La región precisa 2.285 policías y guardias civiles más para reducir la delincuencia

La región necesita 2.285 policías más para hacer frente a las altas tasas de delincuencia que registra. Así lo reconoció ayer el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, durante la presentación del Plan Estratégico de Seguridad de la Comunidad. Este documento, de 186 páginas, analiza los problemas de inseguridad y delincuencia en Madrid y las posibles soluciones. Éstas pasan por una mayor coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, más medidas sociales y preventivas, mejora en la atención a las víctimas y revisar el despliegue policial en la región.

La primera parte del plan hace una radiografía de la delincuencia en la región. Destaca que en diciembre de 2003 trabajan en la región 21.539 agentes policiales: 8.126 del Cuerpo Nacional de Policía, 5.137 de la Guardia Civil y 8.726 policías locales.

- Alta criminalidad. Las infracciones penales (delitos más faltas) crecieron de 337.826 denuncias en 1999 a 406.412 en 2003, lo que supone que la delincuencia aumentó un 20,3%. La región cerró el año pasado, de hecho, con uno de los índices de criminalidad más altos de España: 71,06 delitos por cada 1.000 habitantes. Tan sólo lo superó Baleares (86,23). De esas denuncias, el mayor porcentaje se lo llevaron las faltas (233.416, lo que supone el 57,43% del total) frente a los 172.996 delitos registrados (42,57%).

- Delitos. Los robos son los que más trabajo han dado a la policía, ya que suponen el 91,29% de todas las denuncias, seguidos de delitos contra las personas (1,84%), tráfico de drogas (1,61%) y contra la libertad e indemnidad sexual (0,7%). Dentro de los robos, destaban los atracos callejeros (13.628), los ocurridos en otros lugares sin determinar (1.986), los registrados en pisos (857) y en los cajeros automáticos (177). Joyerías (18) y taxistas (87) son los más bajos.

- Madrid. La capital es, con diferencia, el municipio que registró el mayor número de delitos: 292.958, lo que supone el 72,08% del total registrado. O, dicho de otro modo, tres de cada cuatro denuncias fueron puestas en Madrid. Por distritos, los más conflictivos fueron Centro, Arganzuela y Usera. Enfrente se sitúan San Blas y Hortaleza, con los índices más bajos de delincuencia.

- Área metropolitana. La corona metropolitana y el Corredor del Henares siguen a la capital en el número de delitos. De esta forma, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, Alcalá de Henares, Coslada y San Fernando son los más peligrosos, mientras que Aranjuez, Móstoles y San Sebastián de los Reyes son los más tranquilos. La criminalidad se redujo de forma palpable en Parla, Móstoles y Fuenlabrada, mientras se mantuvo estable en Getafe.

- Delincuencia organizada. Los grupos organizados también se llevan un alto porcentaje de la actividad de investigación de las fuerzas policiales de la región. En 2003 fueron desarticuladas 38 bandas, con 232 detenidos. Entre ellos están a la par los grupos procedentes de Suramérica, en especial de Colombia, junto con los de origen español. En su mayoría eran grupos dedicados al narcotráfico. Como habían cometido diversos homicidios por ajuste de cuentas, su desarticulación ha permitido la resolución de estas muertes violentas.

Ante esta situación, que viene recogida en más de 100 folios en el plan, el documento elaborado por el departamento de Méndez recoge diversos planes de actuación.

- Nuevo modelo de gestión. El documento plantea que los agentes policiales sean redistribuidos en función de las necesidades de la región para acabar con los puntos negros de la criminalidad, "con especial dedicación a la delincuencia organizada y a las redes de criminalidad que se han incorporado a la región en los últimos años". Además, deben reunirse los consejos y las juntas locales de seguridad para coordinar las actuaciones de las policías locales con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil: "El respeto a las diferentes responsabilidades que a cada cuerpo y fuerza policial corresponden no debe impedir que esa colaboración progrese y que el potencial policial presente en la región trabaje en el interior de un nuevo sistema".

Además, requiere la colaboración y el auxilio de los más de 23.000 empleados en la seguridad privada. Son parte fundamental para evitar la delincuencia en determinadas zonas.

- Revisión del despliegue policial. La región tiene un claro déficit policial. La población ha crecido en los últimos cinco años en 573.617 habitantes, mientras que los agentes policiales han bajado en 56 personas (de 11.341 a 11.285 en este lustro). Para mantener un ratio de 2,2 agentes por cada 1.000 habitantes se precisan 1.385 policías más, a lo que hay que añadir otros 965, necesarios para reducir las tasas de criminalidad a los niveles del resto del país. La suma da el déficit de 2.285 agentes, según reiteró el delegado del Gobierno.

- Colaboración entre cuerpos. El intercambio de información sobre delincuencia, servicios sociales y estadísticas; el acceso a bases de datos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía; la interconexión de las salas del 091, 092 y 062, y el uso de centros compartidos son algunas de las medidas para mejorar la colaboración entre los distintos cuerpos. Además, se crearán dispositivos conjuntos para vigilar y acabar con las zonas más castigadas por la delincuencia, los denominados puntos negros.

- Atención a las víctimas. El documento de Constantino Méndez plantea la creación de servicios de atención especializada a las víctimas. La policía procurará reducir el tiempo de respuesta y espera en las dependencia policiales, además de facilitar servicios de asesoramiento y apoyo, sobre todo para las personas que sufran violencia doméstica.

- Participación ciudadana. Se favorecerá que los ciudadanos intervengan en las políticas de seguridad, sobre todo a través de las juntas y los consejos locales.

El plan también recoge luchar contra la violencia doméstica, acabar con la explotación laboral y la marginación de los inmigrantes, elaborar estudios para reducir la criminalidad de los diferentes comercios y servicios públicos, acabar con el tráfico y la explotación de personas y erradicar los grupos de ideología neonazi y violentos antisistema.