacional. "Se ha lanzado un discurso muy hipócrita, como si diera igual pagar o no pagar a ETA, como si fuera lo mismo resistir que ceder. Tiene gracia que apoyen más a los que supuestamente pagan que a los que no pagamos. Lo único que yo sé es que estos cocineros famosos, ricos y con tan buena prensa no movieron un dedo cuando asesinaron a aquel cocinero de Martutene. Eso es imperdonable. Les conozco mucho, pero le aseguro que no volveré a pisar sus restaurantes", afirma una de las víctimas de la extorsión.

Hay quienes opinan que la justicia debería distinguir entre quienes pagan a ETA como último recurso, víctimas de una situación angustiosa realmente insoportable, y aquellos que pagan para quitarse un problema de encima sin haber hecho el esfuerzo de resistir. Pase lo que pase, es altamente improbable que alguno de estos empresarios llegue algún día a recoger el recibo de pago que ETA otorga a sus contribuyentes.