Junta y Gobierno iniciarán una negociación para traspasar la gestión de Doñana y Sierra Nevada

La decisión del Tribunal Constitucional de otorgar a las comunidades autónomas la competencia sobre la gestión de los parques nacionales es un hecho "histórico" que "consolida el Estado de las Autonomías". Así lo entiende el Gobierno andaluz, que ha visto cómo el alto tribunal ha confirmado su tesis de que tiene competencia plena sobre los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada. El Gobierno central y el andaluz abrirán ahora un periodo de negociación para sellar el traspaso a la Junta de la gestión de los dos espacios naturales.

El pasado lunes, el Tribunal Constitucional notificó una sentencia en la que otorga a las comunidades autónomas la competencia sobre la gestión de los parques nacionales. Esta sentencia es consecuencia de los recursos presentados por las comunidades de Andalucía y Aragón contra la ley sobre espacios naturales que el Gobierno del PP aprobó en 1997. Esta ley estableció la cogestión de los parques nacionales, pero dio primacía a la Administración central, algo de lo que discrepaban estas dos comunidades, que estimaban que se producía una invasión de las competencias autonómicas.

El Constitucional ha dictaminado ahora que las comunidades tienen razón y que la gestión de estos espacios corresponde a las administraciones autonómicas. La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, afirmó ayer, tras el Consejo de Gobierno, que esta resolución "consolida el Estado autonómico frente al modelo centralista del PP".

Coves añadió que para no causar incertidumbres ambas administraciones negociarán ahora el cambio en el modelo de gestión. La consejera equiparó la importancia de esta decisión judicial al del traspaso de una competencia estatal a la autonomía. "Tendremos que negociar con la Administración central y pactar la financiación y el personal", afirmó Coves, que no pudo precisar el impacto financiero ni de funcionarios que supone para Andalucía la sentencia del Constitucional.

La consejera añadió que el Estado tendrá que elaborar una legislación básica (para todo el Estado) sobre los parques nacionales y que la Junta hará lo mismo para adaptarse a la resolución del alto tribunal. Coves se mostró disconforme con las críticas de los grupos ecologistas con la decisión del Constitucional. "Difiero de su visión centralista de la gestión del medio ambiente", dijo Coves, quien añadió que la Administración central tendrá un papel "protagonista" en la gestión de los parques nacionales, pero "en un segundo plano".

El Consejo de Gobierno adoptó, además, las siguientes decisiones:

- Consejo extraordinario. El Ejecutivo andaluz celebrará el 4 de diciembre un Consejo de Gobierno extraordinario para conmemorar el vigésimosexto aniversario del Pacto de Antequera. El portavoz del Gobierno, Enrique Cervera, señaló que esta reunión se celebrará en la localidad malagueña para recordar la unión que hubo entonces de "todas las fuerzas políticas" andaluzas por la autonomía.

- Consejo de Biodiversidad. El Gobierno aprobó la creación del Consejo Andaluz de Biodiversidad, un órgano de asesoramiento adscrito a la Consejería de Medio Ambiente. Se pronunciará sobre temas forestales y los relacionados con la caza, la flora, la fauna silvestre y la pesca.

- Promoción de funcionarios. El Consejo de Gobierno aprobó un decreto de ingreso, provisión y promoción interna de los funcionarios de la Administración general de la Junta, lo que afecta a unos 20.000 trabajadores. Las plazas de las ofertas públicas de empleo público reservadas para personas con discapacidad pasan del 4% al 5%.

- Conflicto de células madre. El Gobierno acordó retirar un conflicto de competencias contra una ley estatal que limitaba la competencia autonómica en la investigación con células madre.