Fracaso penitenciario

Para la APDHA no es ni natural ni irreversible la situación de fracaso social de nuestras prisiones. El problema de la sobreocupación no puede reducirse a consecuencias colaterales, ni a ajustes del sistema a realidades peligrosas de las que nos tenemos que defender. El que la población penitenciaria alcance el tope histórico de 60.000 personas presas y que de estas el 22% sean preventivas (13.200 personas están en prisión sin que se haber sido sometidas a un proceso judicial con todas las garantías) exige dar una respuesta clara y contundente. La sobreocupación no es sino fruto de una política basada en el miedo, en apartar de la convivencia social al "sospechoso", al "extraño" o al que "molesta" . Construir más macrocárceles no soluciona nada. Es urgente que, al menos, se articulen iniciativas como la presentada por la Directora General de Instituciones Penitenciarias de restringir el sistema de cumplimiento en primer grado al menor numero de internos posible, y el hacer efectivo de una vez por todas lo establecido legislativamente en materia de terceros grados, de tan escasa aplicación por mucho que suenen determinados casos en los medios.

Los beneficiarios de este tipo de iniciativas, de esta seguridad compartida y responsable no sólo serán los que en su día fueron condenados sino las propias víctimas y la sociedad en general. Promover la ejecución real de sistemas que propicien reconstruir las relaciones socio-familiares y laborales de los que tarde o temprano retomarán la vida en libertad, fortalece la red y la convivencia social.

Sorprende por el contrario que una vez asumida por parte de Instituciones Penitenciarias la ya sabida imposibilidad material de poder conocer y trabajar individualizamente con los personas que habitan nuestras prisiones, sea la propia Dirección General la que proponga un paquete de medidas organizativas y disciplinarias para "extremar" el control sobre los internos en los que se ha detectado o se puedan detectar indicios de fundamentalismo o radicalismo en sus conductas. La indeterminación y la consecuente arbitrariedad que este tipo de fórmulas conlleva son preocupantes puesto que nuestro sistema penitenciario ni está preparado para abordar el fenómeno de la interculturalidad ni tiene potestad para interferir en la esfera de lo íntimo del ser humano como pueden ser las creencias religiosas. Propuestas como esta, no hacen sino agravar las situaciones de discriminación y racismo que se están produciendo en el interior de las cárceles, lo que constituye un nuevo fracaso del sistema penitenciario.