El pleno del Poder Judicial aprueba que no se exija dominar el catalán a los jueces de Cataluña

La apisonadora funcionó ayer de nuevo. Los 11 vocales de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votaron en contra de que se modifique la ley para que sea un requisito que los jueces que ejerzan en Cataluña dominen el catalán. Ocho de los vocales votaron a favor y uno se abstuvo. Los conservadores consideran que el cambio legislativo puede ser inconstitucional porque la obligación de conocer la lengua y el derecho civil propio de una comunicad autónoma rompería el "carácter único o nacional" que caracteriza a la carrera judicial.

La votación del CGPJ se ha producido después de que el pleno del Congreso aprobase el pasado 1 de julio tomar en consideración una proposición del Parlament para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con objeto de que el conocimiento de la lengua y el derecho civil propio de una comunidad autónoma sea un requisito para ejercer de juez en ese territorio. Actualmente se considera un mérito y se valora con tres años más de antigüedad en el escalafón en ese concurso en concreto. La toma de postura del Poder Judicial es necesaria pero no vinculante, por lo que nada impide que las Cortes pueden acordar el cambio de la ley, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Los 11 votos del CGPJ en contra fueron los del presidente, Francisco José Hernando, así como los de los 10 vocales propuestos por el PP: José Luis Requero, Adolfo Prego, Javier Laorden, Enrique Míguez, Carlos Ríos, Enrique López López, Faustino Gutiérrez-Alviz, Juan Pablo González , José Merino y Fernando Fernández. A favor de modificar la ley votaron el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, así como los vocales propuestos por el PSOE: Montserrat Comas, Juan Carlos Campo, Luis Aguiar, María Ángeles García, Javier Martínez Lázaro y Félix Pantoja. El vocal designado a propuesta de CiU, Alfons López Tena, se sumó a ellos, mientras que el vocal Agustín Azparrren, consensuado entre el PP y el PSOE, se abstuvo.

Votación previsible

La resolución del pleno de ayer era previsible, ya que la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ ya se opuso el pasado 4 de noviembre al cambio de la ley por tres votos, uno a favor y una abstención, y aprobó un informe redactado por Adolfo Prego que ayer fue ratificado. En ese informe se asegura que es de "dudosa constitucionalidad" la exigencia a los jueces del idioma y el derecho civil propio de una comunidad, y se invoca el artículo 122.1 de la Constitución, en el que se establece que jueces y magistrados "formarán un cuerpo único". La mayoría conservadora considera que "resulta inherente a dicho carácter la posibilidad de movilidad territorial o geográfica de sus miembros sin obstáculos o trabas que la hagan en la práctica excesivamente difícil".

Frente a esos argumentos, los vocales Fernando Salinas, Montserrat Comas y Juan Carlos Campo presentaron un voto particular en el que se afirma que "parece lógico" que se exija el conocimiento de la lengua a los jueces para poder atender al ciudadano en las lenguas cooficiales en una comunidad autónoma. En este sentido, se recuerda que eso es lo que sucede en Bélgica, donde los jueces que ejercen en Flandes tienen la obligación de entender y hablar flamenco, así como en Suiza, donde deben conocer la lengua o las lenguas de cada cantón, y en Canadá, donde tienen la obligación de comprender a las partes sin intérprete.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, calificó ayer de "dudoso" que se exija hablar catalán a los jueces, aunque precisó que "como mínimo deben entenderlo". En declaraciones a COM Ràdio argumentó que Cataluña "no tiene suficientes jueces catalanes para cubrir todos los juzgados". Esta opinión contrasta con los datos ofrecidos ayer por Montserrat Comas, según los cuales el Poder Judicial tiene reconocido el mérito preferente del conocimiento del catalán a 630 jueces y magistrados, prácticamente los mismos que ejercen ahora en Cataluña.

El voto particular del vocal Alfons López Tena insiste en algo tan obvio como que el juez no puede ignorar el derecho civil vigente en una comunidad y que es el que debe aplicar.