La CAM aplaza la decisión de entrar en el aeropuerto de Castellón

La dirección de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) decidió no abordar ayer en la reunión de su consejo de administración la propuesta de participación en el accionariado de Concesiones Aeroportuarias, la adjudicataria de la construcción y gestión del futuro aeropuerto de Castellón. El aplazamiento de la decisión, según un portavoz de la CAM, se debió a un aspecto "técnico".

La CAM explicó anoche que el asunto no llegó a incluirse en el orden del día del consejo porque la participación en Concesiones Aeroportuarias no se ha tratado aún en la comisión de inversiones de la entidad. Sin embargo, otras fuentes aseguraron que la dirección de la CAM, antes de comprometer su participación en la empresa, ha preferido esperar a conocer el resultado de la pugna entre campistas y zaplanistas que se dirime este fin de semana en el congreso regional del PP que se celebra en Castellón.

Estas fuentes sostienen que la comisión de inversiones podría haberse reunido ayer, una hora del consejo, como ha ocurrido en otras ocasiones, si de verdad hubiera existido voluntad de aprobar la entrada en el accionariado de la empresa que construirá y gestionará el futuro aeródromo castellonense. De hecho, ayer, antes del consejo se reunió la comisión de retribuciones y hoy está prevista la de inversiones. No obstante, ambas fuentes creen que la CAM comprará las acciones. "Es cuestión de tiempo", coincidieron.

Concesiones Aeroportuaria está formada por el momento por FCC, Lubasa y PGP y su composición final está condicionando la consecución de la financiación necesaria para su construcción e, incluso, su plan de obras. Bancaixa ya ha aprobado la compra del 15% de las acciones de Concesiones Aeroportuarias por 5 millones de euros, pero impuso algunos condicionantes: en el caso de que las obras de la infraestructura aeroportuaria registren un coste superior al previsto, serán las tres empresas fundadoras de la firma, y no la caja, las que asuman el sobrecoste.

Otro condicionante hace referencia a la zona de actividad y servicios, de alrededor de un millón de metros cuadrados, que Bancaixa exige que no se comience a desarrollar hasta que no esté comprometido el 80% del suelo. Además, las reticencias de la caja se refieren también al crédito participativo que ha de avalar la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, por valor de unos 44 millones de euros. Tras la entrada de Bancaixa, la obra, adjudicada por 127 millones de euros, estaría financiada en un 30% por recursos propios de la empresa, a los que se sumaría el crédito participativo, más otro 30% que la empresa tiene previsto emitir como deuda. Esto dependerá, en cualquier caso, de la decisión que finalmente adopte la CAM.

Al igual que en Bancaixa, en la caja alicantina se tiene en cuenta que el riesgo que entraña la operación no es alto, pues la inversión es de cinco millones de euros y no hay obligación para el futuro.